Defensores aseguran que en reuniones quedó evidenciada la invalidez del gobierno estatal por frenar la violencia contra las mujeres y el feminicidio en distintas regiones de la entidad, hasta la fecha no hay acciones, no hay recursos, no hay nada
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap] seis meses de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género (AVG) en siete municipios del estado, aún no hay un plan de trabajo que atienda a cabalidad la violencia de género, el gobierno estatal ha demostrado que no tiene la capacidad de responder y atender la medida urgente de alerta en un estado en el que ya han ocurrido 35 feminicidios en lo que va del año.
El pasado jueves 18 y viernes 19 de mayo, representantes de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas sostuvieron la tercera reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que tiene como fin dar seguimiento a la AVG en el estado.
Durante la reunión que tuvo como sede la capital, Tuxtla Gutiérrez, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo: la de coordinación e implementación de la AVG en localidades declaradas, en la cual estuvieron presentes algunos de los alcaldes municipales; la mesa de salud con funcionarios de la secretaría de salud estatal, y la mesa de justicia donde estuvieron presentes los representantes de las fiscalías de distrito y especializadas para el estado de Chiapas.
En ellas se abordó el incremento de la violencia y las muertes que han ocurrido en los últimos meses, derivadas del ausente plan de trabajo integral para implementar los lineamientos de la AVG, principalmente en municipios indígenas y regiones con presencia de población migrante.
En conferencia de prensa, llevada a cabo el martes 23 de abril en San Cristóbal de Las Casas, Gloria Guadalupe Flores Ruíz, del Centro de Derechos de la Mujer, dijo que Chiapas es uno de los estados que más presupuesto ha recibido en la materia, sin embargo, consideró que hay nulo avance y retrocesos en la implementación de la AVG.
«Se ha identificado que no tienen la capacidad para responder y abarcar de fondo este problema, la coordinación para la implementación recayó en la Procuraduría General del Estado y existe una falta de competencia y desinformación con respecto a los términos de migración, marginación y violencia indígena.»
Además, dijo que la AVG en Chapas se distingue del resto por la interculturalidad, algo que el Estado ignora, es completamente incompetente y no sabe ni como «entrarle al tema».
En este sentido, Martha Figueroa Mier, recalcó que el gobierno ha demostrado su incapacidad para cumplir con el mandato federal y, de alguna manera, ha intentado hacer pasar acciones que de por sí han estado implementadas en el estado como parte del cumplimiento a la declaratoria.
Quienes integran la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas han declarado que a seis meses de la AVG no está en marcha ni siquiera la primera etapa informativa para conocer qué es; además el Instituto de Comunicación Social del gobierno estatal no ha atendido las observaciones hechas en su momento por las peticionarias.
Señalaron que es urgente que se reestructure el GIM y se designe a quienes tengan capacidad de coordinación, operación, gestión y convocatoria, se realice un programa viable y con recursos transparentes y se establezca la coordinación con las demandantes y no se realicen acuerdos sin la presencia oficial de alguna de ellas.
Advirtieron que la ausencia física del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, es muestra de la falta de interés y voluntad política para atender la Declaratoria y aseguraron que seguirán exigiendo al estado que cumpla con el deber de garantizar a las niñas y mujeres a tener una vida libre de violencia.
