No es de usted / Eduardo Torres Alonso

El inicio del gobierno federal y del periodo político-administrativo de varios ayuntamientos en el país, entre ellos los de Chiapas, son ocasión propicia para recordarle a quienes ocupan responsabilidades de carácter gubernamental que son empleados públicos, con obligaciones, derechos, facultades y atribuciones.

Su actuar está limitado a lo que dispongan los ordenamientos jurídicos (la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales, la Carta Magna de la entidad federativa y los ordenamientos secundarios locales, entre otros) y que el ingreso y permanencia de nuevas personas servidoras públicas debe realizarse mediante procesos transparentes y apegados a la norma. Su voluntad, la de los nuevos titulares del poder, está supedita a la ley. Suena romántico, pero así es. Al menos, así debe ser.

Es necesario recordar lo anterior porque en cada cambio de administración del nivel que sea, las personas que llegan tienen la tentación, muchas veces concretada, de emplear a personas con las que existe alguna relación (sentimental, filial, familiar, de amistad, de complicidad o de cualquier otro tipo) sin que tenga el perfil necesario para el puesto. Nepotismo, amiguismo, compadrazgo. Hay adjetivos para ello. “Voy a meter a mi gente”, como si los empleados al servicio del Estado tuvieran dueño.

Más aún, los nuevos gobernantes utilizan los recursos a su alcance como si fueran suyos. Por supuesto que no lo son. Están ahí para hacer un uso responsable de ellos en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, el uso patrimonial del gobierno es una práctica normal. En efecto, este vicio se ha normalizado porque las personas buscan satisfacer sus necesidades: de empleo, unas, y de subalternos leales, otras. Se gasta irresponsablemente, se beneficia a las amistades y se sobrepaga, porque se puede y porque en esas acciones hay quienes obtienen beneficios.

Sí, se puede porque a pesar de los esfuerzos para desincentivar las prácticas corruptas, las investigaciones son lentas y los castigos no inhiben la comisión de delitos. Se puede porque en la red de corrupción los favores y los rendimientos se comparten. “Yo siempre le pedí a Dios, no que me diera, sino que me pusiera donde hubiera”, dice Tin Tan en Calabacitas tiernas, película de mediados de los cincuenta del siglo XX. Esa frase ha pasado a ser emblema de la corrupción nacional: “no me des, ponme donde hay”. Desnuda y exhibe esa enfermedad que se niega a desaparecer por completo. Así es la cultura mexicana: se burla de sus males.

Muchos favores electorales y políticos se saldan una vez formado el gobierno. Los equipos de “trabajo” llegan cuando se hacen las designaciones y luego aparecen en la ventanilla de la pagaduría cada quincena o cada mes, sin que otro día pongan un pie en la oficina. Gobiernos municipales, estatales y dependencias de la administración pública federal expiden licencias a nuevos pilotos aviadores cuyas horas en el aire están más que acreditadas por venir recomendado.

Nuevos gobiernos, nueva oportunidad de cambiar para bien las cosas. Hay esperanza, pero no ingenuidad.

A aquellos que usen como propios el dinero y bienes públicos y contraten sin rigor, hay exhibirlos y castigarlos. Eso no es de usted, hay que decirle al corrupto, al ladrón, al mal gobernante.

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