La relatora de la ONU estuvo en los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México
Diana Hernández Gómez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- En México, la violencia del crimen organizado, la discriminación en razón de género, el despojo de tierras y el cambio climático, entre muchos otros factores, están provocando que cada vez sean más las personas que se ven obligadas a salir de sus hogares y desplazarse a otros estados del país. Entre los principales grupos afectados, niñas y niños, así como adolescentes y mujeres, forman parte de las esferas más afectadas. Así lo dio a conocer este viernes 9 de septiembre Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
Jiménez-Damary dio a conocer las observaciones preliminares de su visita a México, la cual inició este 29 de agosto y finalizó el día de hoy 9 de septiembre. Durante una conferencia de prensa, la Relatora Especial explicó que uno de los principales problemas que pudo percibir durante su estadía en el país es la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de desplazamiento forzado interno.
De acuerdo con la relatora de la ONU, entre las condiciones que vuelven de éste un problema complejo se encuentra la falta de datos oficiales por parte del gobierno mexicano. Este vacío estadístico hace difícil el diseño y la implementación de políticas públicas realmente efectivas para acompañar a las personas pero también para prevenir aquello que les hace salir de sus lugares de residencia.
¿Qué las obliga a irse? ¿En qué condiciones se encuentran?
En los resultados preliminares de su visita, Cecilia Jiménez-Damary pone énfasis en que, en el México actual, son muchos los factores causantes de los desplazamientos internos. Y, aunque también son muchas las poblaciones afectadas, mujeres, niñas y adolescentes conforman una esfera que sufre una doble afectación.
La relatora y abogada en derechos humanos describió que esto tiene que ver, en primer lugar, con la violencia de género y los altos índices de feminicidio que atraviesan a la República Mexicana actualmente. Estos factores colocan a mujeres y niñas “en una situación de especial vulnerabilidad frente a amenazas, intimidaciones y violencia, incluyendo la violencia sexual”.
La relatora de la ONU afirmó que, en la mayoría de los casos de desplazamiento por violencia de género, el primer instinto es huir para salvaguardar la vida propia pero también la integridad de familiares y seres queridos. Sin embargo, la vulnerabilidad de las mujeres y de sus personas cercanas no desaparece con sólo trasladarse de un lugar a otro.
Las mujeres con quienes me reuní me compartieron las experiencias que sufrieron, el dolor por la desintegración de su familia, por la pérdida de su patrimonio y modos de vida, y los graves impactos a su derecho a la salud.
Cecilia Jiménez-Damary
Así, al desplazarse de sus hogares, las mujeres víctimas de desplazamiento forzado pierden lazos socio-emocionales pero también poder adquisitivo, fuentes de ingresos y bienes materiales. De igual forma, se enfrentan a diferentes situaciones que las ponen en riesgo de sufrir ataques contra sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Además, enfrentan grandes dificultades para acceder a servicios legales, de salud y muchos más.
Por otro lado, Jiménez-Damary explicó que, en México, son más las mujeres que los hombres en situación de desplazamiento forzado. También agregó que la gran mayoría de ellas se convierten en las principales encargadas de las labores de cuidado en su entorno familiar. Esto responde a que, según observó la relatora en nuestro país, una persona no suele desplazarse sola sino que se va con todo su núcleo familiar (hijos o hijas, padres, madres, hermanos…, quienes se vuelven sus dependientes económicos en medio de una dura etapa de inestabilidad).
Junto con todo esto, las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado hacen frente a otras violencias sistemáticas necesarias que el Gobierno de México debe reparar.
El país necesita políticas públicas interseccionales, interculturales y con perspectiva de género
Entre otras observaciones, Cecilia Jiménez-Damarys destacó los avances de México en materia de desplazamiento interno. Entre ellos se encuentran los protocolos de investigación para casos relacionados con desplazamiento forzado en el estado de Chihuahua y la ley 487 en Guerrero para prevenir y atender casos de desplazamiento forzado interno.
Pese a esto, dijo, las autoridades deben contar con datos oficiales para diseñar políticas públicas basadas en cifras y experiencias concretas. Además, la Relatora Espacial agregó que el gobierno debe garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas de desplazamiento forzado en el diseño de dichas políticas. De otra forma no se conocerá de primera mano cuáles son sus necesidades específicas.
Entre ellas, la relatora señaló que se necesita crean un registro federal único de personas desplazadas para facilitarles el acceso a documentos de identidad y otros trámites. Actualmente, este es un problema que deja a niñas, niños y adolescentes desplazados sin la posibilidad de continuar con sus estudios. De igual forma, los deja a ellos y a sus familias fuera del acceso a servicios básicos como la vivienda y la atención a la salud.
Por otro lado, el gobierno también debe considerar las condiciones particulares de cada persona desplazada. En México, por ejemplo, las periodistas no enfrentan las mismas condiciones que las mujeres indígenas cuando se ven obligadas a dejar sus hogares, de ahí que los mecanismos de protección para ambas no puedan tener las mismas características.
Durante su visita a México, Cecilia Jiménez-Damarys estuvo en los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México. Será en junio de 2023 cuando entregue su informe final frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; mientras tanto, sus observaciones por adelantado ya están dando cuenta de la situación de desamparo por parte del Estado hacia las víctimas de desplazamiento forzado interno.
