En su editorial Desde la Fe urgió la necesidad de replantear el significado del servicio público en un país donde las «altísimas» compensaciones a legisladores y funcionarios son escandalosas e insultantes para un pueblo que vive al día
Redacción
[dropcap]»[/dropcap]Escandalosos e insultantes» así calificó la Arquidiócesis de México a los bonos de fin de año que otorgaron a funcionarios y legisladores, en un contexto donde el salario mínimo aumentó austeramente siete pesos, por lo que llamó a replantear el significado del servicio público en el país.
«A fines de año surgen noticias de pagos escandalosos de aguinaldos y bonos para legisladores y funcionarios. Y esto demuestra cómo debemos replantear el significado del servicio público al ser una labor para el bien del país, no filón de oro y manantial de inmorales e insultantes riquezas», publicó en su editorial dominical Desde la Fe.
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En un texto titulado «Los inmortales», La Iglesia católica recordó que los representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobaron en noviembre pasado un aumento al salario de los trabajadores, al pasar de 77.04 a 80.04 pesos diarios, es decir, un alza del 3.9 por ciento. Refirió que si bien el alza al salario podría representar el fortalecimiento de la economía de los trabajadores, en nuestro país deben revisarse las condiciones de equidad y de distribución de la riqueza para que los salarios sean justos para satisfacer las necesidades básicas de las familias mexicanas.
El 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, afectando principalmente «al campo, desarrollo social, ciencia y tecnología, salud […] por ello, indignan las elevadísimas asignaciones al gasto, principalmente a ramos autónomos en cuanto a beneficios francamente escandalosos e insultantes para cualquier mexicano que vive al día», expresó.
«El mismo presupuesto aprobado por los diputados no movió ni un peso a estas prestaciones frente a un país de pobres».
Por ejemplo, detalló, los senadores gozarán de una recompensa de fin de año de 234 mil 330 pesos; diputados, 140 mil 504 pesos, «ambos con compensaciones anuales garantizadas en blanco, lo que significa montos desconocidos, bonos navideños y cajas discrecionales en lo oscurito y de espaldas al pueblo». El Auditor Superior de la Federación, 404 mil 278 pesos; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 586 mil 356 pesos; consejeros de la Judicatura, 378 mil 050 pesos; magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 586 mil 321 pesos; Consejeros electorales del INE, 537 mil 762 pesos; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 404 mil 138 pesos; comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, 403 mil 892 pesos; presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 411 mil 882 pesos; comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 352 mil 713 pesos; comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 399 mil 274 pesos; presidente del INEGI, 418 mil 767 pesos.
La Arquidiócesis concluyó que «las altísimas cifras» demuestran cómo recompensas de fin de año son sólo la punta del iceberg del cúmulo de beneficios anuales que rebasan los límites.
Cuestionó que los mexicanos tengan que soportar dichas compensaciones, «el populismo contra la pobreza cuando hay jugosas prebendas propias de sibaritas que engendran más burócratas ricos [y] ¿por qué recortar lo esencial para solapar lo inmoral?».
(Con información de SinEmbargoMx)
