Propuesta presidencial extingue al IFT, permite bloquear plataformas, multar contenidos extranjeros y concentrar decisiones clave en una agencia sin contrapesos
Aquínoticias Staff
El gobierno federal impulsa una transformación radical del sector de telecomunicaciones mediante una iniciativa que:
- Elimina al IFT (órgano autónomo)
- Crea una agencia bajo mando directo del Ejecutivo
- Establece multas millonarias por transmitir mensajes de gobiernos extranjeros
- Concentra facultades regulatorias en una sola entidad
Puntos clave de la reforma
1. Control sobre contenidos
- Prohibición de propaganda extranjera (excepto turismo/cultura)
- Multas de hasta 5% de ingresos anuales a medios infractores
- Gobernación administrará tiempos de Estado
2. Fin del IFT
- Todas sus funciones pasan a la Agencia de Transformación Digital
- José Antonio Peña Merino al frente del nuevo organismo
- Decisiones técnicas ahora sujetas al Poder Ejecutivo
3. Nuevas facultades extraordinarias
- Bloqueo de plataformas digitales por solicitud gubernamental
- Uso prioritario del espectro para seguridad nacional
- Control sobre concesiones sociales y comunitarias
Reacciones y preocupaciones
Jorge Bravo (AMEDI) advierte:
«Se centraliza el poder en Presidencia… nadie quiere instituciones débiles, pero esto hace más fuerte al Ejecutivo en un sector estratégico»
Silencio empresarial:
- Grandes compañías de telecomunicaciones y Canieti no han emitido postura
- Especialistas hablan de «pasmo regulatorio» en la industria
Justificación oficial
El gobierno argumenta que la reforma busca:
✓ Reducir la brecha digital
✓ Llevar conectividad a zonas marginadas
✓ Garantizar seguridad nacional
Sin embargo, analistas señalan que el texto:
✗ Elimina contrapesos institucionales
✗ Otorga poder discrecional sobre medios
✗ Podría afectar libertad de expresión
Próximos pasos:
- La iniciativa ya está en el Senado para discusión
- Se espera resistencia de oposición y organismos civiles
- Sector privado definiendo postura ante cambios radicales
Esta reforma marca un punto de inflexión en la relación entre medios, empresas tecnológicas y el Estado mexicano, con implicaciones profundas para el derecho a la información y el modelo de regulación construido desde 2014.
