En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos de feminicidio subieron 40 por ciento
Miriam González Sánchez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Sin importar el país, mujeres y niñas de la región Latinoamericana comparten violencia, exclusión, pobreza, abusos, deserción escolar, embarazos forzosos, feminicidio, exclusión laboral y nulo acceso a la salud, así lo compartieron mujeres concejalas y la presidenta municipal de México, Colombia, Chile y El Salvador durante el Conversatorio regional «Experiencias de las mujeres en la política en apoyo a la población, acciones y retos».
En el evento que fue convocado por la organización chilena «Desarrollo Sin Fronteras», la presidenta municipal de Tlaxcala, México, Anabell Avalos Zempoalteca; la concejala del movimiento político «Estamos Listas en Medellín», Colombia, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales; la concejal de la municipalidad de Viña del Mar, Chile, Laura Gianicci Natoli; y Keyla Cáceres de León, especialista en incidencia parlamentaria y organización comunitaria de El Salvador, coincidieron en que la crisis sanitaria por COVID-19 ha evidenciado las múltiples situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres, no obstante las respuestas de los Estados que no han tomado en cuenta el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, convirtiéndose en un reto mayúsculo los esfuerzos que realizan desde sus espacios políticos.
En Medellín, la pandemia exacerbó las violencias que viven las mujeres. Incrementaron los casos de feminicidio, la violencia familiar y sexual. De enero a la fecha han desaparecido 15 mujeres. Sin embargo, pese a que existen varias implementaciones gubernamentales en materia de género, no existe voluntad política para enfrentar estas violencias.
Al igual que en México, hubo un aumento en las llamadas a los números de emergencia por violencia, sin embargo, las denuncias no prosperan pues para el sistema judicial éste continúa siendo un tema accesorio. La violencia contra las mujeres es una pandemia poco visibilizada.
En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos de feminicidio subieron 40 por ciento. De enero a junio, a nivel nacional, se iniciaron 18 mil 884 carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 2 mil 824 se abrieron en junio, lo que representó un incremento del 18 por ciento comparado con las registradas en mayo.
«Encerramos de golpe a las mujeres con sus agresores, en medio de una cuarentena estricta, en un estado de excepción, con tanquetas en las calles combatiendo el virus, ¿por qué?, lo único que esta acción desencadenó fueron violaciones y desaparición de niñas», puntualizo Keyla Cáceres, de El Salvador.
«La violencia contra las mujeres en el contexto de la COVID-19 es un panorama igual en toda la región. En Chile, las mujeres se enfrentan a una diversidad de violencias e incremento del trabajo del hogar», dijo en su oportunidad, Laura Gianicci.
Trabajo de cuidados
Otro tema que cruza a los cuatro países fue el de cuidados. Ante el confinamiento, el trabajo no remunerado de las mujeres se exacerbó. Para Dora Saldarriaga «si no se reconocía el aporte de las mujeres en los cuidados y cómo ellas son quienes sostienen los sistemas productivos de los países, la crisis sanitaria lo puso en la lupa, sin embargo, se sigue mirando como un deber ser de las mujeres».
El trabajo no remunerado se ha multiplicado en el confinamiento, a las labores de quehaceres del hogar se han sumado el cuidado de personas adultas mayores, de niñez y adolescencia y la instrucción escolar. A nivel mundial los datos demuestran que con cada 2 horas más de trabajo de cuidados diario que tiene una mujer pierde 10 por ciento de trabajo remunerado.
«Para los hombres el tema del cuidado lo tienen resuelto, siempre es una mujer la que lo resuelve». Mientras que para las mujeres se multiplicó este trabajo, al trabajo remunerado desde casa, se sumó el trabajo del hogar, el cuidado de la familia, y la atención escolar de hijas e hijos. «En una breve encuesta encontramos que para las mujeres se habían incrementado entre 4 y 6 horas de cuidados a diferencia de los hombres», puntualizó la Concejala de Medellín.
Empleo
En materia de empleo remunerado, en el caso de El Salvador, una parte importante de su economía sobrevive de la industria textil, las maquilas, donde trabaja un porcentaje alto de mujeres adultas con enfermedades crónicas. Con la pandemia, se incrementó la explotación laboral, a los sueldos bajos, se le sumó el despido masivo y el freno en el acceso a la salud. Muchos de los patrones dejaron de pagar las cuotas de salud, bajo la pasividad del gobierno, desde febrero de 2020. «Las mujeres no han podido acceder a la salud; las han despedido sin un pago correspondiente por su trabajo y antigüedad. El gobierno permanece callado».
Para Viña del Mar este escenario es familiar. Lejos de los reflectores del Festival de Viña del Mar, esta ciudad es donde existe el mayor número de campamentos de extrema pobreza en el país, y el segundo lugar nacional con personas adultas mayores.
«La pandemia nos tomó en un momento brutal. Actualmente no hay ingresos, están cerradas las fuentes de empleo (casinos, hoteles, servicios) y las que más enfrentan estos despidos son las mujeres. Las trabajadoras del hogar son las más golpeadas, y recién en el Congreso se acordaron de ellas». La pobreza tiene rostro de mujer, sin embargo, aún en la pandemia están invisibilizadas.
Mientras que las personas adultas mayores viven una violencia estructural implícita y empobrecida. Llegar a una edad adulta también implica el empobrecimiento y el olvido de los familiares, donde las mujeres adultas mayores son las que enfrentan las peores condiciones.
Incremento de embarazos en niñas y adolescentes
Otro de los retos que enfrenta la región son los embarazos de niñas y adolescentes. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de bajos y medianos ingresos no puedan tener acceso a anticonceptivos modernos, por lo que se prevén hasta 7 millones de embarazos no deseados.
En El Salvador, se incrementaron los embarazos en niñas de 10 a 19 años de edad. «Tenemos registrados más de 6 mil embarazos en el contexto de la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 hemos registrado un incremento de embarazos de niñas de 10 a 14 años de edad, una violación legitimada por el Estado. Un Estado que se olvidó de poner la mirada de género en cada una de las decisiones que tomó para mitigar esta pandemia».
En medio del coronavirus, la violencia y la violencia sexual desembocaron en embarazos a una edad muy temprana que limita las posibilidades de las niñas, en medio de Estados que las obligan a tener esas hijas e hijos y que no les dan la libertad de interrumpir un embarazo no deseado que pone en riesgo su salud. Necesitamos garantizar a las niñas un futuro y no la maternidad forzada a la que ahora se están enfrentando. El Instituto Guttmacher calcula que este año se producirán al menos tres millones de abortos en condiciones de riesgo.
Actualmente 90 por ciento de los hospitales en el país son para COVID-19, por lo que no hay monitoreo, seguimiento y, en algunas instituciones, persiste el desabasto de medicamentos. A nivel mundial, se estima que 113 mil mujeres podrían morir por no tener acceso a salud reproductiva durante sus embarazos a raíz de la pandemia.
Acceso a la educación
En materia educativa, las cuatro mujeres coincidieron que en medio de un regreso escolar inminente, la deserción escolar al terminar este año será enorme. En el caso de El Salvador, sólo 17 por ciento de la población tienen acceso a internet, lo que impacta a las niñas y adolescentes de las zonas más marginadas.
«En El salvador a las niñas que no tienen WhatsApp para recibir y enviar tareas, les pidieron ir a la escuela a recoger las guías de trabajo, eso significaba ponerlas en riego porque las calles están llenas de policías y soldados, además que se tenía un control para la salida por lo que su madre, padre o tutor tampoco podían salir todos los días a traer las tareas», señaló Keyla Cáceres.
Como un acto para romper el aislamiento físico a través de la comunicación virtual, las mujeres coincidieron en que uno de los principales retos que enfrentan en medio de la pandemia es colocar en la agenda pública los retos y necesidades que enfrentan las mujeres de sus países. No puede existir ningún intercambio de ideas, foros, discusiones sin que las mujeres estén presentes. «Ese es nuestro trabajo permanente en estos cargos, que se visibilice dónde están las mujeres, sus retos y necesidades, y con ello construir políticas públicas con perspectiva de género. No se trata sólo de llegar e implementar las agendas que están colocadas sino colocar la agenda de los Derechos Humanos de las mujeres», coincidieron.
«Estar en el mundo de la política no es fácil, pero sí una oportunidad para hacer un cambio. Un frente común entre mujeres de Latinoamérica. Conocernos más allá de las fronteras. Hay mucho por hacer para cerrar las brechas de género».
Los Estados necesitan resolver la desigualdad social que nos ha llevado a las mujeres a ser el eslabón más débil en medio de la pandemia. Si no existe una voluntad política para resolver las brechas de género se van a incrementar en los siguientes años, concluyeron.