Diez de los 16 diputados de Morena rompieron con la gobernadora Layda Sansores, denunciaron persecución política y aprobaron en sesión reservada la restauración del fuero legislativo, eliminado en 2016, en un contexto de tensión y acusaciones cruzadas
AquíNoticias Staff
La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó abiertamente. Diez de los 16 diputados locales rompieron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de persecución política, y en respuesta restauraron el fuero constitucional, eliminado en 2016, para protegerse de eventuales detenciones.
El punto de quiebre ocurrió el domingo, tras la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura. Ese día, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Entre los diputados se difundió la versión de que existían órdenes de aprehensión contra al menos dos legisladores, uno de ellos el coordinador parlamentario José Antonio Jiménez.
Durante la sesión, Jiménez denunció públicamente ser víctima de persecución. “La dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, expresó, y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”. En respuesta a señalamientos de medios afines al gobierno estatal, agregó que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.
De la deuda al rompimiento político
El conflicto se incubó semanas antes, cuando el Congreso recibió la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que contemplaba contratar deuda pública por mil millones de pesos. Jiménez planteó entonces que la propuesta debía analizarse con detenimiento y que su bancada buscaría alternativas para no endeudar al estado.
La postura fue interpretada por Sansores como un acto de traición política. La mandataria acusó a Jiménez de romper la confianza de quienes lo llevaron a la coordinación parlamentaria en noviembre de 2023, tras la destitución del anterior coordinador, Alejandro Gómez, quien también mantuvo diferencias con la gobernadora antes de fallecer a causa de una enfermedad terminal.
Aunque la deuda fue finalmente aprobada —con candados impuestos por los legisladores sobre su ejercicio—, el conflicto no se cerró. El dirigente estatal de Morena, Érick Reyes, se sumó a las críticas y calificó a Jiménez como traidor, acusándolo de dividir a la bancada.
Alianzas cruzadas y cerco legislativo
La ruptura se confirmó días después, cuando en la elección de la mesa directiva del Congreso, los diputados morenistas leales a Sansores se aliaron con Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM para imponer como presidente al legislador emecista Paul Arce. Jiménez y sus nueve aliados votaron en contra.
Ante la presencia de ministeriales, Jiménez evitó salir del recinto legislativo, donde pernoctó acompañado de diputados de su grupo. Aunque la Fiscalía negó que el cerco tuviera como objetivo ejecutar detenciones, el clima de tensión se mantuvo.
En ese contexto, el grupo encabezado por Jiménez sesionó para destituir a los vicecoordinadores leales a la gobernadora y designar a nuevos integrantes de la dirigencia parlamentaria. Además, en sesión reservada, aprobaron reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional.
Ningún diputado confirmó públicamente la aprobación, argumentando que la ley les prohíbe revelar lo discutido en sesiones reservadas.
El fuero y sus beneficiarios
La restitución del fuero legislativo beneficia directamente a varios diputados bajo investigación. Entre ellos, el propio Jiménez, quien es indagado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción por presunto desvío de recursos; el diputado Paul Arce, vinculado a proceso por un juez federal por presuntos desvíos cuando fue alcalde de Campeche en 2021; y el legislador morenista Gaspar Nah, quien enfrenta denuncias familiares por presunto incumplimiento de pensiones alimenticias.
Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, ninguno de ellos podrá ser detenido sin que se siga previamente un procedimiento de desafuero. La única vía para impedir su entrada en vigor sería que la gobernadora vetara la reforma, posibilidad que permanece abierta.
Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio deja una lectura política de fondo: la disputa por el control del Congreso, el uso del fuero como herramienta de defensa y la profunda fractura interna de Morena en Campeche, con consecuencias directas en la gobernabilidad del estado.
