El nivel de impunidad es del 98 por ciento en el país porque a las autoridades no tienen voluntad política ni les interesa asegurar la vida de las mujeres y reconocer sus Derechos Humanos
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Es necesario que las autoridades mexicanas y las personas que resultaron electas en las pasadas elecciones desarrollen políticas públicas con perspectiva de género, interculturales e interseccionales y destinen un presupuesto suficiente para ellas a fin de garantizar que las mujeres dejen de ser asesinadas, violadas, discriminadas, y agredidas, demandaron defensoras de diversas organizaciones que son parte del «Pacto Feminista por los Derechos Humanos de las mujeres».
Cabe recordar que el «Pacto Feminista» es una alianza feminista que inició en junio de este año con el fin de exigir al Estado mexicano y a las personas que resultaran electas del proceso electoral 2021 que de manera inmediata atiendan las problemáticas que afectan a las mujeres y niñas como la violencia feminicida y sexual, brecha salarial, matrimonios forzados, entre otras.
En conferencia de prensa virtual, detallaron que la violencia contra las mujeres y niñas se ha exacerbado aún más en el país debido a la pandemia, lo que se ve reflejado en las más de mil 500 muertes y las 129 mil carpetas de investigación por violencia familiar en los primeros 5 meses de 2021, las 33 mil lesiones dolosas contra mujeres, y los mil 400 homicidios dolosos contra mexicanas, es decir más de 11 ciudadanas asesinadas al día.
A pesar de este panorama, dijeron, 8 de cada 19 violaciones sexuales son registradas y 2 de cada 100 casos llegan al poder judicial y obtienen justicia. Estas cifras demuestran que el nivel de impunidad es del 98 por ciento en el país porque a las autoridades no tienen voluntad política ni les interesa asegurar la vida de las mujeres y reconocer sus Derechos Humanos.
«Cualquier acción o programa que no vaya acompañado de un presupuesto es una demagogia, por eso también solicitamos la incorporación de las organizaciones civiles a la democracia y que se garantice que las organizaciones sean las receptoras de los recursos federales», dijo la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales.
Señalaron que es indispensable que las autoridades electas y todas en general fortalezcan los mecanismos de protección como son las casas de emergencia o de transición o los refugios, pues 40 por ciento de los casos de feminicidio ocurren dentro de los hogares y en los últimos años se han registrado 5 mil casos de violencia sexucal contra niñas y niños en las escuelas del país.
Exigieron que las personas en cargos de poder prioricen en sus agendas legislativas las necesidades de las mujeres y niñas y que los tres poderes del gobierno trabajen de manera puntual y colaborativa en estrategias a favor de las ciudadanas, ya que las 23 Alertas de Género declaradas en distintas entidades del país no han repercutido en disminuir los obstáculos y violencia contra las mexicanas.
También demandaron que la «3 de 3 de violencia» sea aprobada en todo el país como una ley y no quede en un simple lineamiento electoral con el fin de que se evite la incorporación a cargos públicos y de decisión a hombres que sean deudores de pensión alimenticia, hostigadores sexuales y agresores de mujeres. Sólo 0.83 por ciento de los candidatos han cumplido con la declaración de la «3 de 3 de violencia», de acuerdo con datos de Cimacnoticias citados por las panelistas.
Además de ello, solicitaron que los congresos de cada estado aprueben el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo como una premisa básica para que ellas puedan desarrollarse de manera plena su sexualidad y reproducción. «No basta con que en 4 estados la interrupción legal del embarazo sea una realidad si aún en otros estados se encarcela a las mujeres que dedican o tuvieron que abortar por alguna razón», dijo la defensora de «Las Constituyentes Mx», Verónica Palafox.
Resaltaron que es importante que se diseñen políticas alineadas con los convenios internacionales y signados por México para así abolir la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas, los matrimonios infantiles, y el alquiler de vientres, los cuales deben ser tratados como delitos y juzgados con perspectiva de género.
Además, las autoridades trabajen porque las ciudadanas reciban un salario digno, licencias de ausencia con apoyo económico, y disfruten de un espacio laboral libre de acoso sexual, en suma, pidieron que se impulse la instalación de un Sistema Estatal o Municipal de Cuidados que reconozca el derecho al tiempo y al cuidado propio de las mexicanas.
«Las mujeres y nuestros derechos no son temas coyunturales, por ello desde las Redes Feministas y ciudadanas vigilaremos porque los tres poderes del Estado y sus instituciones de gobierno y sus organismos autónomos cumplan con los instrumentos internacionales y leyes nacionales que aseguran el goce y el ejercicio de sus Derechos Humanos a las mujeres», finalizó la defensora de la «Red Nacional de Alertistas», Marina Reyna Aguilar.
Las organizaciones que forman parte de este Pacto son «Frente Feminista Nacional», «Las Constituyentes Mx», «Mira-Pensadoras urbanas», «Nosotras tenemos otros datos», «Red de Género y Medio Ambiente», «Red Nacional de Alertistas» y «Red Nacional de Refugios».
