Datos del RAN registraron que en el 2016 había cero mujeres que fueron propietarias de una tierra, en 2017 ya existían 250 mujeres con un propiedad, en 2018 pasó a 5 mil 788, en 2019 aumentó a 5 mil 578 y en lo que va del 2020 existen 3 mil 717, que de no aumentar al final del año puede considerarse que hubo una disminución
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Las mujeres rurales son las principales proveedoras de la seguridad alimentaria y nutrición de la familia, sin embargo sus derechos aún son limitados, a menudo se les niega disponer sus propios bienes, encontrar un trabajo con salario digno, asistir a la escuela, acceder a servicios de salud e incluso a comer más que los miembros de su hogar.
Estas mujeres rurales, quienes pertenecen a colectivas y organizaciones campesinas, explicaron que sí hay avances, pero estos no tienen un impacto efectivo en que ellas puedan ejercer sus derechos sin limitaciones, en particular en su derecho a alimentarse, pues sigue sin reconocerse su importante contribución en este campo.
En ese sentido, aclararon que aunque ya más mujeres rurales tienen la posibilidad de poseer sus propias tierras no saben cómo trabajarlas debido a que no alcanzan lugares dentro de los programas de financiamiento y capacitación, por lo que quedan en total vulnerabilidad y corren la posibilidad de que ellas y su familia sufran de hambre.
Datos del RAN registraron que en el 2016 había cero mujeres que fueron propietarias de una tierra, en 2017 ya existían 250 mujeres con un propiedad, en 2018 pasó a 5 mil 788, en 2019 aumentó a 5 mil 578 y en lo que va del 2020 existen 3 mil 717, que de no aumentar al final del año puede considerarse que hubo una disminución.
De sí poseer una tierra y trabajarla, las mujeres rurales -resaltaron- son obligadas a laborar más de 14 horas al día en quehaceres domésticos por las costumbres culturales que rigen a las comunidades. Situación que se complica si sus esposos migran y las responsabilizan de trabajar la tierra sin legalizarla bajo su nombre.
En estos casos, dijeron, las mujeres se ven en riesgo de ser violentadas y explotadas aún más por los y las familiares de sus esposos. «El trabajo doméstico es muy pesado…(se pasan) todo el día cocinando, moliendo, preparando tortillas, sirviendo de comer, levantando trastes, ropa y demás sin importar si ellas están enfermas», dijo Noemi, del Colectivo Mujeres Campesinas de Guerrero y Unión de Pueblos de Morelos.
Las mujeres, declararon, se vuelven jefas de familia y es necesario que distribuyan su tiempo entre el trabajo de campo, los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos y a la vez, garanticen el alimento y productos de la casa, lo que en muchos casos les es difícil al no tener un salario fijo, ni derechos laborales.
Estas jornadas de trabajo, expusieron, no son consideradas en sus comunidades como horas laborales, sino como descanso, en consecuencia, las mujeres no cuentan con tiempo para disfrutar de otras actividades. En suma, a la hora de la comida, son las mujeres quienes toman menos porciones de alimento como resultado de prácticas patriarcales.
Coincidieron que una de sus nuevas preocupaciones es velar porque el alimento y el trabajo no les falte, ya que como resultado de la contingencia la venta de sus productos disminuyó, sus tierras corren el peligro de secarse y muchas han sido despedidas.
En consecuencia, dijeron que desde sus colectivas y organizaciones han creado talleres y asambleas comunitarias en las que ellas hablan de sus necesidades para luego definir acciones que sí inciden dentro de sus comunidades como repartir casa por casa folletos con información sobre sus derechos y cómo identificar la violencia de género.
Por su parte, Leticia Correa, del RAN, explicó que la mayoría de los programas productivos solicitan que las personas sean ejidatarias de una tierra y sólo hay una quinta parte de mujeres ejidatarias. Además, recalcó que los programas enfocados en la alimentación destinan ayuda en un corto plazo, pero no existe una estrategia sostenible a largo plazo.
Ante ello, exigieron a la CEDAW recomiende al Estado mexicano, que adopte las medidas necesarias para asegurar que las mujeres rurales tengan acceso equitativo a todos los programas de producción y de alimento así como, proporcionar todos los tipos de formación educativa y emprender talleres de alfabetizaciones en las comunidades.
En este conversatorio que llevó por título «Las Mujer Campesina y el ejercicio del Derechos Humano a Alimentarse» también participaron la vicepresidenta de FIAN Internacional, Alicia Carriquiriborde, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), Norma Don Juan y el director en jefe de RAN, Plutarco García Jiménez.
