El 31 de octubre se cumplen 22 años de la aprobación de la Resolución 1325 por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un instrumento que promueve la participación de las mujeres en la solución de conflictos, particularmente en las misiones de paz. La medida fue adoptada ante la desgarradora evidencia de ataques dirigidos contra mujeres en forma de violencia sexual sistemática en zonas de combate de la ex Yugoslavia, Ruanda y Somalia a finales de los noventa.
A partir de 2008 el Consejo aprobó un amplio paquete de resoluciones de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, que lo mismo se ocupan de delitos basados en género, como del impacto que ejercen los conflictos sobre las mujeres y las niñas y la presentación de informes sobre violencia sexual en los conflictos. También se ha avanzado en la inclusión de un lenguaje de género en los documentos que publica el Consejo: en el 2000 un 25% de las resoluciones incluían alguna referencia a las mujeres, pero el porcentaje fue aumentando hasta el 94% en 2013.
Para conocer sobre las buenas prácticas del programa sobre mujeres, paz y seguridad, la ONU elaboró un amplio estudio global (Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz) que demuestra que el empoderamiento de las mujeres contribuye al éxito de las conversaciones y al logro de una paz duradera, acelera la recuperación económica y fortalece las operaciones de paz; la participación de la mujer incrementa en un 35 por ciento la probabilidad de que un acuerdo de paz dure 15 años.
Desde hace dos décadas en nuestro país, ha sido notorio el papel de las mujeres en la exigencia de justicia y búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos como consecuencia del fenómeno de la inseguridad; desde los casos emblemáticos de Campo algodonero, hasta la lucha de Marisela Escobedo que tuvieron lugar en Ciudad Juárez, o la incansable labor de las integrantes del Colectivo Solecito en Veracruz, estas mujeres han sido afanosas buscadoras de vidas y promotoras de la paz. Su dolorosa lucha es ejemplar y parece no terminar.
En un país donde la violencia se ha vuelto la norma, necesitamos cambios profundos en el tejido social que fomenten la construcción de una cultura de la paz, mediante políticas inclusivas, de desarrollo comunitario, respeto al estado de derecho, prevención social de la violencia, mejora de la educación, inserción laboral e inversión pública en infraestructura. En este camino el acompañamiento de actores de la sociedad y liderazgos comunitarios es clave porque conocen el territorio y las necesidades más próximas, apoyar sus iniciativas debe ser un compromiso público.
