Estados Unidos comenzó a expulsar a personas migrantes centroamericanas por vía aérea a ciudades del sur de México, como Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. El gobierno mexicano ha deportado de manera ilegal y masiva a mujeres, embarazadas, y menores de edad migrantes o solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, los cuales son trasladados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) a una zona remota en Guatemala sin recibir información sobres sus Derechos Humanos, lo que viola el debido proceso y pone en mayor riesgo sus vidas.
En un comunicado, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) junto con otras organizaciones, explicaron que desde el pasado 2 de agosto se han registrado vuelos provenientes de Estados Unidos al sur de México con personas migrantes, entre ellas familias incompletas, que a pesar de necesitar protección fueron expulsadas del territorio estadounidense y no se les notificó que podían solicitar asilo en México.
Estas acciones, dijeron las organizaciones, transgreden el derecho a la vida, a la seguridad, a solicitar y recibir asilo, debido proceso, interés superior de la niñez, perspectiva de género y el principio de no devolución que establece a los Estados firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, entre ellos México, la prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon.
«La complicidad del gobierno mexicano con el estadounidense incumple con el compromiso asumido por la Cancillería de este país sobre que recibiría a 100 personas diarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, con excepción de aquellas vulnerables a la Covid-19», detallaron. A pesar de ello, entre el 3 y 31 de agosto documentaron 34 vuelos provenientes de Estados Unidos.
En resultado, dijeron las organizaciones, interpusieron el pasado 26 de agosto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos amparos; uno en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Tabasco y el segundo en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a fin de que estas deportaciones ilegales sean detenidas.
En la queja y los amparos, añadieron, se señalan como autoridades responsables al INM, la GN y la Dirección General de Control y Verificación del INM, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo federal. «Las expulsiones en cadena son una estrategia cruel para contener la migración, esta acción está destinada al fracaso», mencionaron.
Las organizaciones comentaron que en los siguientes días enviarán una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este organismo se pronuncie y solicite información a estos gobiernos acerca de las expulsiones.
Por su parte, Human Rights Watch informó que desde agosto de 2021, Estados Unidos comenzó a expulsar a personas migrantes centroamericanas por vía aérea a ciudades del sur de México, como Tapachula, Chiapas, Villahermosa, Tabasco, que quedan cerca de la frontera de Guatemala, y las autoridades migratorias mexicanas empezaron a trasladar al menos 300 personas migrantes de distintas nacionalidades cada día.
Resaltó que las autoridades migratorias mexicanas han obligado a las personas migrantes a renunciar a su derecho a pedir asilo y las obligaron a cruzar a pie a Guatemala sin notificar a sus respectivos consulados ni al gobierno de Guatemala. Algunas de estas personas esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo en México, por lo que al cruzar la frontera, muchas no han tenido dónde dormir ni cómo llegar a sus países de origen.
Explicó que de conformidad con la legislación mexicana, las autoridades migratorias están obligadas a informar a todas las personas bajo su custodia dónde han sido detenidos, por qué, y explicar sobre su derecho a solicitar asilo u otra forma de estatus legal regular en México. Además, deben permitir que la o el migrante hable con su consulado, reciba asesoramiento jurídico, se comunique con su familia, entre otras acciones que no han cumplido.
«El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del derecho internacional de los Derechos Humanos. Todas las personas que buscan protección internacional pueden exigir este derecho. Expulsar a solicitantes de asilo sin presentar sus casos es una violación a la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros decretos internacionales y nacionales», agregó.
Señaló que las personas expulsadas dijeron que los agentes de migración de Estados Unidos o de México las detuvieron e informaron que las llevarían a albergues para registrar sus solicitudes de asilo. A otras les indicaron que las trasladarían a sus países de origen: Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, y República Dominicana. En vez de ello, fueron transportadas en avión o autobús a Tabasco, Chiapas o Villahermosa.
Desde allí, agregó la organización, agentes migratorios mexicanos los llevaron de manera inmediata en autobús y los obligaron a cruzar a Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala expresó que no se le había informado sobre las deportaciones y reiteró que el retorno de las personas guatemaltecas debía producirse, a través de los Centros de Recepción, establecidos para dicho fin en la Ciudad de Guatemala y en Tecún Umán.
Enfatizó que del 22 al 29 de agosto, se estima que 2 mil 61 personas han sido expulsadas a Guatemala, de las cuales 546 eran niñas y niños, algunos de ellos no contaban con compañía. Actualmente, dijo, las autoridades de migración de Guatemala no saben con certeza cuántas personas migrantes se encuentran en su país.
Hace unos días, añadió, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que llegó a un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos retorne a la población guatemalteca por vía aérea mientras que con el gobierno de México pactó que iba a retornar a las y los salvadoreños y hondureños a sus países en autobús, transitando por Guatemala.
Esta organización demandó al gobierno mexicano y estadounidense que respeten los Derechos Humanos de estas personas, eviten la separación de familias y cumplan con lo que dictan sus legislaciones y los acuerdos internacionales, además, cumplan con impulsar políticas más humanas y justas.
