Con el apoyo clave de un senador panista, la polémica reforma del Poder Judicial fue aprobada en lo general con 86 votos a favor; de ser ratificada, ¿significará el riesgo de una justicia a modo o se abre una puerta a una justicia más alineada a las necesidades del pueblo?
Aquínoticias Staff
El Senado de la República aprobó hoy en lo general la polémica reforma al Poder Judicial, en una votación que atrajo la atención del país debido a las implicaciones que trae para la estructura del sistema de justicia mexicano. La reforma fue ratificada con 86 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados, frente a 41 en contra, en una sesión que estuvo marcada por la tensión política y enfrentamientos entre legisladores de la oposición.
El senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue clave al votar a favor, mientras que el emecista Daniel Barreda se ausentó. Esta ausencia provocó críticas de su compañera de bancada, Alejandra Barrales, quien solicitó suspender la votación debido a que Barreda se encontraba en Campeche. Sin embargo, la petición fue ignorada, lo que elevó aún más el clima de confrontación. Ante esta situación, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, advirtió: “¡La reforma va!”, manteniendo la votación uno a uno debido a la falta de tablero electrónico.
Cambios estructurales en la Suprema Corte y el Poder Judicial
La reforma, considerada una de las más profundas en la historia del sistema judicial mexicano, incluye la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Estos nuevos ministros, así como jueces y magistrados, serán electos por voto popular, lo que representa un cambio radical en el método de selección. Esta medida ha generado controversia, pues se propone que las elecciones se realicen cada tres años, coincidiendo con las elecciones federales, lo que según algunos críticos, podría politizar el Poder Judicial.
Además, se establece que las remuneraciones de los jueces y magistrados no podrán superar el salario del Presidente de la República, y se elimina la pensión vitalicia de los ministros. Con este ajuste, se busca limitar los privilegios y fomentar la transparencia dentro del sistema judicial, en línea con la visión del presidente López Obrador de reducir los excesos en la administración pública.
En cuanto a las funciones de la SCJN, se propone eliminar las dos salas que la conforman para concentrar todas las decisiones en sesiones plenarias. También, para aprobar sentencias será necesario el voto de al menos seis de los nueve ministros, lo que aumenta el umbral para decisiones trascendentales.
Nuevos órganos y mecanismos de supervisión
Otro aspecto relevante es la desaparición del Consejo de la Judicatura, que será sustituido por dos nuevos órganos: uno administrativo encargado de la supervisión del sistema judicial y otro denominado Tribunal de Disciplina Judicial, cuya tarea será investigar y sancionar a los jueces y magistrados que no cumplan con los plazos establecidos para resolver casos. Este tribunal tendrá el poder de recibir denuncias tanto de ciudadanos como de otras autoridades.
Un cambio importante es que el sistema judicial estará obligado a resolver conflictos en un plazo máximo de seis meses, y en caso de no hacerlo, se iniciarán investigaciones por parte del Tribunal de Disciplina.
Reacciones y contexto político
La aprobación de esta reforma ha desatado una intensa confrontación política. Mientras Morena y sus aliados defienden que esta medida traerá mayor transparencia y acercará la justicia a la ciudadanía, partidos de oposición como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han denunciado que estas modificaciones debilitan la autonomía del Poder Judicial.
El presidente López Obrador, sin embargo, ha defendido la reforma, argumentando que no debilita al Poder Judicial, sino que lo fortalece: “La legitimidad emanada del poder popular cerrará la brecha entre el Poder Judicial y la sociedad”. Además, resaltó que la transformación busca recuperar la confianza ciudadana en los jueces y magistrados, luego de que varias figuras judiciales han sido señaladas por corrupción.
Implicaciones económicas y sociales
Desde el ámbito económico, la reforma promete un ahorro significativo al reducir el número de ministros y eliminar beneficios vitalicios, aunque críticos señalan que la politización del sistema judicial podría generar incertidumbre en inversiones futuras, al depender las decisiones judiciales de votaciones populares.
En cuanto al impacto social, esta reforma podría redefinir el equilibrio entre los poderes de la nación, abriendo la puerta a un Poder Judicial más alineado con las necesidades y expectativas del pueblo, pero también con el riesgo de que los jueces respondan a dinámicas electorales. El desafío principal será mantener la imparcialidad y la independencia del sistema judicial en este nuevo marco.
Con la aprobación en el Senado, la reforma al Poder Judicial avanza, y de ser ratificada en las próximas semanas, México podría estar ante una transformación histórica en su sistema de justicia. La primera elección de jueces por voto popular se llevaría a cabo en 2025, lo que marcaría el inicio de una nueva era judicial en el país.
Con información de Milenio
