De acuerdo a la norma 046, el personal de salud no puede exigir una denuncia penal por el delito de violación para practicar un aborto cuando la mujer señala que ha sido víctima de abuso sexual
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México.- Ante la negativa de los centros de salud locales para que las niñas que han sido víctimas de violación interrumpan su embarazo, las colectivas feministas se han convertido en una opción de acompañamiento y han tenido que construir un andamiaje seguro para que éstas reciban la atención que el Estado les niega.
A propósito de este 28 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, Cimacnoticias preparó este reportaje que da cuenta, a través de datos y entrevistas, los obstáculos que enfrentan las niñas víctimas de violación para ejercer su derecho al aborto, así como la labor de las organizaciones feministas que las acompañan.
Niñas tratadas como madres por el sistema de salud
Entre julio y septiembre de este 2021, Esperanza Arias, una promotora del derecho a decidir en el Estado de México (Edomex), acompañó cuatro casos de niñas que presentaron un embarazo producto de una violación por parte de un familiar cercano.
En estas cuatro situaciones, las y los médicos de los centros de salud locales a los que acudieron las niñas no les informaron sobre su derecho a abortar, establecido desde 2005 en la «Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención», la cual fue actualizada en 2016 y 2017 para eliminar el requisito de presentar denuncia previa y autorización de la madre o el padre.
Uno de ellos corresponde a una niña de 10 años de edad. Vivía en hacinamiento y fue violentada sexualmente por su tío; los otros tres casos fueron de niñas de 12 años de edad, violentadas por su padre o hermano, todas en condiciones de pobreza. Los hechos ocurrieron en los municipios de El Oro, Zinacantepec, Toluca y Tlaltenango, del Estado de México.
En todos, la historia fue la misma: sin saber de la violencia sexual, las madres de las niñas las llevaron al centro médico más cercano por dolores estomacales; el personal médico les pidió que practicaran a sus hijas una prueba de embarazo casera, sólo en el de la niña de 10 años se le recetó medicamento para tratar una infección estomacal.
Una vez que las madres de las niñas volvieron a los centros de salud con la prueba de embarazo positiva (la niña de 10 años presentó una hemorragia provocada por los medicamentos), el personal médico inició de inmediato un tratamiento para atender la gestación de las niñas pero nunca les informó de su derecho como víctimas a interrumpir legalmente esos embarazos.
En todas las situaciones, las madres de las niñas expresaron su deseo de practicar un aborto pero el personal médico se negó a brindarles esta atención o informarles más sobre este derecho. Fue gracias a enfermeras y otras mujeres feministas que las madres de estas cuatro niñas se vincularon con Esperanza, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Red Ddeser).
Durante 2020, la Secretaría de Salud (Ss) registró en México 5 mil 723 nacimientos en niñas de entre 9 a 14 años de edad; 215 de ellas habían tenido más de un embarazo. En tres casos, niñas de 10, 12 y 13 años habían tenido cinco embarazos en total, de los cuales les sobrevivieron tres, cinco y cuatro hijos, respectivamente.
Hechos como el de estas cuatro niñas, se repiten por todo el país. La investigación periodística «Castigar la Libertad: la criminalización del aborto en México» documentó en sus reportajes testimonios sobre niñas víctimas de violación que enfrentaron obstáculos para interrumpir sus embarazos en las instituciones de salud pública.
Por ejemplo, a Sofía (cuyo nombre fue cambiado por protección de identidad), una adolescente veracruzana de 12 años, querían obligarla a ser madre. Llegó en su segundo trimestre de embarazo al Hospital General de Martínez de la Torre. Había sido violada por su padre y aunque el personal médico descubrió una malformación en el feto que ponía en riesgo su vida, descartaron realizarle un aborto.
En Oaxaca –donde el aborto es legal desde 2019– la Secretaría de Salud local sólo registró cuatro Interrupciones Legales del Embarazo para 2020.
Acompañantes de aborto: clave para la salud de las mujeres
Las acompañantes (defensoras feministas que acompañan a mujeres a tener abortos en casa) son un apoyo para garantizar abortos seguros en el país, reconoció la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, México, durante una conferencia de prensa ofrecida este 28 de septiembre.
Y recordaron que la Organización Mundial de la Salud considera seguro y viable llevar a cabo abortos en casa si la mujer así lo deseó o si el contexto lo favorece, por lo que ellas como médicas han buscado vincularse con las acompañantes para aprender entre sí, intercambiarse información y apoyarse.
La Red precisó que muchas veces las mujeres que son víctimas de violación no saben que pueden acudir a un servicio de urgencia en las instituciones de salud para solicitar una interrupción legal del embarazo por falta de difusión de este servicio; no obstante, hay muchas doctoras que apoyan este derecho incluso en instituciones públicas, donde se les da un manejo médico, quirúrgico, y un acompañamiento. «Ésta es una de nuestras luchas, que las mujeres se enteren que se les puede brindar (la ILE), se les debe brindar y es su derecho», declaró.
La Red, integrada por médicas generales y especialistas en 20 estados que fungen como promotoras, explicó que, sin embargo, incluso ellas como personal de salud que a veces fungen como proveedoras de aborto están expuesta a agresiones de grupos conservadores y a la criminalización.
Mayoría de atenciones de colectivas son para víctimas de violación
Esperanza, con más de 15 años como promotora de los derechos sexuales y reproductivos en el Edomex, explicó en entrevista con Cimacnoticias que cada mes reciben un promedio de 40 solicitudes de apoyo para mujeres que desean interrumpir sus embarazos, de los cuales al menos 30 corresponden a víctimas de violación, la gran mayoría de niñas menores de 15 años de edad que no fueron apoyadas por las instituciones de primera instancia a la que acudieron: centros médicos y oficinas locales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde –aseguró la promotora– es común que pidan a las niñas que continúen sus embarazos para luego dar a las y los bebés en adopción.
Esta actuación del DIF es común en otras entidades del país. Por ejemplo, en febrero pasado, durante las audiencias públicas de opinión sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres que llevó a cabo el congreso de Quintana Roo para dictaminar dos iniciativas por la despenalización del aborto, la titular del DIF en la entidad, María Elba Carranza Aguirre, aseguró que la prevención del embarazo estaba garantizada en el estado a partir de la entrega de cartillas sobre los derechos sexuales y de métodos anticonceptivos.
La funcionaria aseguró que su postura en caso de embarazos infantiles es promover la prevención y la adopción. También aseguró que cuando atiende a niñas que presentan embarazos productos de violación, «ninguna desea abortar».
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 9.4 por ciento de las mujeres mexicanas sufrieron algún tipo de violencia sexual durante la infancia, los tíos y otro familiar son los principales agresores. Tan sólo en 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 16 mil 544 denuncias por violación sexual.
Si bien el índice de violencia sexual es alarmante en México, en todo 2020 la Ss registró un total de 22 Interrupciones Legales del Embarazo otorgadas en caso de violación, en los hospitales de México, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
En el caso del Edomex, las promotoras de los derechos sexuales y reproductivos han construido un andamiaje seguro para que las niñas víctimas de violación accedan a su derecho al aborto, para lo cual han buscado aliarse con centros de salud locales, hospitales, médicas, enfermeras, juezas y todo tipo de funcionarias para que conozcan la NOM-046 y garanticen su aplicación.
Actualmente, de los 49 hospitales que hay en el Edomex sólo dos son a donde la Red canaliza a las niñas y sus familias para que les practiquen una interrupción del embarazo: el hospital público «Mónica Pretelini» y el de las Américas.
Si bien acudir a estos hospitales a veces implica el traslado de las víctimas hasta la capital mexiquense, se corre el riesgo de que en los hospitales más cercanos a sus municipios se les niegue la atención bajo pretextos como que no realizan ultrasonidos o no hay ginecólogas que las atiendan.
Una vez que las niñas son trasladadas hasta Toluca, las promotoras se ofrecen a acompañarlas durante el proceso y las instruyen sobre sus derechos. Ahí les recomiendan a las niñas que informen de su condición de víctimas de violación al personal hospitalario y que pidan se haga efectiva la NOM-046 para que les practiquen los abortos que requieren.
Con años de experiencia acompañando estos casos, la promotora recordó que cuando las víctimas alegaban al personal médico que la violación es una causal para el aborto legal y no la NOM-046, éstos les pedían una sentencia judicial que comprobara el delito. Para esto, la Red se alió con una jueza que garantizara justicia expedita a las víctimas a fin de no retrasar el procedimiento de aborto; sin embargo, encontraron que apelar la Norma Oficial era más efectiva para estos casos.
Esperanza observó que este tipo de obstáculos son aún mayores en casos de otras causales de aborto, como la de malformaciones o de riesgo de vida para la mujer, ya que les piden tres opiniones médicas de centros de salud públicos.
La promotora aseguró que de acuerdo con lo que conversa con otras promotoras de la Red en todo el país, estos cuatro casos son en realidad la generalidad de lo que se observa no sólo en el Edomex, sino que son emblemáticos de prácticas que se repiten en todas las entidades donde laboran, con énfasis en entidades con población indígena.
Además de haber conseguido (con apoyos incluso económicos para su traslado, hacer ultrasonidos o para que puedan comunicarse telefónicamente porque a veces las familias no tienen recursos para eso) que las cuatro niñas víctimas de violación no se convirtieran en madres, la Red apoyó a las niñas para que reciban apoyo psicológico, interpusieran denuncias penales contra los agresores y, en el caso de la niña de 10 años de edad, para que ella y su madre fueran a vivir a un refugio.
«Ha sido muy difícil hacer estos protocolos de atención porque no existen, conforme al camino lo vamos creando (…) nosotras no decimos a las usuarias que digan que van de parte de Ddeser porque lo que pretendemos es que los servicios de salud públicos trabajen solitos sin tener que ir por recomendaciones», explicó la promotora.
Los derechos sexuales de las niñas están protegidos por la ley
Cualquier relación sexual con una menor de 14 años es violación porque no tienen la edad para dar su consentimiento ni expresar su voluntad, además de que generalmente ocurren dentro de su núcleo familiar, donde ellas mantienen una relación de dependencia emocional y económica, explicó en entrevista la representante encargada del Fondo de Población de las Naciones Unidas para México, Leonor Calderón.
La también experta en población observó que los embarazos de niñas podrían estar vinculados con el matrimonio infantil, que está prohibido en México desde 2017 que se aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, las autoridades locales aún permiten estos matrimonios.
Calderón recordó que durante la discusión de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes hubo resistencia para prohibir los matrimonios infantiles pero también para reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la infancia, los cuales al final de la discusión legislativa, no fueron reconocidos en la ley.
«Esta ruta por (el reconocimiento) de los derechos sexuales y reproductivos ha sido muy escabrosa. Los derechos de la niñez avanzan con mucha facilidad, nadie le dice que no a la protección de una niña o niño, al derecho al apellido, al derecho a la comida, pero donde hablamos de que la niñez hasta los 18 años también tienen derechos sexuales y reproductivos, y que hay protegerlos e informarlos, ahí se ponen todas las alertas porque estamos en sociedades que están profundamente penetradas por pensamientos religiosos que incluso permean algunas entidades públicas y de tomadores de decisiones», explicó la funcionaria de las Naciones Unidas.
Calderón señaló que si bien en la Ley General se tomó la decisión de reconocer únicamente los Derechos Humanos, la Ley de Salud sí habla sobre estos derechos, por lo que sí existe un marco legal, federal, nacional, que ampara a las niñas y adolescentes.
No obstante, si bien la Ss tiene los servicios amigables para que niñas y adolescentes puedan pedir información y servicios, aún impera la discrecionalidad de las y los funcionarios de no aplicar la norma como está sino según su criterio.
