La iniciativa promovida por el senador Adán Agusto daría paso libre a la Reforma Judicial, sin embargo, podría limitar la capacidad de los jueces para actuar contra reformas que vulneren los derechos humanos, advierte experto
Aquínoticias Staff
Este martes, el senador de Morena, Adán Augusto López, presentó una propuesta de reforma constitucional con el objetivo de establecer la inimpugnabilidad de las adiciones y modificaciones a la Constitución. Esta iniciativa surge tras un acuerdo alcanzado por la dirigencia de Morena en una reunión con legisladores del partido, quienes decidieron impulsar una medida en esta dirección para blindar las reformas constitucionales de cualquier acción judicial.
Durante la presentación de la iniciativa, López argumentó que las reformas a la Constitución son la más alta expresión de la soberanía del pueblo mexicano, y por lo tanto, no deben equipararse a actos legislativos comunes. “El Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación”, destacó el senador al subrayar los límites del poder judicial en este tipo de procesos.
La reforma busca elevar a rango constitucional lo ya estipulado en la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prohíbe interponer amparos u otros recursos legales, como suspensiones, contra reformas constitucionales. Sin embargo, esta propuesta ha generado inquietud en diversos sectores, especialmente por las posibles implicaciones que tendría sobre los derechos humanos.
El analista político Juan Ortiz señaló en su cuenta de X que la iniciativa podría limitar la capacidad de los jueces para proteger los derechos humanos, especialmente en casos donde las reformas a la Constitución contradigan tratados internacionales. Esta crítica fue reconocida por López, quien, en una entrevista con Radio Fórmula, admitió que ese apartado de la iniciativa «seguramente» sería retirado tras un análisis político y jurídico por parte de Morena.
Los principales cambios propuestos afectan a los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, calificó estas modificaciones como «prioritarias y urgentes». Según la propuesta, el artículo 103 excluiría cualquier recurso judicial contra reformas judiciales, lo que impediría su impugnación, incluso si el proceso legislativo fue irregular. Además, el artículo 105 cerraría la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante controversias o acciones de inconstitucionalidad, lo que, en palabras de Ortiz, limitaría el sistema de pesos y contrapesos al impedir que partidos políticos, órganos autónomos y gobiernos estatales cuestionen reformas que vulneren derechos humanos.
El artículo 107 también establece que el juicio de amparo no procederá contra reformas constitucionales ni su proceso legislativo, eliminando así una herramienta clave para la protección de derechos. Según Ortiz, esta modificación implica que cualquier juicio en curso relacionado con la constitucionalidad de reformas anteriores quedaría sin efecto, lo que calificó como una «aplicación retroactiva de la ley encubierta», contraria a los principios constitucionales fundamentales.
En medio de la controversia, la jueza Nancy Juárez Salas, de Veracruz, ha sido un foco de críticas por parte de los legisladores morenistas. Juárez emitió una suspensión que ordenó a la Presidencia eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, lo que generó fuertes reacciones. El senador Saúl Monreal destacó la necesidad urgente de evitar más suspensiones como la de Juárez, mientras que Ricardo Monreal sugirió la posibilidad de iniciar un juicio político contra la jueza, alegando que violó la Constitución al emitir dicha suspensión.
“Existen elementos para llevar a cabo un juicio político en contra de la jueza Nancy Juárez, ya que violó gravemente la Constitución”, amenazó Monreal. Añadió que cualquier ciudadano podría iniciar la denuncia necesaria para activar el proceso.
La reforma ha generado preocupación entre analistas y defensores de los derechos humanos, quienes señalan que limitar los mecanismos de impugnación podría debilitar el sistema de contrapesos y afectar la protección de derechos fundamentales en México. Sin embargo, los legisladores de Morena sostienen que la medida es necesaria para garantizar la soberanía del poder legislativo y evitar la intervención del Poder Judicial en temas que, según ellos, no le competen.
Con información de Alto Nivel
