Consideraron que es necesario dotar de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados al Conapred a fin de que se cumpla su mandato de manera efectiva y se tomen las medidas para que cada entidad federativa cuente con una delegación
Sonia Gerth
Ciudad de México. En una acción consensuada, varias organizaciones de mujeres indígenas propusieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la Secretaría de Gobernación (Segob) una lista de candidatas «de abajo» para la próxima titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al mismo tiempo que, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, llamaron a fortalecer la institución para que sea efectiva.
Todo esto después de una polémica de la semana pasada, en la cual López Obrador declaró el jueves que quería desaparecer el Conapred y que la Secretaría de Gobernación se encargara del combate del racismo, porque no sería necesario crear un organismo «para cada demanda de justicia». Opinó que el Consejo se había creado durante la presidencia de Vicente Fox para simular, «comprar conciencias» y «darle trabajo a los allegados».
Un día más tarde, el viernes 19 de junio, la titular del Conapred, Monica Maccise Duayhe, presentó su renuncia irrevocable a la Segob «al priorizar que dicho organismo no solo debe existir, sino reforzarse». El presidente, en su conferencia de prensa matutina, dio un paso atrás y aseguró que el Conapred necesita una nueva titular, sólo que esta vez, debe ser una mujer indígena, ya que «sólo una persona que ha sufrido racismo sabrá defender estos derechos.»
Las organizaciones de mujeres indígenas no tardaron en sugerir diferentes personajes para el puesto, no sin dejar claro que es imperativo dotar de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados al Conapred a fin de que se cumpla su mandato de manera efectiva y se tomen las medidas para que cada entidad federativa cuente con una delegación encargada de recibir quejas relativas a la discriminación racial y promover políticas públicas tendientes a la eliminación de esta discriminación.
«Como frente plural, hemos consensuado aliarnos, para que en lugar de competencias, se fortalezca la alianza entre nosotras, visibilizando nuestros liderazgos y la capacidad de transformar instituciones, evitando la imposición, rechazando el uso de nuestros cuerpos y nuestra historia para legitimar un poder que no es el nuestro, que históricamente ha atentado contra nuestros derechos y dignidad como pueblos y mujeres indígenas», escribieron la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Casas de las Mujeres Indígenas, y Mujeres Colibri Colectiva LesBica Indígena en su comunicado.
Hicieron varias exigencias a la presidencia, a la Segob, y otras instituciones, entre ellas, fortalecimiento, autonomía, y recomendaciones vinculantes para el Conapred. También exhortaron al gobierno «a ser coherentes» con los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, a incluir y respaldar la lista de candidatas del frente plural de mujeres, «respetando nuestros propios procesos y formas de selección, bajo el principio: Nada sobre nosotras sin Nosotras».
La lista de candidatas que propuso el Frente Popular incluyó a Martha Sánchez Nestor, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI; Zenaida Pérez Gutiérrez, de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas ANPMI y Colectiva de Mujeres Indígenas en Movimiento MUAFRO; Fátima Leonor Gamboa Estrella, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y Mujeres Colibri Colectiva LesBica Indígena; Amaranta Gómez Regalado, de la Coalición Mexicana LGBTTI y Grupo de Mujeres Indígenas de la CDMX; Nelly Antonia Juárez Audelo, de la Alianza por la Reconstrucción de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México; Rubi Celia Huerta Norberto, de Académicas, académicos, gestores culturales y personas originarias de las 4 regiones P»urhépecha de Michoacán; Marcelina Bautista, de CACEH Trabajadoras del Hogar; e Ismerai Betanzos Ordaz, como Independiente.
Algunas de ellas ya se pronunciaron en redes sociales. «Sería un honor trabajar por un México libre de discriminación», escribió en Twitter Amaranta Gómez Regalado, quien es antropóloga social, mute trans mexicana, y activista en prevención del VIH.
La abogada y colaboradora de Equis Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa agradeció la nominación de la RAI, pero advirtió: «Este es un ejercicio donde no vamos a permitir ser tratadas como adorno o de manera simbólica para validar el autoritarismo, la colonización y la misoginia».
Sociedad civil llama a fortalecer Conapred, no desaparecerlo
Por su parte, en otro comunicado, más de 370 organizaciones, entre ellas Servicios y Asesoría para la Paz, Artículo 19, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Ipas, el Instituto para las Mujeres en la Migración y cientos de personas individuales, llamaron a fortalecer y consolidar el trabajo del Conapred y preservar su independencia y capacidad de gestión. El Conapred sería «una de las instituciones clave del Estado Mexicano para impulsar la plena realización de derechos de su población—incluyendo a ciudadanas usualmente olvidadas e invisibles», escribieron, y «solicitar la renuncia de su titular y argüir sobre la pertinencia de desaparecer al Conapred son acciones que representan un grave retroceso.»
Expresaron que el Conapred es «una de las pocas instituciones habilitada en el país para conocer casos de discriminación de empresas y particulares, además de casos con responsabilidad de servidoras y servidores públicos federales y la única cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes». Además, la institución atiende cada año alrededor de 6 mil quejas de personas que consideran haber sido discriminadas.
Las y los autores del comunicado recalcaron los díalogos, legislaciones y políticas impulsadas por el Consejo, «tan sólo durante este gobierno», como cambios en las leyes de seguridad social y federal del trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas en el artículo segundo constitucional; el desarrollo, con otras instituciones, de la Guía para la Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de COVID-19; o el esfuerzo (incipiente) por contener la precarización de las condiciones de trabajo y Derechos Humanos y laborales de jornaleras y jornaleros agrícolas, «uno de los grupos más precarizados y discriminados en México, ampliamente afectados por la emergencia sanitaria».
Además, el Conapred sería «una instancia clave para generar información y estadística confiable de evidencia concreta de la discriminación en México», que ha construido una agenda y «resultados tangibles no obstante contar con una estructura limitada», por lo tanto, las organizaciones hicieron un llamado enérgico a detener los ataques en su contra, y fortalecer al Conapred, y apostar por reforzar su independencia y capacidad de gestión.
