Por Claudia Corichi
El punto que se ha anotado México en la batalla legal que libra contra 8 poderosas compañías fabricantes de armas de Estados Unidos es muy significativo. Representa un logro en el largo camino judicial emprendido desde el 4 de agosto de 2021 cuando se demandó también a distribuidoras de armas de fuego cuyas prácticas comerciales facilitan el trasiego a nuestro país.
La querella fue interpuesta ante una Corte de Boston que resolvió que la ley de inmunidades protege a las empresas manufactureras de armas en aquel país, aun cuando sus conductas causen un daño en México. En marzo pasado el gobierno mexicano apeló esa sentencia que este lunes se determinó favorablemente y por unanimidad en una Corte de Apelaciones. El caso vuelve a la casilla de salida, la primera instancia.
El entonces canciller Marcelo Ebrard anunció en mayo de 2020 una pesquisa sobre el operativo Rápido y Furioso mediante el cual 2 mil 500 armas fueron adquiridas en Estados Unidos y enviadas ilegalmente a México con la anuencia y auspicio de la Administración Obama entre 2009 y 2011. Se pretendía ubicar a los compradores, pero el rastro de ese arsenal se perdió.
Ahora la secretaria Alicia Bárcena continúa los esfuerzos para exigir que los fabricantes de armas reconozcan que por su descuido y negligencia facilitan su trasiego a territorio nacional. Se estima que alrededor de 200 mil armas de fuego ilegales son traídas cada año desde Texas, California y Arizona.
El fallo favorable se da en el contexto de la notificación de la Secretaría de la Defensa a autoridades norteamericanas sobre la detección de armas de uso exclusivo del ejército de ese país que están entrando a suelo mexicano.
Tras la denuncia contra fabricantes de armas, se formalizó una más contra tiendas dedicadas a su venta en Arizona en octubre de 2022, pues según labores de rastreo, las suministran periódicamente a grupos criminales. La denuncia reclama la negligencia de puntos directos de venta de armas que se traduce en que grupos criminales en México las adquieren sin restricciones. La próxima audiencia sobre este caso tendrá lugar dentro de un mes.
La diplomacia mexicana que tantas veces nos dio muestras de orgullo ha impulsado acciones en defensa de los derechos humanos y de la seguridad nacional recientemente. Hace una semana presentó junto a Chile una solicitud a la Corte Penal Internacional para que investigue la comisión de crímenes que tengan lugar en el marco de la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Por su parte, las demandas que se han presentado en la Unión Americana son las primeras que un Estado extranjero presenta en contra de la industria armamentista. Con estas acciones, nuestra diplomacia recobra liderazgo, tan necesario en tiempos de permanente incertidumbre política e inestabilidad a nivel global.
Preocupa que llevemos 15 años, desde la puesta en marcha de Rápido y Furioso, cuantificando el número de los artefactos que ingresan a México sin contar con acciones eficaces que frenen o abatan esas cifras.
La demanda contra las productoras y distribuidoras de armas tiene largo y difícil trecho por recorrer. Esas compañías cuentan con suficiente poder económico para litigar que ahora acudirán ante la Corte de Apelaciones y es probable que el caso llegue incluso a la Suprema Corte.
Para México se trata de un tema de seguridad y de poner en la agenda bilateral, la corresponsabilidad regional.
