La falta de inversión en la prevención, ha traído como resultado que el número de mujeres en situación de prostitución en las fronteras Norte y Sur del territorio mexicano incrementara de forma considerable en los últimos años, de acuerdo con la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas del Caribe, Tere Ulloa Ziaurríz
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]P[/dropcap]or usos y costumbres, en algunas comunidades indígenas del estado prevalecen la explotación y la prostitución de niñas novias, un tipo de trata con propósitos sexuales que pasa inadvertida en la entidad, señaló la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas del Caribe, Tere Ulloa Ziaurríz.
Con base en los resultados de un reciente estudio elaborado por la Fundación Thomson Reuters, que indican que tres de cada cuatro víctimas de trata en la frontera se casaron siendo niñas, declaró que en los últimos años este delito se ha agravado debido a las altas tasas de impunidad y las políticas ineficientes de prevención que existen a nivel federal y estatal.
La falta de inversión en la prevención, ha traído como resultado que el número de mujeres en situación de prostitución en las fronteras Norte y Sur del territorio mexicano incrementaran de forma considerable en los últimos años, según especificó la directora regional del organismo.
La mayor parte de las mujeres que se encuentran en esta situación han sido llevadas desde sus comunidades rurales como niñas novias o niñas esposas; señaló que incluso algunas de ellas salen del estado ya embarazadas.
Especificó que de acuerdo con los datos de la Fundación Thomson Reuters y los resultados del informe de 2011-2016 realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado, las niñas que han sido víctimas de trata con propósitos sexuales (principalmente en el Norte del país) han sido forzadas a vivir en situación de explotación y prostitución por sus propios esposos.
Con el discurso de que saldrán del estado en busca de mejores condiciones de vida y una educación, las engañan para ser llevadas principalmente a Ciudad Juárez y a Tijuana, donde son prostituidas en centros nocturnos.
De acuerdo con Tere Ulloa, la pobreza y el patriarcado son las principales razones de la prevalencia de las niñas novias en el estado, y advirtió que mientras no haya construcción de vida digna para las mujeres, la trata de niñas y mujeres indígenas para fines sexuales seguirá como una realidad en las comunidades más marginadas del territorio chiapaneco.
«Me preocupa Chiapas, porque tenemos muy alta población indígena, porque aunque se diga que este es un gobierno que atiende a todas las mujeres, yo digo que este gobierno atienda a ciertas mujeres, de ciertas clases sociales».
La trata de personas es considerada la industria criminal que más ha crecido en México y, según indican estadísticas de Índice Global de Esclavitud 2016, publicado por la Fundación de derechos humanos «Walk Free», por lo menos 380 mil personas son esclavizadas en el país.
Sin embargo, la impunidad propicia que los niveles no reduzcan aun cuando la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, señala que las personas sentenciadas por el delito de trata de personas y beneficio de la explotación sexual pueden ser sentenciados hasta con 45 años de prisión.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que fue aprobada en el 2014 estipula que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser de 18 años, las niñas en el estado pueden casarse desde los 14, mientras que los niños pueden hacerlo a partir de los 16 años, siempre y cuando tengan el consentimiento de sus padres.
Otro de los problemas que afectan principalmente a las comunidades indígenas y marginadas en la entidad es la desaparición de bebés y niños. Los datos indican que la gran mayoría de ellos nunca vuelve a casa debido a que ni siquiera están registrados, es decir, no hay cómo reclamarlos porque no tienen personalidad jurídica.
«Yo creo que a este gobierno, este tipo de cosas no le importan mucho; estos son delitos con multiplicidad de causas y efectos, dañan a la víctima, a las familias y a la comunidad entera pero al gobierno eso, le importa muy poco».
Los niveles tan altos de niñas que están siendo entregadas a la delincuencia organizada, preocupan a activistas, organizaciones civiles e instituciones internacionales, por lo que exige al gobierno federal y los congresos locales, poner el tema en el centro del debate y en la agenda pública, hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y sobre todo frenar la explotación, violencia y abusos sexual en contra de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas.
