Las mujeres son quienes viven en precarias condiciones materiales, con los menores ingresos y quienes menos acceden a la educación formal, por lo mismo «es casi una especie de inercia que haya una mayor proporción de mujeres beneficiarias
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- Aunque la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, aseguró que 31 millones de mexicanas reciben recursos de alguno de los diez programas prioritarios implementados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este dato no revela que las transferencias tengan un impacto favorable en la vida de las mujeres.
Así lo dijo la investigadora de la organización «Equidad de Género Ciudadania, Trabajo y Familia», Denisse Vélez Martínez, quien explicó que los datos que se dieron a conocer en la conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, muestran la cobertura desagregada por sexo de los programas prioritarios, pero no dejan ver el impacto real ni si están diseñados con perspectiva de género.
En entrevista, Vélez Martínez destacó que, como lo expuso Gasman Zylberman, estos programas de transferencias económicas sí han llegado a las mujeres, pero esto no significa que esta cobertura haya sido por intención de la actual administración, cuyo lema es «primero los pobres», sino porque las mujeres conforman 51.2 por ciento de la población en este país, en total 64.5 millones de mexicanas.
De acuerdo con Nadine Gasman, los programas de becas para estudiantes, pensiones para personas adultas mayores, apoyos económicos a trabajadores del campo y a madres trabajadoras llegan a 55 millones de personas, de las cuales 31 millones 088 mil 221 son mujeres. Es decir, del 100 por ciento de beneficiarias, 56 por ciento son mujeres.
En la conferencia mañanera de este lunes 3, la funcionaria aseguró: «tenemos que reconocer que la Cuarta Transformación ha sumado a las mujeres como nunca antes al proceso de transformación nacional, poniendo en el centro a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas, afromexicanas, rurales».
Nadine Gasman aseguró que esta población es la principal beneficiaria de los programas estratégicos, los cuales -dijo- tienen como objetivo brindar oportunidades y garantizar el acceso a mejor alimentación, trabajo, educación y a una vida libre de violencia. «Sólo si las mujeres tienen acceso a sus Derechos Humanos será posible que tengan una vida digna, no sólo las mujeres, como ya lo dije, pero todo el pueblo», agregó.
A esta explicación para defender los programas impulsados por el presidente López Obrador, la economista Denisse Vélez agregó que las mujeres son quienes viven en precarias condiciones materiales, con los menores ingresos y quienes menos acceden a la educación formal, por lo mismo «es casi una especie de inercia que haya una mayor proporción de mujeres beneficiarias (de los programas sociales)», expuso.
¿Son recursos para la igualdad?
Estos programas de los que habló Gasman Zylberman, a excepción de Tandas para el bienestar, están incluidos en el Anexo 13 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el apartado donde se ubican los programas creados para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, han sido señalados por diferentes organizaciones civiles por que no hay claridad de cómo cumplen con dicho objetivo.
Incluso, el pasado 28 de octubre, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde se discute el presupuesto que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, la coordinadora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable de Equidad de Género, Alma Rosa Colin Colin, hizo esta acotación sobre las dudas en torno a los impactos de los programas prioritarios.
En su presentación, Colin aseguró que la tendencia en materia presupuestaria es la concentración de recursos en programas tradicionales que atienden las necesidades inmediatas de las mujeres y en aquellos que no cuentan con una visión redistributiva que mejore sus condiciones de vida. En esa mesa de trabajo otras agrupaciones civiles presentaron argumentos similares en sus análisis.
De los programas que se incluyen en el Anexo 13, hay ocho que son considerados prioritarios para el actual gobierno y que concentran 88.6 por ciento de todo el Anexo, se trata de pensiones, becas para estudiantes y para posgrado, y apoyos a trabajadores del campo. Juntos representan una bolsa de 205 mil millones de pesos. «Tienen una participación muy importante en relación al total de recursos que se clasifican en este Anexo», resumió Vélez Martínez.
Sin embargo, sólo el programa de pensiones, es decir, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tiene una proyección de 127 mil 175.4 millones de pesos para el siguiente año, lo que significa un incremento de 106 por ciento con respecto a lo aprobado para 2021; pero la experta aseguró que aunque 56 por ciento de sus beneficiarios sean mujeres, las reglas de operación no especifican de manera clara y concisa de qué forma disminuyen una brecha de desigualdad.
«Son programas que sí buscan aliviar la pobreza por ingresos de la población y por lo tanto llegan a las mujeres, pero no tienen criterios de priorización. No hay distinción, por ejemplo, en el monto de la pensión que se le otorga a mujeres o a hombres», detalló la economista.
Como han expuesto diferentes organizaciones a las diputadas federales que están revisando la distribución de los recursos públicos para 2022, agregó la analista, es necesario vincular la planeación, programación y presupuestación con la perspectiva de género y hacer que la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres se vea reflejada en el presupuesto.
Transferencias, sin transformar vida de mujeres
Para considerar que un programa tiene perspectiva de género, expuso la especialista, éstos tienen que trastocar las estructuras. Los programas de asistencia social, explicó, por medio de los cuales el Estado hace transferencias monetarias a las mujeres, fueron un primer paso, pero después se observó que no implican un cambio en las estructuras de poder porque no trastocan la realidad de las personas.
Es decir, dar dinero mensualmente o cada cierto periodo de tiempo, no provoca cambios, no genera una redistribución del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados no remunerado, ni asegura que las mujeres accedan a empleos dignos y en condiciones de igualdad y tampoco garantiza que ellas no vivan violencia en espacios donde se desarrollan, como los hogares o las universidades.
Es así que, por ejemplo, entregar becas universales es apenas una parte de una estrategia para garantizar el acceso de las mujeres a la educación, porque mientras sigue existiendo violencia en las escuelas se sigue limitando el ejercicio de este derecho.
«No basta con hacer una transferencia monetaria sin atender las otras tantas desigualdades, por lo tanto, para que de verdad tengan perspectiva de género lo que tienen que hacer es problematizar ¿por qué las mujeres están en una posición de desigualdad frente a los hombres? Y al responder o intentar responder esta pregunta vamos a encontrar un montón de respuestas y estas respuestas son las que se tienen que atender», dijo Vélez Martínez.
Entregar dinero no es igual a generar bienestar
Al revisar a detalle los programas mencionados por la titular del Inmujeres se pueden ver particularidades. Entre ellas que el programa Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, cuyo antecedente es el programa de estancias infantiles, desaparecidas en 2019, tenía como objetivo que niñas y niños estuvieran en un entorno seguro donde se desarrollaran en plenitud y en dignidad mientras las madres trabajaban.
Sin embargo, el programa que ahora sólo es transferir dinero a las mujeres que se encargan del cuidado de sus hijas e hijos, no pone en el centro a la infancia ni a las mujeres porque a ellas sólo las ve como jefas de hogar o como madres, no como personas. Actualmente este programa beneficia a 429 mil 912 mujeres, quienes representan 93 por ciento del padrón, de acuerdo con datos recopilados por el Inmujeres.
Por otro lado, el programa de Producción para el Bienestar, por medio del cual se entregan apoyos económicos a productores de granos básicos, beneficia a 1 millón 367 mil 919 mujeres, quienes son 32 por ciento del padrón y esto tiene una razón: hay menos mujeres propietarias de la tierra, y por tanto son menos las que pueden acceder a este programa.
En este caso, la titular del Inmujeres dijo que en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, están impulsado procesos de formación con mujeres en las regiones de la Huasteca, Totonacapan y en las altas montañas de Veracruz, para que sean titulares de la tierra y accedan a los recursos, lo que a decir de la especialista de la sociedad, civil es una acción que sí se dirige a atender una condición histórica de desigualdad.
Ante la información presentada por Nadine Gasman, que se presenta justo cuando la Cámara de Diputados analiza sacar del Anexo 13 los programas que no se sabe si tienen perspectiva de género y ubicarlos en otro apartado del presupuesto, Denisse Vélez llamó al Legislativo y a la Secretaría de Hacienda a incorporar criterios muy claros que definan qué programas sí, y cuáles no, se enfocan a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Mencionó que es necesario dejar de ver los recursos que se clasifican en el Anexo 13 como los programas para mujeres, o las transferencias que deben recibir las mujeres, y pensar que el objetivo de este Anexo es asignar recursos públicos a acciones encaminadas a disminuir las brechas de desigualdad.
