Las niñas y adolescentes, en particular las que viven en situación de calle o en zonas rurales, se enfrentan a diversas formas de violencia y discriminación que obstaculizan sus derechos
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Integrantes de la red «Nosotras Tenemos Otros Datos» demandaron que el gobierno mexicano emprenda acciones para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios seguros, gocen de una educación sexual y reproductiva integral, y existan mecanismos de atención efectivos para la niñez en situación de calle o que sufre de violencia en sus hogares.
Las integrantes de esta red -integrada por académicas, organizaciones, colectivas y demás- declararon que las niñas y adolescentes, en particular las que viven en situación de calle o en zonas rurales, se enfrentan a diversas formas de violencia y discriminación que obstaculizan sus derechos, desde tener acceso a agua potable para sus periodos de menstruación hasta contar con papeles oficiales.
Cuestiones, explicaron -en conferencia virtual- que se están agravando aún más debido a las limitaciones por la emergencia sanitaria, al encierro que las niñas y adolescentes pueden estar pasando junto a sus agresores y a las recientes iniciativas que buscan modificar la forma de enseñanza en las escuelas.
Ejemplo de ello, dijeron, es el nuevo modelo de educación que exige a las niñas y adolescentes de zonas rurales contar con internet, un equipo de cómputo, un celular o televisión para seguir estudiando cuando algunas de ellas no cuentan con servicios básicos como agua o luz y sus padres son ajenos al uso de la tecnología.
Este modelo, añadieron, agudiza las desigualdades y no contempla cómo los contextos de las niñas y adolescentes cambian al estar en casa, tanto que ellas y sus madres son obligadas a repartir su tiempo entre los quehaceres de la casa, el cuidado de la familia y cumplir con sus tareas escolares o trabajo si es el caso, lo que puede alejarlas de desarrollar más sus conocimientos.
Expusieron que para el 2021 alrededor de 435 millones de niñas y mujeres vivirán con menos de 1.20 pesos al día, lo que llevará a 47 millones de ellas a una situación de pobreza como resultado de la pandemia.
Respecto a la educación, también resaltaron las diversas reformas a la Ley de Educación para crear un Pin Parental, que pretende otorgar a las madres, padres o tutores el poder de decidir qué información reciben sus hijas e hijos, en específico en asuntos de salud sexual y reproductiva.
Propuestas que ponen en riesgo el derecho de la niñez a recibir conocimientos para su desarrollo y además son contrarias a lo establecido en las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes porque vulnera su derecho a recibir una educación laica, libre e informada.
En estas acciones, comentaron, el Estado se ha convertido en un cómplice, pues en lugar de detener las iniciativas, parece querer aprobarlas. Hasta el momento, los estados donde se ha buscado implementar estas reformas son Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Baja California, Oaxaca, Yucatán, Sonora, Ciudad de México, Guanajuato, y Tlaxcala.
Las organizaciones, colectivas e instituciones han demostrado que estas propuestas son un retroceso que va a profundizar los embarazos tempranos, los abortos inseguros y el abuso sexual infantil al dejar en total desinformación a las niñas, niños y adolescentes.
«Necesitamos que existan modificaciones en pro de los derechos. No queremos propuestas que retrocedan los marcos jurídicos vigentes. Exhortamos al Congreso de Tlaxcala y al gobierno mexicano que cumpla con sus obligación de proteger la vida de las niñas, niños y adolescentes», dijo Giovanny Pérez López de «Constitución Violeta Tlaxcala».
Respecto al cumplimiento del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing -instrumento firmado hace 25 años, donde 189 Estados se comprometieron a impulsar acciones para que los medios contribuyan al adelanto de las mujeres- las defensoras expresaron que los avances son insuficientes, ya que la violencia sexual, los matrimonios forzados y los casos de feminicidio infantil se han exacerbados en los últimos 25 años.
Ante ello, expusieron que es importante desarrollar políticas públicas con perspectiva de género y desde la participación de las niñas y adolescentes para que sean útiles en atender sus verdaderas necesidades.
En particular, agregaron, es urgente diseñar modelos de atención para las que se encuentran en situación de calle o tienen problemas de drogadicción para que dispongan de espacios donde no vivan más violencia y se les auxilie para obtener documentos como su credencial de elector, acta de nacimiento y todo aquel requisito que necesiten.
En esta conferencia participaron Alexia Dom de la asociación «Caracol», Gabriela García Patiño y Kenia Pérez de «Girls Not Brides», Nadia Serra de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la Ciudad de México (CDMX) y la presidenta de la CNDH de la CDMX, Nasheli Ramírez.
