Chiapas deberá revelar los nombres de las empresas que se harán cargo de las obras, así como poner al alcance de los damnificados la información de las compañías que realizarán los avances y la entrega de sus casas nuevas
Portavoz Staff
[dropcap]C[/dropcap]hiapas es una de las entidades que deberá transparentar los nombres de las empresas que se harán cargo de la etapa de la reconstrucción, así como poner al alcance de los damnificados la información de las compañías que realizarán los avances y la entrega de sus casas nuevas; esto forma parte de las medidas cautelares que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los secretarios de gobierno de los siete estados que resultaron perjudicados por los sismos de septiembre.
En los respectivos oficios enviados a los secretarios de gobierno tanto de la entidad como de los estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, les pidió implantar un mecanismo de análisis y evaluación a las empresas que participarán en la etapa de reedificación; de igual forma exigió que se valore el historial respecto al cumplimiento de las normas de construcción para evitar fraudes y sanciones a las mismas. Además de tomar en cuenta los procedimientos, procesos o investigaciones que las compañías tengan abiertos, sin olvidar a sus titulares y representantes.
Lo anterior fue establecido después de que se realizaran las investigaciones sobre hechos que, se presumen, han violado los derechos humanos como consecuencia de la tragedia de los terremotos; ya que podrían implicar acciones u omisiones de autoridades, así como actos de empresas, expresó el organismo en un comunicado, según el portal Síntesis.
Cabe recordar que Portavoz en su edición 258 ya había mencionado sobre la violación de derechos humanos contra los damnificados mediante un comunicado de prensa que envió la CNDH, en el que daba a conocer las quejas de los habitantes de los municipios de la entidad.
En el documento se evidencia la incompetencia e indiferencia de las autoridades; en él se destaca la inconformidad de los habitantes del municipio de Pijijiapan, quienes relataron que en el lugar sólo 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban remoción de escombros y apoyaban en el reparto de despensas a personas damnificadas; por lo tanto, tenían que suspender una labor para apoyar en otra.
La CNDH comentó que el Estado tiene la obligación de demandar que las empresas observen una debida diligencia para evitar violaciones a derechos humanos.
«El Estado tiene el control del recurso económico para la reconstrucción, por lo que debe exigir a las empresas que vayan a participar en las actividades de reconstrucción que observen la debida gestión en su actuación, lo que implica el debido cuidado y las sanas prácticas empresariales para evitar una afectación social», señala el documento que emitió la CNDH.
A su vez, en este monitoreo, el gobierno debe exigir y verificar que las constructoras utilicen materiales de calidad, además de una plantilla capacitada.
«La obligación del Estado Mexicano en la actividad empresarial, derivada de los Principios Rectores, es contar con políticas públicas adecuadas y normas de exigibilidad a las empresas, que habrán de observar las dependencias de la administración pública e instituciones, para garantizar y prevenir abusos y violaciones a derechos humanos cometidos por las empresas», señala.
