La defensora de los derechos políticos de las mujeres agregó que hay evidencia de que en México se alargan los juicios donde las mujeres son víctimas o se congelan las carpetas de investigación
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Los señalamientos de violencia que pesan sobre algunos hombres que quieren competir por puestos de elección popular en los comicios del 6 de junio muestran la necesidad de repensar los parámetros que el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó en 2020 para obtener candidaturas.
Ante la situación de creciente violencia de género, en octubre de 2020 el Consejo General del INE acordó adoptar un mecanismo para cerrar las puertas del poder a los políticos que agredieran mujeres. Sin embargo, al revisar lo que sucede en el actual proceso electoral, la consejera Carla Humphrey Jordan consideró que será necesario replantear los parámetros que fijó la autoridad electoral.
En entrevista con esta agencia, la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, explicó que la realidad dice que hay que repensar la «Declaración 3 de 3 contra la violencia de género», el documento que este año se pidió como requisito para solicitar una candidatura.
Por medio de esta declaración, las y los aspirantes deben entregar al INE una carta firmada, donde declaren, bajo protesta de decir verdad, que no tienen condena o sanción firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, ni por ser deudor alimentario moroso.
La propuesta conocida como en redes sociales como #3De3VsViolencia, nació de una propuesta de la sociedad civil y fue impulsada por diputadas federales, defensoras de los derechos políticos de las mujeres, la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y Las Constituyentes Feministas, quienes consiguieron que se incluyera en los acuerdos aprobados por el INE.
Meses después de adoptar este mecanismo, en enero de este año salió a la luz el caso del entonces precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente de dos casos de violación sexual. Este político solicitó su registro como candidato ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, y al no tener una sentencia firme, pudo presentar su «3 de 3».
Además de Salgado Macedonio, quien obtuvo su candidatura este 4 de marzo, otros políticos acusados de ejercer de violencia son Elías Medel Galindo, precandidato de Movimiento Ciudadano a diputado local y señalado de pedofilia; y Gamaliel Ochoa Serrano, candidato del PRD a una diputación federal y denunciado penalmente por hostigamiento y abuso sexual, ambos fueron bajados de la candidatura por sus partidos.
Otros señalados cuyos casos tuvieron menos eco fueron Gabriel Cuadri, precandidato a una diputación federal por la coalición PRI, PAN y PRD y mencionado como acosador sexual; y Alfonso Vázquez, candidato de Morena a una diputación feral. Ambos políticos fueron acusados de acosar a sus alumnas cuando eran profesores.
A decir de Humphrey, los casos han hecho ver que los parámetros de la «3 de 3», en donde se pide sentencia firme para negar una candidatura, no son los adecuados y que hay que repensarlos porque una forma en que se violenta a las mujeres es negándoles la justicia pronta y expedita. Es decir, no todos las denuncias de violencia de género llegan a tener sentencias firmes contra los agresores.
La defensora de los derechos políticos de las mujeres agregó que hay evidencia de que en México se alargan los juicios donde las mujeres son víctimas o se congelan las carpetas de investigación. Sin embargo en 2020, cuando se incluyó la «3 de 3» en la ley, este tema no se vio porque se tomó en cuenta la presunción de inocencia y por esa razón se pidió que hubiera sentencia condenatoria para evitar que los agresores compitan por cargos de poder.
