De acuerdo al informe de la organización, hay dos elementos que hacen pensar que el gobierno está de acuerdo con estas prácticas, primero, la falta de regulación del uso de fuerza y segundo, la falta de investigación de las causas
Redacción
[dropcap]L[/dropcap]a desaparición forzada y la tortura en contra de cualquier civil que se «percibe» como miembro del crimen organizado, forman parte de una política del Estado mexicano, alertó hoy Eric Witte, Coordinador Senior de Proyectos de Juicios Nacionales por Crímenes Graves de Open Society Justice Initiative.
«Dos elementos importantes que apoyan la existencia de una política de Estado son las omisiones: la primera omisión es la falta de regulación del uso de la fuerza. Hasta 2012 no había regulaciones en México en cuanto al uso de la fuerza, no había protocolos para el Ejército y la Marina», dijo Witte durante la presentación del informe «Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México» en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Witte indicó que en el país hay una cantidad indefinida de heridos de muerte en las confrontaciones militares, que se salen de toda proporción.
«No hay una Ley que regule el uso de la fuerza. La otra evidencia de que es una política de Estado, es la falta de investigación de las causas. Llegamos a la conclusión durante dos años de investigación de serias fallas técnicas en México, pero son secundarias a la obstrucción política», agregó.
Eric Witte detalló que hay una retórica de negación y minimización del Estado que se manifiesta en la revictimización de las víctimas.
«Acusar a las víctimas de ser ellos criminales. De esta forma el Gobierno federal no ha podido rastrear cuántas fosas hay en el país y el número de 26 mil desaparecidos no es confiable para nada», afirmó.
El representante de Open Society agregó que el Estado mexicano promociona y acepta la tortura como un método para fabricar culpables y obtener confesiones.
Ejemplo de ello, dijo, es el caso emblemático del país: el de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
«El Gobierno creó una historia que es imposible de que fueron quemados en el basurero de Cocula y luego se torturó a una decena de personas, para sostenerla. Mientras se acepte la tortura, será poco probable que exista justicia para los crímenes de lesa humanidad en México», anotó.
Ina Zoon, coordinadora del Proyecto de Justicia para América Latina de Open Society, opinó que México es un país «sobre diagnosticado, donde hay miles de informes que no se cumplen».
Agregó que hacen falta Unidades de Análisis de Contexto al interior de las fiscalías para investigar las relaciones del crimen organizado y el poder político. «Cuántos infiltrados hay en las instituciones, todo esto se debe investigar», dijo.
El informe de Open Society
En junio la organización Open Society, junto con otras cinco organizaciones mexicanas, presentó el informe «Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México», que acusa que los distintos niveles de gobierno son «incapaces de garantizar la rendición de cuentas» por estos crímenes por lo que, al no existir un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, exige a México crear un organismo de investigación internacional basado en el país para investigar y castigar estos hechos.
El informe reveló que de diciembre de 2006 hasta finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México por «el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza».
Sin embargo, de 2007 a 2013, solo se realizaron 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ninguna resultó en condena.
El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006 y en 2014 se alcanzó el máximo anual de 5 mil 194 desapariciones.
Pero hasta agosto de 2015, solo un soldado ha sido condenado por el crimen de desaparición forzada.
En febrero del 2016 la cifra total de desaparecidos era de 26 mil 672. El mayor número de desapariciones reportadas fue en 2014, con cinco mil 194 personas. Sin embargo, dice el informe, los números son problemáticos, y la conclusión que se puede extraer es que algo causó un aumento significativo en los informes de personas desaparecidas desde 2007.
(Con información de SinEmbargoMX)
