En noviembre de 2021 se efectuaron elecciones para renovar la presidencia de Nicaragua, un mero trámite en el que Daniel Ortega obtuvo el 75% de los votos para ampliar por cinco años más su gobierno al lado de su esposa, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta. La dupla Ortega-Murillo despejó el camino a su segundo mandato, encarcelando a decenas de líderes de oposición acusándolos de ser agentes de gobiernos extranjeros.
Mediante juicios sumarios fueron sentenciados a largas condenas activistas y políticos contrarios al régimen, en prisiones con características propias de una dictadura. De forma sorpresiva, el 9 de febrero fueron liberados y expatriados 222 disidentes a Washington; mientras volaban la Asamblea Nacional modificó la Constitución para despojarlos de la nacionalidad por “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo”, lo que demostraba el control absoluto del poder judicial y legislativo. Entre los deportados se encontraban Dora María Téllez (la Comandante Dos del sandinismo), Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, aspirantes presidenciales en 2021.
Una semana después 94 opositores (que se encontraban en el exilio) también fueron considerados apátridas y se ordenó el decomiso de sus bienes. Entre los proscritos se encuentran exdiputados, exdiplomáticos, periodistas, líderes religiosos y conocidos personajes como el escritor Sergio Ramírez, galardonado con el Premio Cervantes y excompañero de Ortega en los ochenta, lo mismo que mi admirada poeta y feminista Gioconda Belli, antigua militante del Frente Sandinista y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez.
El destierro ha sido el último recurso de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder sin sobresaltos y bajo sus propias reglas que incluyen desde enero, la prohibición a los turistas de portar cámaras y binoculares durante su estancia en esa nación centroamericana. El Frente Sandinista derrocó a la dinastía de Anastasio Somoza en 1979 tras medio siglo enquistada en el poder. Daniel Ortega, que fue pieza clave pero no única en ese triunfo, gobernó Nicaragua por vez primera entre 1985 y 1990 y desde 2007 a la fecha, poco más de dos décadas en total. Hoy Nicaragua padece todo aquello que combatió con coraje el comandante y que le valió la cárcel durante siete años.
Tras la insólita decisión de despojarles su nacionalidad, el gobierno español ofreció de inmediato otorgarles la ciudadanía y el mandatario chileno Gabriel Boric condenó duramente la medida. Nadie más en América Latina se pronunció respecto a la deriva autoritaria en un país que parece condenado a vivar bajo la sombra de un solo hombre. Aunque lo retrasen, siempre llegará un nuevo amanecer.
