«Quieren dejar nuestros cargos a su libre disposición, para vincular a personas con las que tiene compromisos políticos», sostienen trabajadoras cesadas
Daniel Torre/Portavoz
[dropcap]B[/dropcap]ajo acoso y hostigamiento laboral, fueron cesadas trabajadoras de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas (Sedespi), quienes denunciaron: «han violado nuestros derechos humanos y hemos sido juzgadas por nuestra condición de género».
En conferencia de prensa, las afectadas señalaron directamente el titular de la dependencia, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez; al director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, Marcos Shilón Gómez; así como quien anteriormente ocupaba dicha dirección, Néctar Alejandro Espinoza Sarmiento, quienes «constante y sistemáticamente han violado nuestros derechos».
Desde el pasado 15 de mayo a la fecha, y a pesar de encontrarse bajo un proceso en un Juzgado Federal; por instrucciones directas de Shilón Gómez, las denunciantes Dolores Patricia Castellanos Zabala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo y Antonia Hernández Girón «tenemos prohibido pisar las instalaciones de la Sedespi» debido a que se les niega el acceso pese a ser un espacio público.
Insistieron en precisar que el actual director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos emprendió una campaña de hostigamiento el 2 de mayo de 2017 convocándoles a varias reuniones donde les notificaron que, por medio de un resolutivo del tribunal, se encontraban cesadas; negándoles ver el documento ya que supuestamente, estaba bajo resguardo.
«Cuando revisamos la resolución, no decía en ningún momento que se tomarían las acciones que se tomaron», además denunciaron que fueron hostigadas debido a que fueron grabadas y fotografiadas en dichas reuniones.
«Dolosamente tramitaron un cese a través de su representante legal, no advirtiendo al Tribunal del Trabajo Burocrático, que nos encontrábamos en un proceso en el Juzgado de Distrito, el cual nos protegía; y aun así solicito nuestro cese.»
Explicaron que debido a que ellas seguían acudiendo a laborar, Marcos Shilón agilizo los trámites de cese, los cuales culminaron en notificaciones que fueron entregadas el 16 de mayo.
«Una notificación no es una sentencia, tenemos derechos a la defensa», señalaron al tiempo de advertir que el titular no tiene ni un argumento fundamentado para despedirlas.
Sobre el director Marcos Shilón agregaron: «se dice ser defensor de los derechos humanos e indígenas, pregonándolo en diversos medios, sin embargo, en esta Secretaría sólo ha demostrado su bajeza, la arrogancia y su falta de ética y moral a su profesión, ya que claramente está violando los derechos humanos».
Las afectadas solicitan, su inmediata restitución y que no se tomen represalias en contra de ellas ni de sus compañeros, Dulce Ángela López y Julio Cesar Méndez Sánchez, quienes anteriormente habían sido cesados y mantienen sus empleos bajo un amparo; de la misma forma, exhortaron al gobernador Manuel Velasco a que tome cartas en el asunto y ponga un alto a la violación de derechos laborales.
