Las mujeres desplazadas de Chiapas están sufriendo hambre y condiciones que las ponen en mayor riesgo
Sonia Gerth / Cimac Noticias
Ciudad de México. La llegada del COVID-19 ha exacerbado la discriminación y el racismo hacia las mujeres indígenas en el país, poniendo en evidencia que el Estado desde antes no ha podido garantizar sus derechos. En eso coincidieron las ponentes del webinar, «Mujeres y pueblos indígenas: Racismo y Patriarcado en tiempos del Covid-19», organizado por Equis Justicia para las Mujeres.
Yuteita Valeria Hoyos Ramos, de la Red de Abogadas Indígenas, puso las falencias de hoy en el marco de la marginación histórica y sistemática, donde las mujeres indígenas serían aún más marginadas que la población indígena en general. Y cuando viven violencia, el acceso a la justicia es muy extenuante: «Muchas mujeres no denuncian porque consideran que no las van a atender, que el costo es muy alto. Ellas viven en zonas alejadas de las cabeceras municipales donde no hay juzgados, y tienen que destinar tiempo que podrían estar trabajando», explicó.
Por lo tanto, muchas mujeres rurales prefieren mantener el trabajo a trasladarse para acceder a justicia. «Si bien una mujer logra acudir, entonces enfrenta otra serie de complicaciones, no hay traductores, hay que pagar una multitud de traslados, que cada vez son ocho horas. Hay que pagar copias… Muchas personas dirían, «Ah, no son caras», pero para las personas afectadas sí», relató la defensora.
Esta vulnerabilidad, se recrudeció con la contingencia: «Los Tribunales Superiores de Justicia de los estados limitaron su servicio, quedaron en orfandad total los juicios de pensión alimenticia. Los traslados son muy difíciles, las y los servidores públicos dejaron de trabajar», manifestó la abogada. Una alternativa sería resolver los conflictos dentro de la comunidad. Los sistemas normativos internos de las comunidades fueron reconocidos a nivel constitucional en 2001.
El mismo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), habría recordado a las autoridades indígenas, que tienen la facultad de resolver asuntos de violencia. Pero aunque Hoyos Ramos consideró la medida prudente, advirtió que «no deja claro los establecimientos técnicos», y que las autoridades muchas veces no son capacitadas en perspectiva de género.
Mujeres desplazadas en Chiapas no pueden alimentarse
La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Norma Don Juan, recordó la situación de las personas desplazadas, muchas de ellas mujeres indígenas, que no tienen los recursos para observar las medidas de higiene y distancia. En el conflicto territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán, en Chiapas, hay más de 4 mil personas desplazadas. «Viven al aire libre, tienen que dormir separados por familias, no lo hacen por la sana distancia, lo hacen porque si se concentran es mas fácil que los paramilitares puedan atacarlos y matarlos», narró Don Juan. «No se están implementando medidas especiales para eso.»
La defensora se mostró muy preocupada por una posible hambruna entre la población desplazada. Las personas «no pueden trabajar su tierra, y no tienen los medios para resolver la necesidad de alimentos», por lo tanto, es necesario que el Estado deje de ser omiso y atienda la situación de hambre.
La situación no es muy distinta en las zonas rurales, advirtió. Por ejemplo, la comunidad otomí viviendo en el centro de la Ciudad de México, fue desalojada del terreno donde vivía. «No tienen agua potable, no pueden aplicar sana distancia porque viven hacinados. Están viviendo en la calle, no se pueden quedar en la casa. Entonces es una situación que se vive tanto en zona rural como urbana.
En los espacios urbanos de pobreza, las viviendas son de lámina, las personas viven del día a día. «Las familias dicen, si no nos mata el COVID-19, nos mata el hambre.» Y el desabasto de agua hace muy difícil la situación, lo que afecta de manera diferenciada a las mujeres indígenas: «Ellas invierten el tiempo para recoger el agua, esperan el agua, el servicio, van a las oficinas, hacen llamadas. Compran agua para beber y cocinar. Nosotras gestionamos el agua en la familia», explicó Don Juan.
Con las medidas de contingencia, también aumentó el trabajo del cuidado, porque en su mayoría son las mujeres, las que se ocupan de la escuela a distancia para sus hijas e hijos. «El
buscar el espacio para encontrar señal, para recibir el mensaje del profesor para que los niños puedan hacer sus tareas, implica tiempo y recursos. Porque no hay acceso a internet, o una mala señal. Se elimina tiempo libre. Y también se deduce el tiempo para activismo y resistencia social.»
La vocera de la Red de Casas de Mujeres Indígenas (Cami), Nelsy Marisela Ku Chay, habló sobre la importancia que tienen estas casas en sus comunidades respectivas, para prevenir y atender la violencia de género. La semana pasada, la Segob dio a conocer que el presupuesto etiquetado para el INPI se reducía en un 75 por ciento, a causa de la atención a la pandemia. Los recursos para las 35 Cami fueron eliminados.
Aunque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que se buscaría una ayuda externa para las Cami, tocando puertas de la Unión Europea, ésta no ha sido confirmada. «Nos sentimos desvaloradas como organización, ignoradas», afirmó Ku Chay. ¿Por qué necesariamente se decide quitar o eliminar este financiamiento? Pareciera que fuera un pretexto con el COVID-19, de decir las Cami pueden esperar.»
La defensora opinó que el recorte demuestra una mirada discriminatoria hacia las mujeres indígenas: «Son mujeres que viven en comunidades, son comprometidas, pueden hacer la labor, es parte de su costumbre la labor en las comunidades. Se cree que nosotras podemos hacer trabajo sin ninguna remuneración, sin reconocimiento.» Eso, a pesar de que la Red de Cami observó un aumento de violencia de género durante las primeras semanas de contingencia.
El año pasado se atendió a más de 29 mil usuarias en todas las Cami. Durante la cuarentena, las mujeres habrían pedido más los servicios de atención directa. «Hemos vivido muy de cerca que existen aumentos. Y las consecuencias de la cuarentena son muy negativas, se les priva a las mujeres de la salud ancestral, la atención a mujeres embarazadas también.»
Las otras ponentes, Hoyos Ramos, Don Juan, así como Fátima Gamboa Ek, de Equis Justicia, subrayaron la importancia de las Cami en las comunidades. «Estamos muy contrariadas ante esta situación», dijo Don Juan. «La reducción al INPI nos da el mensaje de cuál es la mirada que se tiene hacia la población indígena. Las políticas públicas son ciegas a las desigualdades de género y étnicas, no hay acciones diferenciadas que reconozcan esas desigualdades.»
