La Diócesis de Tapachula pidió fronteras más fraternas y menos militarizadas, y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum un enfoque más humano al fenómeno migratorio
Aquínoticias Staff
En un contexto marcado por la creciente crisis migratoria que afecta la frontera sur de México, la Iglesia Católica, a través de la Diócesis de Tapachula, ha lanzado un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que implemente un cambio radical en la política migratoria del país. El responsable de la Pastoral de Movilidad Humana, César Cañaveral, advirtió que las medidas actuales no solo han fracasado, sino que han empujado a los migrantes hacia situaciones de mayor vulnerabilidad, expuestos a la violencia, el crimen organizado y el tráfico de personas.
La situación migratoria en México ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, con miles de personas desplazándose desde Centroamérica y otros países hacia los Estados Unidos, utilizando el territorio mexicano como paso obligatorio. Sin embargo, según el clérigo, el endurecimiento de las medidas de contención en la frontera sur ha convertido a esta región en un terreno especialmente peligroso. Mientras antes los focos de violencia y peligro se concentraban en la frontera norte, ahora el sufrimiento de los migrantes comienza en el sur. «Este flujo migratorio es imparable, y la política de contención y detención solo ha orillado a los migrantes a caer en manos de delincuentes», aseguró Cañaveral.
El problema de fondo, según la Iglesia, radica en una política que ha priorizado la militarización y la detención, en lugar de ofrecer soluciones humanitarias y coordinadas que respeten los derechos humanos. En cifras, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2019 y 2023, las quejas contra autoridades migratorias aumentaron un 43%, reflejando la incapacidad del Instituto Nacional de Migración (INM) de proporcionar condiciones seguras y dignas para los migrantes. Los malos tratos, la discriminación y la falta de acceso a documentación adecuada son problemas recurrentes que agravan la situación.
A lo largo de los últimos meses, Tapachula se ha convertido en un epicentro de tensiones migratorias. Con una población local que lucha por absorber a miles de migrantes varados en la ciudad, los recursos y la infraestructura han sido insuficientes para atender las necesidades básicas de quienes buscan seguir su camino hacia el norte del país. La falta de un enfoque más fraternal y menos coercitivo en las políticas fronterizas ha dejado a los migrantes en una especie de limbo legal y humanitario, haciéndolos presa fácil de redes delictivas. «La política migratoria que hasta ahora se ha implementado ha provocado que muchos individuos y organizaciones criminales, movidos por la ambición, vean a los migrantes como una fuente de ingreso», añadió el sacerdote.
Esta situación no es nueva. En los últimos cinco años, el crimen organizado ha encontrado en el tráfico de migrantes una lucrativa fuente de ingresos. Según estimaciones del Centro de Estudios Migratorios, los cárteles de la droga han diversificado sus actividades hacia el tráfico de personas, obteniendo ganancias cercanas a los 800 millones de dólares anuales solo en la frontera sur. Los testimonios de migrantes atrapados en esta red criminal son desgarradores: extorsiones, secuestros y abusos físicos son parte de la realidad diaria que enfrentan.
Cañaveral subrayó que la Iglesia no solo es testigo de esta crisis, sino también actor. A través de casas de acogida y redes de apoyo, la comunidad católica ha intentado llenar el vacío que las políticas gubernamentales no han logrado cubrir. No obstante, el trabajo de la Iglesia es insuficiente frente a la magnitud del problema. «La Iglesia pide a las autoridades una imprescindible política migratoria que respete los derechos humanos, proporcionando desde información clara y precisa hasta asistencia en las dificultades que enfrentan los migrantes en su camino», insistió.
La crítica de la Iglesia hacia el INM es directa. El clérigo subrayó la necesidad de que el instituto actúe con mayor celeridad y humanidad al emitir los documentos necesarios para que los migrantes puedan transitar libremente por el país. En la actualidad, obtener estos permisos es un proceso que puede demorar semanas o incluso meses, tiempo en el cual los migrantes quedan varados en ciudades fronterizas como Tapachula, sin acceso a recursos básicos ni protección frente a la violencia. Este estancamiento crea un entorno propicio para la explotación y el abuso.
El llamado a Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia de la República recientemente, no es solo un reclamo, sino una súplica por un enfoque más humano. La implementación de políticas más inclusivas y menos militarizadas podría, según la Iglesia, aliviar parte de la presión que actualmente recae sobre los migrantes. «Las fronteras, tanto al norte como al sur, deben ser más fraternas y menos militarizadas», recalcó Cañaveral, destacando que el objetivo debe ser la protección de las personas, no su represión.
En un país que enfrenta múltiples desafíos, desde la inseguridad hasta la desigualdad económica, la crisis migratoria añade una nueva capa de complejidad. México ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en una nación de destino para miles de migrantes que buscan refugio y oportunidades. Sin embargo, las políticas migratorias actuales no han evolucionado para reflejar esta nueva realidad. A medida que la presión sobre la frontera sur aumenta, también lo hace la urgencia de encontrar soluciones que prioricen los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.
La Diócesis de Tapachula, al igual que muchas otras organizaciones de la sociedad civil, continuará abogando por estos cambios, esperando que la nueva administración federal escuche sus demandas. Mientras tanto, la situación en la frontera sur de México sigue siendo crítica, con miles de personas atrapadas en un sistema que, en lugar de ofrecerles seguridad, los empuja hacia el peligro.
Con información de Diario del Sur
