El voto femenino abrió una diminuta puerta para la participación político-electoral de ellas, a 63 años de esa conquista, aún falta mucho para el ejercicio pleno de sus derechos
Julieth Rodríguez, Fujiko Yamasaki / Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]on la conmemoración cada 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer se busca dar el paso por la igualdad de género, para que las mujeres gocen de las mismas oportunidades y derechos que los hombres en los distintos ámbitos.
En el caso de Chiapas aún hay un largo camino que recorrer, especialmente en materia de participación política de las mujeres y es que, aunque han pasado 63 años de que en México les fuera reconocido el derecho a votar y ser votadas en puestos de elección popular, el panorama no es tan alentador.
Pese a que hay antecedentes de que la entidad fue de las primeras en el país en reconocer la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular en 1917, según la publicación «Historia De La Ciudadanía De Las Mujeres En México», en la actualidad la inclusión de las chiapanecas en este sentido es muy limitada.
En declaraciones para Newsweek en español, la senadora Diva Gastélum expresó que los legisladores varones «son buenísimos para encontrar rendijas para evadir la responsabilidad que tienen con más de la mitad de la población que somos nosotras».
Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la Constitución de 1917, que dejó escapar la oportunidad de reconocer a la mujer en plenitud de derechos, al establecer en el artículo 35 el derecho de votar a los ciudadanos, sin especificar, que éstos comprendían a hombres y mujeres, pues se redactó en género masculino: «son ciudadanos». Esta ambigüedad que pareciera ser mínima, fue aprovechada en la Ley Electoral de 1918, que al seguir una interpretación letrista de la Constitución, estableció que el sexo masculino era un requisito para participar en las elecciones.
Es por ello que han sido necesarias las reformas para garantizar la paridad de género y el derecho de participación, muchas de las cuales han sido impulsadas desde la sociedad civil para honrar la lucha de varias generaciones de mujeres. Y es que, aunque es su deber impulsar la participación de la población en igualdad de condiciones las y los legisladores no siempre lo hacen.
Una muestra es lo que ocurrió en 2014 cuando en un discurso en el Congreso del Estado, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alma Rosa Simán Estefan, se manifestó en contra de la paridad de género, argumentando que las mujeres no estaban interesadas en la política.
Otro caso fue durante el proceso electoral del 2015 para renovar diputaciones y ayuntamientos en Chiapas y fue protagonizado por las y los consejeros electorales de la entidad, quienes no garantizaron el principio de la equidad de género en el registro de candidaturas.
Respecto a la violencia política, uno de los casos más recientes y que a la fecha sigue teniendo consecuencias es el de la presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez, quien fue obligada a renunciar después de haber ganado las elecciones de julio del 2015, debido a que la comunidad que no estaba de acuerdo con el resultado de las elecciones pues argumentaban que «una mujer no puede gobernar». Fue hasta en agosto del 2016 que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó su restitución.
Si bien existe un Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en el cual indica cómo identificar, actuar y donde presentar algún caso que violente el derecho de la participación de la mujer en la política, dicho documento no asegura la respuesta o solución efectiva de los casos.
La discriminación y violencia hacia las mujeres son el resultado de una sociedad que aún vive con prejuicios machistas, inclusive la idea de que una mujer llegue al poder es reprobable, como fueron las reacciones tras el anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) sobre la postulación de una mujer indígena como candidata para la presidencia de México en el 2018 por la vía independeinte.
Si bien es cierto que hay avances en la igualdad ante la ley, en lo que ONU Mujeres denomina «igualdad de facto» aún hay obstáculos y paradigmas que enfrentar para que las mujeres incursionen en la vida política de México en un terreno parejo. «No se corresponde el talento de las mujeres y su posición en puestos de poder», enfatiza Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México.
