Mujeres migrantes son victimas de violencia en Mexico y Estados Unidos

(Foto:HERIKA MARTINEZ / AFP)

Las mujeres solicitantes de protección internacional no se sienten seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, y les preocupa que las puedan seguir sus agresores

Redacción Cimac Noticias 

Ciudad de México.-El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) recomendaron al gobierno de Estados Unidos y al de México evitar que sus políticas migratorias violen los derechos de mujeres y niñas.

Las mujeres con necesidades de protección internacional y aquellas que esperan en las ciudades de la frontera norte del país enfrentan secuestros, violaciones, trata de personas y otras formas de acoso, lo que agrava las traumáticas experiencias anteriores.

Así lo señalaron las organizaciones en su reporte «Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021», difundido este 2 de febrero, en el que la situación de mujeres y niñas es resultado de las políticas migratorias implementadas por ambos gobiernos.

Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al Imumi que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la secuestraron en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente. Esta experiencia fue tan traumática que después de que la liberaron decidió viajar a la Ciudad de México para pedir asilo mientras se alojaba en un albergue seguro, en ves de esperar en la frontera con Estados Unidos.

Las organizaciones también encontraron que las mujeres solicitantes de protección internacional no se sienten seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, y les preocupa que las puedan seguir sus agresores. El Imumi documentó casos de mujeres centroamericanas que fueron seguidas por sus agresores hasta territorio mexicano.

Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el «terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores». En el sur de México, Sara, una mujer hondureña, dijo al Imumi que ella y su familia fueron secuestradas por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha. Después de que Sara escapó de Honduras, uno de sus atacantes la encontró en Tapachula, Chiapas y la obligó, junto con su familia, a huir a otra ciudad y desistir de su solicitud de asilo.

Las organizaciones también observaron que las mujeres solicitantes de protección internacional son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, y enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.

Las mujeres a las que regresan a México, solas o con sus familias, viven muchos tipos de ataques violentos. Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4 por ciento de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México. Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles, aseguraron las organizaciones.

Por ejemplo, Jessica, una mujer hondureña que permanecía en una estación migratoria de la Ciudad de México, describió al Imumi cómo a ella y a una amiga fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez después de ser expulsadas de Estados Unidos. Los agentes abusaron sexualmente de ellas. Estuvieron detenidas en una estación migratoria en Ciudad Juárez durante dos meses antes de que las trasladaran a la Ciudad de México. Las mujeres fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional.

En otro caso documentado por el Imumi, a una mujer proveniente de Honduras le ofrecieron un empleo en Chiapas, México. El empleo resultó ser una trampa para someterla a trata de personas. Después de seis meses de ser abusada sexualmente de forma reiterada, logró escapar. A pesar de haber denunciado, las autoridades no la protegieron ni investigaron, lo que la obligó a salir de Chiapas y a buscar protección por sus propios medios.

Las mujeres solicitantes de protección internacional también son separadas de sus hijas e hijos como resultado de las políticas migratorias restrictivas. En algunos casos, las madres y los padres son víctimas de secuestro y sus hijas e hijos quedan solos buscando cruzar a un lugar seguro en Estados Unidos. Varios meses después de ser retornada a México, Sandra, una mujer hondureña, fue a buscar empleo al centro de Piedras Negras, Coahuila, donde la secuestraron y retuvieron durante tres días. Sus cuatro hijos cruzaron la frontera solos porque no sabían qué le había pasado a su mamá y tenían miedo.

En otros casos, debido al peligro en las ciudades de la frontera mexicana y las políticas estadounidenses que evitan que las familias y personas adultas soliciten asilo, las madres y los padres se ven obligados a tomar la decisión de enviar a sus hijas e hijos solos a un lugar seguro en Estados Unidos. Las mujeres solicitantes de protección internacional siguen esperando en condiciones precarias en ciudades de la frontera norte y sur de México.

A esto se suma que la limitada capacidad de los albergues en las ciudades de la frontera norte de México ha dejado a muchas mujeres durmiendo en las calles y en condiciones precarias, incluyendo los campamentos informales en Tijuana y Reynosa.

El personal de WRC habló en Tijuana con Elena, una mujer proveniente de Honduras, quien trató de tener un lugar para alojarse en los albergues de esa ciudad después de haber sido expulsada de Estados Unidos, pero la rechazaron por falta de capacidad. Se vio obligada a quedarse en condiciones precarias en una casa lejos del centro de la ciudad, 15 días después, ella y su familia trataron de solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron expulsados por la Patrulla Fronteriza a las calles de Tijuana, y un perro rabioso atacó y mató a su hijo de 20 meses de edad.

En Tapachula, Chiapas, mujeres solicitantes de asilo y sus familias esperan meses para que se resuelvan sus casos de asilo viviendo en albergues, cuartos rentados a las orillas de la ciudad o acampando en el parque central con acceso limitado a sanitarios y regaderas. Las mujeres solicitantes de protección internacional luchan por encontrar cuidados infantiles e inscribir a sus hijas e hijos a la escuela en México.

Recomendaciones

Por esto y más impactos negativos documentados en el informe, las organizaciones recomendaron al gobierno estadounidense eliminar las expulsiones bajo «Título 42», que expulsa a personas adultas y familias a México y a sus países de origen vía aérea y terrestre (vuelos de expulsiones); restaurar el acceso al asilo en los puertos de entrada para que las personas puedan acercarse y solicitar protección y otras medidas de ayuda en Estados Unidos;  dejar de presionar a México para que intensifique su política migratoria de contención e implemente nuevas restricciones de visado para las nacionalidades que lleguen en grandes cantidades; y revertir la expansión y reinstalación del Protocolo «Quédate en México».

En el caso del gobierno mexicano, las organizaciones recomendaron, entre otros puntos, destinar un presupuesto adecuado para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); reformar la Ley sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político para permitir que las personas sigan su proceso de asilo desde diferentes partes del país donde tengan familia y redes comunitarias de apoyo, mejores oportunidades de empleo y condiciones más seguras de estancia; garantizar que las mujeres que hayan sufrido o que sigan en peligro de violencia en México tengan acceso a programas de reubicación y servicios donde puedan esperar, con seguridad, sus procesos de asilo; y detener el uso de la Guardia Nacional y el Ejército en labores de control y contención migratoria, como lo establece la Ley de Migración, la Constitución mexicana y el Derecho Internacional.

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