La iniciativa que busca librar a las comunidades y municipios indígenas de la injerencia de los partidos políticos corre el riesgo de no ser aprobada debido a la rentabilidad electoral que representan; cerca del 40% de la votación a gobernador en 2012 provino de ese sector poblacional
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]unque Chiapas es la tercera entidad con mayor población indígena, sólo detrás de Oaxaca y Yucatán, los usos y costumbres de sus comunidades autóctonas aún no han sido incluidos enteramente en la legislación estatal, lo que no les ha permitido el disfrute pleno de sus derechos como pueblos originarios; de incluirse estas figuras en la Constitución Política del Estado, se trataría de un acto de justicia social para acabar con las condiciones de desigualdad y exclusión que han privado sobre estos territorios a lo largo de la historia.
Las propuestas emanadas de los foros que la LXVI Legislatura convocó para la Reforma Integral a la legislación estatal destacan la importancia de reconocer los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas; de retomar a la letra los Acuerdos de San Andrés Larráinzar; así como el deber del Estado de respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos en relación a la elección de sus autoridades.
Estas propuestas surgen en el marco de condiciones de inestabilidad que han detonado en municipios originarios, dejando al descubierto la magnitud de la descomposición social en estas zonas pero, ¿serán acaso estos episodios violentos, el clamor de los pueblos que han sido llevados al límite de la ignominia?
Rentabilidad electoral
En 2012, Manuel Velasco Coello llegó cobijado por la alianza «Compromiso por Chiapas» a la gubernatura del estado, con un triunfo avasallador al adjudicarse el 67.14 por ciento de las votaciones. La coalición fue integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
Según la investigación «Manuel Velasco Coello, ¿fenómeno de popularidad en Chiapas?», ese porcentaje se traduce en un millón 343 mil 980 votos. Esta cifra apenas supera por 12 mil 546 personas a la población indígena de la entidad que asciende a un millón 356 mil 526 individuos, de acuerdo con la Estadística de Población 2016 de la Secretaría de Hacienda en Chiapas.
Este sector de la población —fundamental para la victoria del Verde en la entidad— equivale al 42.1 por ciento de los 3 millones 217 mil 229 de personas en el padrón electoral de la entidad, contabilizadas por el Instituto Nacional Electoral hasta el 9 de diciembre de 2016.
Es decir, reconocer a nivel constitucional la autodeterminación de los pueblos originarios y por ende, que elijan mediante usos y costumbres su sistema de gobierno, significaría que ese millón 356 mil 526 individuos dejaría de ser parte del padrón electoral, una «mochada» de más del 40 por ciento que representa un duro golpe contra intereses de los partidos políticos que han sido acusados de la fragmentación al interior de las localidades indígenas, que ha derivado en actos violentos.
La situación ha llegado a tal grado, que en agosto de 2017, líderes de 105 comunidades autóctonas del municipio de Oxchuc acordaron la expulsión de los institutos políticos para volver a sus ancestrales sistemas de organización. Tomaron esta determinación en medio de la polémica desatada por la orden que emitió en septiembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de restituir en la Presidencia Municipal a la alcaldesa constitucional María Gloria Sánchez Gómez, a quien acusaron de mantener un cacicazgo político en complicidad con su esposo.
En febrero, al menos 30 mil habitantes de 115 mil localidades eligieron mediante plebiscito a Óscar Gómez López como su nuevo presidente municipal. Mientras tanto, las autoridades de los tres Poderes no han dado muestra de interés por garantizar las condiciones mínimas para que Sánchez Gómez se reincorpore a la alcaldía.
Constitucionalización
Respecto al caso de Oxchuc, la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Araceli Burguete Cal y Mayor, opinó que el conflicto se debió a una ruptura del equilibrio de poder que antes se lograba con la inclusión de cada uno de los barrios del municipio, dentro del cuerpo edilicio; forma que se dejó de lado con la aparición de los partidos políticos.
En un artículo publicado en febrero de este año en el portal Chiapas Paralelo, explica que el equilibrio «anteriormente se lograba al integrar el ayuntamiento municipal de una manera plural, incorporando la representación de los barrios, las regiones y los linajes» mediante acuerdos previos entre grupos. «En esta lógica, idealmente todos ganaban… Pero esta forma de organización de la distribución del poder se perdió».
Identifica un patrón de dominación y estructuración del poder en el que destacan elementos como profesionales indígenas que ostentan los liderazgos visibles (se excluyó a campesinos de la representación política local); agresión al presidente en turno, a la alcaldía, en plebiscitos; y polarización en bandos (el poder lo han ostentado de manera alternada en 15 años solamente dos familias).
Así como «faccionalismo al seno de las comunidades a las que se les exigen lealtades políticas para aplicar políticas sociales clientelares; imposición de agentes y comités municipales en las comunidades afines al presidente municipal en turno y creciente intervención de los partidos políticos».
La experta también propone la solución: «En mi perspectiva, para que el conflicto social pueda encontrar un cauce hacia la distensión, debe apostar hacia la reconstitución del tejido social en Oxchuc y devolver a las comunidades su derecho a la integración de su propio gobierno indígena».
Estas elecciones serían mediante la integración de un nuevo concejo municipal electo a través del procedimiento de usos y costumbres o plebiscito; sin embargo, cualquiera de estas figuras tendría primero que conocerse y luego reconocerse a fin de «crear un marco legal para los mismos, que puedan ser encausados en un marco jurídico de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas».
En su publicación Burguete Cal y Mayor considera que la acción gubernamental ante los conflictos no debería ser la de usar recursos de mediación, sino regular generando legislación que reconozca el sistema de usos y costumbres como vía legal para la elección de sus autoridades municipales.
También enlista el marco legal que delimita el margen de maniobra para ello: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, artículo 2º de la Constitución de la República, y el 26 de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (28 de mayo de 2014). Asimismo, expresa: «Una sólida legislación reconoce el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno».
Vemos, entonces, que mientras los casos de autonomías indígenas reconocidas en otras latitudes y la opinión de especialistas en el estado apuntan hacia la constitucionalización de los usos y costumbres para elegir autoridades y conformar su gobierno en pos de la gobernabilidad y la paz social, los partidos políticos –particularmente el partido en el poder–, podrían impedir la aprobación de dicha iniciativa al ver mermada drásticamente su rentabilidad electoral en franca ruta al proceso 2018.
