El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba A.C. denunció que la política presentada como “migración laboral” es solo una fachada para la explotación laboral, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas en movilidad
Aquínoticias Staff
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba A.C. ha lanzado una dura crítica hacia las políticas migratorias del gobierno federal, señalando que lo que se presenta como “migración laboral” no es más que una fachada de explotación laboral que aprovecha la vulnerabilidad de los migrantes en la frontera sur de México. Enrique Vidal, director del Centro, ha señalado que detrás de esta situación existe lo que describe como una «economía criminal» que atenta contra la vida y dignidad de las personas en contexto de movilidad humana, quienes enfrentan abusos y violencia en su travesía desde el sur hasta el norte del país.
Vidal subrayó que, desde 2018, los migrantes han sido vistos únicamente como mano de obra disponible para trabajos riesgosos y mal remunerados, sin que se considere su situación de vulnerabilidad ni se priorice su bienestar. “No se piensa en las personas criminalizadas y empobrecidas que salen de sus países o, si lo hace, es solo para explotarlas en condiciones laborales adversas”, afirmó. Para el Fray Matías, la política migratoria en México no solo es restrictiva, sino que también se basa en un enfoque racial, discriminando a los migrantes en contextos de pobreza y marginación.
El estado de Chiapas, especialmente Tapachula y otras ciudades de la frontera sur, han experimentado en los últimos años un incremento en la violencia que afecta tanto a los habitantes locales como a los migrantes. Este clima de violencia, asegura el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, está directamente relacionado con la falta de respuestas por parte de las autoridades. Vidal menciona que desde hace tres años, la organización ha observado un incremento en la violencia sistemática, lo que limita su capacidad para identificar y responder a los abusos. Esta situación ha obstaculizado el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, cuya misión de dar seguimiento y apoyo a las víctimas se ha visto cada vez más restringida debido a la falta de garantías de seguridad.
Una de las prácticas más alarmantes reportadas por el Centro es el marcaje de los migrantes, donde grupos criminales imponen sellos a los migrantes que cruzan Chiapas, evidenciando el control que tienen sobre sus vidas y su desplazamiento en el estado. En este contexto de violencia, las víctimas quedan en la indefensión, y las autoridades no proporcionan una atención adecuada. La organización ha detectado que, en delitos graves contra los derechos humanos, no se está brindando el apoyo necesario a las víctimas ni se les entregan documentos esenciales, como aquellos que necesitan los migrantes para regularizar su estancia en México.
El director del Fray Matías hace un llamado a los tres niveles de gobierno para que se reconozca de manera urgente el estado de violencia generalizada que afecta a Chiapas y, en especial, a la frontera sur. Según Vidal, el reconocimiento de esta crisis es el primer paso para encontrar soluciones efectivas que protejan tanto a la población local como a las personas en tránsito, quienes buscan un futuro mejor en condiciones que actualmente los exponen a riesgos y abusos de los que nadie parece estar dispuesto a responsabilizarse.
Con información de Diario del Sur
