De acuerdo con el Informe 2011-2016 del Observatorio de Violencia Social y de Género en el Estado, en cinco años, Chiapas tuvo un incremento desmedido en la trata, desapariciones y muertes de mujeres indígenas y migrantes
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n cinco años, Chiapas no sólo tuvo un incremento desmedido en la trata, desapariciones y muertes de mujeres indígenas y migrantes sino también en la opacidad del gobierno estatal por atender estos delitos, según indican los datos del Informe 2011-2016 del Observatorio de Violencia Social y de Género en el Estado.
Los resultados de la investigación iniciada en 2010 por la directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas del Caribe, Tere Ulloa Ziaurríz e impulsada por el Instituto Nacional de Solidaridad (Indesol) advierten un alarmante incremento en los delitos cometidos contra la mujer en el estado, y además señalan la deficiencia de las políticas públicas implementadas por el gobierno en turno.
De acuerdo con Ulloa Ziaurríz, ha sido a través del Observatorio de Violencia Social y de Género que se han revelado datos actualizados sobre el tema de agresión social y de género; sin embargo, activistas y organizaciones de la sociedad civil han ejercido presión, con el fin de impulsar mecanismos de colaboración entre Gobierno del Estado y la Sociedad Civil que permitan aportar elementos a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado para que éstas puedan realizar de manera rápida y eficaz el procedimiento de atención y registro de información de los casos de violencia social y de género.
A través del informe se ha identificado que a mayor empoderamiento, más ataques existen a nivel estatal, por lo que integrantes del Observatorio se han tomado la tarea de hacer visible las injusticias ejercidas contra las mujeres a nivel estatal, como primer acercamiento para que el estado trabaje coordinadamente con la sociedad civil para generar políticas públicas a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Según explicó Tere Ulloa, el Observatorio de Violencia Social y de Género en el Estado monitoreó los principales periódicos locales para identificar los casos de violencia y analizar con qué frecuencia ocurre, en dónde y en qué edades las mujeres, jóvenes y niñas son más vulnerables
Como resultado se identificó que los feminicidios en el estado ocurren principalmente en mujeres de entre 25 y 30 años, las desapariciones son más frecuentes en menores de 14 años y la trata de personas se da en jóvenes que tienen en promedio, 17 años de edad.
Respecto a los casos de violación sexual, reveló que el rango de edad es de los dos a los 25 años, y se dan principalmente en el hogar, la escuela y lugares de trabajo.
Deficientes políticas públicas
El mandatario estatal, Manuel Velasco Coello, ha evitado involucrase en el tema, incluso después de haberse emitido la declaratoria (el 18 de noviembre del 2016) lo que despertó la molestia e indignación de organizaciones, colectivos y redes feministas, y tuvo como resultado la creación de la Campaña Popular Permanente contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, que tiene como objetivo garantizar la prevención y atención de este delito.
En esa ocasión, se declaró la Alerta de Género en siete municipios del estado: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula, esto luego de una lucha que por más de tres años sostuvieron integrantes del Colem y grupos feministas.
No obstante, a poco más de seis meses de haber sido emitida, ha quedado demostrada el desinterés del gobierno estatal por frenar la agresión contra las mujeres y el feminicidio en distintas regiones de la entidad, ya que hasta la fecha, aún no hay acciones ni recursos que garanticen a las chiapanecas su derecho a una vida libre de atentados.
Por esa razón la también fundadora y presidenta de Defensoras Populares A.C. puntualizó que no debe existir la impunidad y todos aquellos que quebranten la ley, ocupando o no un cargo público, deberán ser sancionados.
«Está claro que no se le está dando la importancia debida por parte del Gobierno del Estado, tenemos focos rojos en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Motozintla, todos, todos los días, muere o desaparece una mujer y no vemos acciones concretas por parte del Ejecutivo para frenar esta violencia.»
Dijo que el feminicidio es un delito tan complejo que para su erradicación es necesario crear medidas de cambios estructurales que reduzcan las causas de vulnerabilidad de las víctimas, pues las notas periodísticas y los casos que se encuentran en la Fiscalía General del Estado (FGE) demuestran que a pesar de la AVG las condiciones para las mujeres, niñas y jóvenes no han mejorado sino que, por el contrario, son aún más vulnerables.
«El incremento de casos de violencia, llámese violación, secuestro o feminicidio, es impresionante y la llamada de atención inmediata es para el gobierno de estado.»
Respecto a las desapariciones, señaló que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional, y esto no porque el delito reduzca en la región sino porque se mide de acuerdo con el número de población, de ahí que dentro de los primeros lugares se encuentren la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guanajuato.
En este sentido, dio a conocer que en la entidad son cerca de 40 mujeres las que desaparecen al mes y una cuarta parte de éstas son encontradas; sin embargo, una gran mayoría de ellas indígenas y migrantes que, por la falta de documentos oficiales, ven aún más entorpecida su búsqueda.
Como parte de la investigación realizada por el Observatorio de Violencia Social y de Género se hicieron entrevistas a 630 mujeres entrevistas en Ciudad Juárez y Tijuana, de las cuales el 80 por ciento aseguró haber llegado hasta ahí como niñas esposas desde sus comunidades indígenas.
«La impunidad en el estado se genera porque se aplica las leyes de una manera patriarcal y no se aplican desde el género y derecho de la mujer», agregó Ulloa Ziaurríz.
Las propuestas
Reducir los márgenes de pobreza y exclusión social en la que se encuentran la inmensa mayoría de mujeres de pueblos indígenas, es el primer planteamiento que el Observatorio da al gobierno estatal para frenar la violencia y excusión de las mujeres.
Además, hizo un llamado para que las soluciones propuestas por quienes encabezan las instituciones encargadas de garantizar los derechos de la mujer, no sean a través de medidas asistencialistas sino que se le dé una medida compensatoria y al mismo tiempo se le brinden las herramientas para que puedan salir de sus condiciones de exclusión social por sí mismas.
Tomando en cuenta que los delitos más recurrentes en contra de las mujeres en el estado son los ataques familiares y violación sexual, señaló que es urgente que el gobierno cree estrategias de seguridad en cada municipio, principalmente en la zona Costa y Altos, en donde se han detectado el mayor número de casos.
Es importante señalar que para garantizar que esto no se convierta en un estudio más, intentarán en 2018 que las y los candidatos firmen un compromiso con el Observatorio para que se diseñen políticas públicas de prevención para mejorar las estrategias de protección, asistencia y de persecución efectiva que hoy no funcionan en el estado.
