Migrar no es un delito: Niñas y niños migrantes
Raúl Bonifaz.

La irregularidad migratoria, esto es, la entrada al país sin cumplir con las condiciones exigidas, no puede dar lugar a la iniciación de un proceso que pueda determinar la detención de una niña o niño y mucho menos privarlo de su libertad. Cuando en caso excepcional a un menor de edad se le prive de su libertad, se debe procurar su liberación inmediata y su ubicación en lugares apropiados.
La salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en la que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respeto al Estado.
Se tienen estudios que la detención de niñas y niños tiene un efecto perjudicial para su desarrollo emocional y su bienestar físico ya que pueden padecer depresiones, cambios de comportamiento, perdida de peso, negativa a alimentarse, falta de sueño, así como problemas dermatológicos y respiratorios entre otros.
Niñas y niños migrantes no acompañados o separados de sus padres no deberían ser nunca detenidos. Organismos internacionales subrayan como principio general, que la privación de la libertad de un niño solo podrá ser adoptada como último recurso, por el período más breve que proceda y sólo en casos excepcionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos), los Estados deben ofrecer medidas alternativas como alojamiento en centros de protección social, no cerrados, con el objeto de brindar una protección integral centrada en asegurar los derechos humanos de niñas y niños.
La gran mayoría de países de la Región de Centroamérica, no han podido atender eficaz y legítimamente el fenómeno de la migración de las niñas y niños, es preciso reconocer que en los últimos años algunos Estados han avanzado México, Chile, Argentina, Panamá, Uruguay, Venezuela y Ecuador, pero aún hay mucho que hacer en el tema de la protección de sus derechos humanos.
En la actualidad la detención de migrantes niñas y niños, constituye un problema mayúsculo que suscita una profunda preocupación, estos abusos y la privación de sus derechos se han advertido desde hace una década.
Ante la eventual acción de una privación de la libertad de niñas y niños migrantes tiene que aplicarse de manera especial medidas y mecanismos que aseguren de forma efectiva sus garantías fundamentales adecuadas a su condición y edad, procedimientos que satisfagan su derecho a ser oído de manera efectiva y que respeten debidamente su dignidad humana, permitiéndoles establecer contacto con un familiar (en caso de no ir acompañado de sus padres) o Consulado, tratamiento médico adecuado, ayuda psicológica, ser asistido por un interprete si fuera necesario y estar separado de los adultos.
Las niñas y los niños migrantes pueden ser alojados en centros de detención siempre y cuando se encuentren junto a sus padres. Sin embargo, hay que considerar que el interés superior del niño será siempre no estar en ninguna clase de régimen de privación de la libertad. Por ello, los Estados deben continuar haciendo el mayor esfuerzo con el fin de adoptar medidas alternativas a la detención, por las cuales la familia entera pueda estar en libertad.
La dilación en la adopción de estas medidas representa una amenaza a la seguridad de las niñas y niños migrantes y pese al impacto que ocasiona a los menores y la situación de vulnerabilidad; sus garantías mínimas no son reconocidas o implementadas efectivamente, violando sus derechos y garantías fundamentales, reconocidas tanto en tratados internacionales como en las leyes constitucionales de los países de la Región.

En los últimos nueve meses más de 50 mil niños procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador han llegado solos a Estados Unidos, lo que ha calificado el Presidente Barak Obama como una «crisis humanitaria» para lo cual pedirá al Congreso 3 mil setecientos millones de dólares para enfrentar el ingreso de menores desde Centroamérica (la mitad de esos fondos serían destinados al cuidado de las niñas y niños migrantes y sus familias).
Investigaciones señalan que los menores emigran para escapar de situaciones de violencia -incluida la derivada del narcotráfico-, abuso familiar, abandono, explotación, privaciones, matrimonios obligados y mutilación genital, otros menores son enviados a Estados Unidos donde se convierten en víctimas de explotación sexual o laboral.
México ha anunciado que frente al reto migratorio, se construirán cinco nuevos albergues y que se multiplicarán las instancias que ofrecen atención en salud a niños migrantes», sobre el tema, el Vaticano, ha declarado: » en lugar de muros hay que construir puentes». A Estados Unidos le conviene tener a toda esta gente.

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