Crear un partido político es visto como un negocio. Sus “operadores”, como si fuera una empresa, hacen números para saber si es rentable o resulta más conveniente dejar pasar la oportunidad.
El negocio de los hacedores de partidos radica en el presupuesto, en la posibilidad de incrustarse en el gobierno y con las relaciones públicas que poseen, comerciar entre agentes privados con actores públicos. Ninguna de estas tres cosas es, en principio, ilegal. Los partidos políticos, por ley, tienen derecho a prerrogativas federales y estatales para sus actividades, ya que las aportaciones privadas representan un porcentaje muy pequeño de su presupuesto; formar y participar en los gobiernos es la vocación de estas organizaciones ya que para eso participan en las elecciones. Lo más natural es que parte de su militancia se sume a las tareas gubernativas o administrativas si triunfan, y si una persona con militancia partidista satisface los requisitos puede ofrecer sus servicios y bienes a la administración pública volviéndose proveedor. Ser miembro de un partido no restringe las actividades empresariales privadas.
No obstante, la realidad ha demostrado que, en lugar de ser un vehículo para canalizar demandas ciudadanas, potenciar la participación y hacer pedagogía cívica, algunos partidos políticos han funcionado como fuentes de ingreso para familias o grupos, desvirtuando su función y dañando la imagen de estos actores principalísimos en la democracia representativa.
El caso del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) es ejemplar. Mostró la forma en que una familia pudo hacerse no sólo del control de una organización presuntamente ciudadana, sino usar, como si fuera generado por sus miembros, el dinero destinado por el Estado a sus tareas.
Producto de una carta anónima, enviada en 2002, el entonces Instituto Federal Electoral investigó durante nueve meses las operaciones, prácticas y mecanismos del PSN que en las elecciones del 2000 había formado parte de la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El destinatario de la misiva no pudo ser alguien mejor: Alonso Lujambio, a la sazón presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE.
Cuando esa primera comunicación llegó, el Consejo General ya había investigado el muy impúdico desvío de fondos de Petróleos Mexicanos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional, conocido como el caso Pemexgate. Este caso, junto con el de “Amigos Fox”, aunado a la calidad de las elecciones de la primera alternancia le dieron al IFE y los integrantes de su Consejo un prestigio inusitado. José Barragán Barragán, Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Cantú Escalante, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, el ya referido Lujambio, y José Woldenberg, entre otros, se sentaron en la “herradura de la democracia”.
Una pormenorizada relación de hechos la brinda Carina García quien en su reportaje en El Universal muestra cómo el PSN hizo transferencias a empresas privadas creadas por los propios directivos del partido, simulando actividades para quedarse con el dinero. Finalmente, se le retiró el registro en 2003.
El número de partidos en este 2025 con registro nacional son seis: PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. La historia de cada uno de ellos ha hecho que una parte significativa de la ciudadanía los apoye, aunque eso no los exime de que a veces, más; a veces, menos, hayan tenido “raspones” con el uso del dinero. ¿Será que es tanta la tentación que ninguno se salva?
En las entidades federativas hay partidos locales. Con reglas similares a las existentes en la federación, la fiscalización es fundamental para supervisar y castigar, si es el caso, el manejo de los recursos. Como lo hizo el IFE, transformado en Instituto Nacional Electoral, el dinero que se le da a los partidos debe ser supervisado con lupa, aunque, detengámonos un momento, eso no debería ser necesario ya que se supondría –y esto aplica sólo en el mundo de lo ideal– que las personas directivas de los partidos hacen bien su tarea.
Mercenarios de la política hay en todos lados y están listos para actuar. La ciudadanía y las autoridades tienen que estar alerta para cerrarles el paso, evitando un nuevo (o nuevos) PSN.
