La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que significó la supresión del financiamiento público estatal a los partidos políticos para destinarlo a los trabajos de reconstrucción por el sismo de septiembre pasado; no es la primera vez que la SCJN le enmienda la plana al Congreso del estado
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a «tumbaron», así como advirtió que sucedería el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la reforma que en Chiapas significó la supresión del financiamiento público estatal a los institutos políticos.
El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado aprobó la modificación al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en lo concerniente al financiamiento público de los partidos. El monto: Unos 160 millones de pesos anuales, que serían destinados como recursos para la reconstrucción de los 97 municipios afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre.
Pese al conflicto legislativo que ello representaría, apenas el 4 de enero de este año el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) anunció que acataría el ordenamiento del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de apegarse a la reducción especificada por esta reforma electoral local.
Esto, a pesar de que los consejeros y consejeras se manifestaron en desacuerdo, no obstante, se veían obligados a conducirse así, puesto que la instancia jurídica resolvió a favor del juicio de inconformidad promovido por el representante del Partido Verde Ecologista de México contra el órgano público local electoral.
Con antelación, el consejero presidente del IEPC Oswaldo Chacón Rojas, en entrevista con el periodista Sergio Melgar Recinos, reconoció que todos los modelos del financiamiento son revisables pero, ante la ordenanza en Chiapas de prescindir de los fondos públicos e ir a la contienda con el privado, destacó que era imprescindible prepararse para que este tipo de iniciativas se acompañen de otras medidas con el fin de que intereses oscuros e ilegales no secuestraran la vida institucional del país.
Ahora, por 10 votos contra uno, el Pleno de la SCJN estableció que la modificación aprobada por el Congreso chiapaneco a la legislación local violó la veda prevista en el Artículo 105 de la Constitución Federal, que prohíbe reformas a normas electorales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso, puesto que fue publicada el 2 de octubre, cinco días antes de que arrancasen esas actividades en la entidad. En cuanto se publicó la modificación legislativa, presentaron impugnaciones ante la Corte, los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática.
De acuerdo con información retomada por el diario Reforma, ahora, tras el fallo de la Corte, el IEPC calculará el monto que asignará para campañas en 2018.
Cuando ocurrió la aprobación, el Congreso de Chiapas afirmó en el decreto que la reforma no era «sustancial», y por tanto no afectaba la veda, ya que los partidos seguirían teniendo acceso a financiamiento privado». Además, como caso excepcional ante los eventos de septiembre, privilegiaba «la vida, la salud y la integridad de la población por encima de los derechos de los partidos políticos», se lee en el decreto estatal.
El periódico de circulación nacional también especifica que el proyecto estudiado por la Corte (del ministro Eduardo Medina Mora) proponía declarar que la reforma de Chiapas también violó los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, que ordenan a los estados garantizar financiamiento público para los partidos; pero la mayoría de ministros consideró suficiente la violación a la veda de 90 días para invalidar la reforma.
Lo que dijo Córdova
Días después que el Congreso del estado aprobara la reforma, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello advirtió de su inconstitucionalidad y que muy probablemente sería echada abajo.
En entrevista con Luis Pablo Beauregard, del diario El País, el titular de la máxima autoridad electoral de la nación habló acerca de las diversas propuestas similares a la de Chiapas que se suscitaron tras los sismos de septiembre.
Aunque admitió ser partidario de rebajar el dinero público, dijo que «hemos llegado a unos excesos en los montos que se destinan a financiar la política». También enunció: «Hay una sobre reacción. Parece que los políticos están asumiendo un sentimiento de culpabilidad y esta propuesta tiene una buena dosis de demagogia».
En el caso específico de la eliminación de las prerrogativas en Chiapas, una de las entidades más afectadas por los terremotos y donde se aprobó lo propuesto por el que aún era presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, el pevemista Eduardo Ramírez Aguilar, Córdova opinó que la decisión sería impugnada y que el caso llegaría a la Suprema Corte de Justicia. Acertó en sus vaticinios.
