Hay «un aumento en la persecución de delitos en materia de narcóticos», y la mayoría de los detenidos son jóvenes de baja escolaridad, indica un estudio
Portavoz / Agencias
[dropcap]C[/dropcap]inco de cada 10 procesados que se encuentran en las diferentes cárceles del país, enfrentan delitos relacionados con drogas. El mayor aumento de detenciones por este motivo se registró de 2009 a 2011, y son sobre todo jóvenes con poca escolaridad y de situación económica precaria.
Para combatir este delito, el sistema de justicia utiliza la prisión preventiva, que significa el aspecto «más punitivo de la política de control de drogas».
Por ello, 9 de cada 10 personas acusadas de cometer delitos de narcóticos del fuero federal reciben auto de formal prisión; es decir, enfrentan sus juicios en reclusión.
De acuerdo con datos del reporte «Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico», realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, entre 2009 y 2010 aumentó 36 por ciento el número de procesados por narcotráfico en el país, al pasar de 18 mil 179 a 24 mil 825 personas.
El 10 por ciento restante sale libre, ya sea por falta de elementos para procesar, por sobreseimiento de sus casos (son desechados) o por dictarse su libertad absoluta, refiere el estudio.
De acuerdo con las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI de 2016, 52 por ciento de los procesados fueron acusados por delitos de narcóticos.
Le siguen ilícitos cometidos con armas (28 por ciento), defraudación fiscal (4 por ciento), y otros delitos como organización delictiva, robo, contra la ecología y medio ambiente.
La información revela «un aumento en la persecución de delitos en materia de narcóticos (cualquier delito de drogas, no necesariamente narcotráfico)», advierte el estudio realizado por el investigador Carlos Galindo.
La «persecución» es contra un segmento específico: jóvenes, con baja escolaridad y ocupaciones precarias. Esto, según académicos y activistas, indica que «la política de drogas afecta de sobremanera a jóvenes ya de por siÌ marginalizados».
Los números son claros: en 2012 ingresaron casi 19 mil personas, de entre las cuales, una de cada tres fue un hombre de 18 a 25 años de edad (casi 6 mil jóvenes varones; si se consideran hombres de 18 a 30 años suman casi 10 mil y representan 53 por ciento del total).
Estos jóvenes tienen un nivel educativo muy bajo: uno de cada tres aprobó únicamente algún grado de primaria. En general, 8 de cada 10 no entraron al bachillerato. Con respecto a su situación laboral, 9 de cada 10 afirmaron tener algún trabajo (cerca de 17 mil en 2012). De entre ellos, 30 por ciento eran obreros o artesanos (más de 5 mil en 2012), 13 por ciento eran comerciantes (2 mil) y 10 por ciento eran trabajadores agropecuarios (casi otros 2 mil), según datos del INEGI.
El 95 por ciento de los casos, los imputados fueron declarados como culpables en las sentencias. Y prácticamente todos son condenados a prisión. En números absolutos, cerca de 20 mil personas son sentenciadas y condenadas a prisión anualmente por delitos de narcóticos.
Los datos podrían sugerir que se estáÌ apresando un número elevado de peligrosos narcotraficantes (por ser delitos del fuero federal), pero no es así, toda vez que sólo 4 de cada 10 procesados son acusados de delitos graves.
