Esta actividad explota recursos no renovables mediante procedimientos destructivos y contaminantes que impactan directamente en el medio ambiente; se ha detectado que a nivel continental, las ciudades que comparten la característica de ser zonas petroleras también comparten la inestabilidad social e inseguridad que traen consigo los proyectos
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n Chiapas están vigentes 99 concesiones mineras para la extracción de oro, plata, cobre, plomo, titanio y zinc, riesgo ambiental y sanitario que mantiene en la incertidumbre a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, quienes por mantenerse en la defensa de sus tierras ya enfrentan una serie de represalias que incluso, atentan contra su propia vida.
Fue en agosto del 2016 cuando el gobierno Federal público en el Diario de la Federación el proceso de licitación de 84 mil 500 hectáreas para explorar y explotar cinco pozos petroleros en municipios del norte de Chiapas Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpatán.
En respuesta, los pobladores se han organizado en protesta para que estas labores no se lleven a cabo, ya que, desde su percepción, representan un riesgo para el medio ambiente, principalmente en los cultivos agrícolas y cuerpos de agua, además podrían dañar a sitios sagrados indígenas y, principalmente, estos proyectos son una amenaza para la salud de los habitantes de la zona y la población en general.
Debido a la oposición de los pueblos, la Secretaría de Energía (Sener) amplió el proceso del dictamen para que se diera a conocer a las empresas ganadoras de los contratos de licencia para la exploración y explotación de áreas terrestres en la entidad que se tenía previsto para el próximo 7 de abril y que fue pospuesto para el mes de junio.
Lo anterior, fortalece la esperanza de los indígenas zoques para que la Sener finalmente retire el proceso de licitación y ponga fin a los conflictos que se han desatado como consecuencia en Chiapas.
Verdades a medias
Dentro de los claroscuros de estos proyectos se encuentran la violación al derecho de información y consulta al pueblo zoque sobre los alcances negativos que la explotación tendrá sobre su territorio, mismo que se encuentra reconocido en diferentes tratados y declaraciones internacionales, y que el mismo Estado mexicano ha firmado.
Por lo anterior, los pueblos están llevando a cabo un proceso de autoconsulta, es decir, entre ellos se están cuestionando qué tan viable es que dichos proyectos lleguen a sus territorios; incluso, Francisco León y Chapultenango ya han determinado que rechazan por completo los proyectos.
Al respecto, el investigador de etnografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y miembro del Colectivo Centro de Lengua y Cultura Zoque, Fermín Ledesma Domínguez, reveló para Portavoz los riesgos sociales que le esperan a la entidad, el peligro ambiental que representan los megaproyectos hidroeléctricos, así como el despojo, destrucción y pobreza que ocasionarán en las zonas indígenas.
En entrevista, explicó que los trabajos de minería a cielo abierto que se pretenden realizar en la entidad, son una técnica que consiste en remover la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad, lo que simboliza destrucción ambiental y el inicio de violencia, prostitución y tráfico de personas en las zonas en donde se llevan a cabo estas actividades.
Dijo que la Sener, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) están dando a los pueblos zoques información parcialmente abierta, toda vez que han llegado a los pueblos a informarles sólo de las bondades de los proyectos pero no comunican absolutamente nada sobre los efectos negativos que tendrá la instalación de un pozo petrolero sobre las parcelas agrícolas o sobre el impacto que ocasionará el uso intensivo del agua.
Es por esa razón que organismos civiles estatales, nacionales e internacionales se han sumado a la lucha en contra de la extracción y explotación de hidrocarburos en territorio chiapaneco, y además brindan información certera a quienes habitan en las zonas para evitar que entreguen sus tierras y territorios.
«Nosotros estamos confiando en que la Sener va a retirar el proceso de licitación porque hay una oposición de la población tanto en Francisco León, Chapultenango y Tecpatán; además tenemos el respaldo de varias ONG»s y cada vez son más los ciudadanos que nos brindan su total apoyo por medio de las redes sociales.»
El Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (Mopor) es una de las organizaciones que comenzó a denunciar las pretensiones de la Sener para licitar –sin consulta a los pueblos– y ha exigido al gobierno que reconozca, respete y tome en cuenta la palabra y decisiones del pueblo.
Corrupción, prostitución y violencia, el plus de la explotación minera
«Estamos ante un caso extremo, Chiapas ya presenta los primeros focos rojos de los conflictos sociales que los proyectos mineros han tenido en otros estados de la República y países vecinos, en donde, la destrucción social ha sido la principal característica y los asesinatos en contra de los líderes ambientales no son un secreto», explicó Ledesma Domínguez.
Se ha detectado que a nivel continental, las ciudades que comparten la característica de ser zonas petroleras también comparten la inestabilidad social e inseguridad que traen consigo los proyectos de minería.
La principal similitud que el sociólogo encuentra entre los poblados que cuentan con proyectos mineros es que llegan a regiones pobres e indígenas tal como ya ha ocurrido en países como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala y ahora en México. Este es un fenómeno que se observa en los países del sur y los más pobres de América Latina, lo que no sucede en países desarrollados.
La segunda característica que se puede detectar en el movimiento es la respuesta del gobierno, cuando los ciudadanos se unen para rechazar estos proyectos el gobierno responde con el encarcelamiento de sus principales líderes y en algunos casos, dijo, se han presentado asesinatos.
Recientemente en la entidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a la activista Silvia Juárez Juárez y giró 32 órdenes de aprehensión contra campesinos por mantenerse en la defensa de la tierra.
«La respuesta es muy común y muy similar, son detenidos los dirigentes para desmoralizar a los grupos de resistencia, es por esa razón que estamos preocupados por el bienestar de nuestros compañeros zoques porque ya han sido encarcelados y hostigados, además ya tenemos antecedentes de asesinatos en comunidades zoques y eso altera aún más el ánimo de la población y de los defensores.»
Lo anterior, dijo, aunado a que los pobladores indígenas carecen de un respaldo legal, no cuentan con herramientas jurídicas o defensores que puedan llevar sus casos, además de que los procesos ante instancias gubernamentales, ya sean locales o nacionales, e incluso ante organismos internacionales son muy costosos, burocráticos y tardados.
A nivel nacional, se ha detectado que en ciudades que se han convertido en zonas petroleras como es el caso de Ciudad del Carmen, Campeche, comparten un crecimiento económico pero también siniestros de inseguridad, en dónde la percepción de la gente es que la con la llegada de dichos proyectos petroleros, llegaron también efectos nocivos que el gobierno y las empresas nunca dieron a conocer a la población.
La solución, está en manos de todos
De acuerdo con el investigador, para evitar que los patrones se repitan, es necesario que la población tome conciencia de lo que está ocurriendo y que sepan que no solamente afecta a la comunidad zoque o a las zonas indígenas sino que es una afectación ambiental para la humanidad.
«La gran lección que nos están dejando los indígenas zoques es que ahora no están luchando contra el cacique que les quería quitar sus tierras sino que están luchando para defender la vida, por la conservación de lo más valioso que tenemos: el medio ambiente.»
Por lo que recomendó solidarizarse con estos movimientos de resistencia, pensar en otras alternativas de energía ya que los procesos actuales deterioran el medio ambiente, porque no lo respetan, y ponen en riesgo el futuro de las y los chiapanecos.
«Lo que se está jugando con los pozos petroleros y la minería es el medio ambiente, son los pueblos indígenas, es la vida de todos los que poblamos el planeta», finalizó.
