Quiero detenerme el día de hoy en el informe que sobre México realizó El Comité de Desapariciones Forzadas tras su visita oficial a nuestro país y que se dio a conocer recientemente, y lo hago porque en él se colocan alertas importantes que deben tomarse en cuenta en nuestro país, en primer lugar, por las autoridades para hacer su tarea y hacerla bien, pero también por la sociedad para poder hacer vigilancia ciudadana.
Y por ello quiero recuperar una información que contempla el Informe y que ha pasado desapercibida y no se ha profundizado lo necesario.
Me refiero a las desapariciones de mujeres y niñas, que aún cuando está colocado en los primeros puntos del informe se ha quedado marginado, pero que es de enorme trascendencia a la luz de la violación a los Derechos Humanos de las mujeres que ocurre en México.
Y no es que el dato que señala el documento del Comité no existiera con anterioridad sino que al colocarlo en el marco del análisis de la desaparición forzada en México como responsabilidad del Estado, remarca el deber presidencial y de todas las instituciones, en sus obligaciones para proteger y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres.
Y aún cuando desde Palacio Nacional se busca hacer a un lado su deber, el Informe del Comité no deja duda que lo que ocurre en México en materia de desaparición forzada tiene como actores a funcionarios públicos, ya sea por omisión en su actuar o por la colusión con estructuras criminales.
Y no es que se quiera poner en el banquillo de los acusados a nadie, sino que el Informe brinda elementos para actuar en concordancia con el mandato constitucional de proteger y garantizar los Derechos Humanos.
Las evidencias que coloca el Informe es que la desaparición forzada que ocurre en México no es sólo del pasado o de la época de los sesenta, sino que es una realidad que ocurre actualmente, si bien no como una acción de represión sí hay una relación con la política de militarización de las tareas de seguridad.
Otro elemento fundamental que señala y que tiene que ver precisamente con la desaparición de niñas y mujeres, es que los perpetradores responden al momento actual que vive México, son estructuras criminales y civiles.
En cuanto a las estructuras criminales señala que están relaciones con la trata y la explotación sexual comercial, que no son sólo nacionales, sino incluso transnacionales. Las desapariciones de niñas y mujeres también están ligadas a delitos sexuales y feminicidio, porque los criminales usan la desaparición de sus víctimas como un modo de ocultar sus crímenes.
Es este el análisis sobre lo que ocurre en México. El Comité llama la atención en el incremento de desapariciones de mujeres, en especial de jóvenes y niñas en plena pandemia.
Otro elemento nodal que señala el Comité como parte de las falencias del Estado Mexicano es que las autoridades no actúan inmediatamente para buscar a las y los desaparecidos, pues en muchas entidades aún siguen esperando 72 horas para iniciar carpetas de investigación con lo cual dejan la responsabilidad de la búsqueda a las familias, desde el inicio, hasta el final.
En el caso de las mujeres y niñas esta inacción de las autoridades está basada en prejuicios sexistas y machistas, si bien esto no lo señala el Informe, en otras recomendaciones nacionales e internacionales se ha señalado.
Hay que recordar que desde que las madres de víctimas de Ciudad Juárez denunciaron la falta de actuación de las autoridades en la década de los noventa, hasta el día de hoy las madres de víctimas en todo el país señalan reiteradamente que una de las razones que dan las autoridades para negarse a iniciar una carpeta de investigación por desaparición de una mujer, especialmente si es joven, «es que se fue con el novio», si está casada el pretexto «es que está queriendo darle un susto al marido», o cosas peores.
Ser mujer, adolescente o niña en México, son combinaciones que incrementan el riesgo para ser desaparecidas. Este es el drama que evidencia el informe del Comité de desapariciones, pero además señala que este delito no es igual en todo el país sino que hay entidades que tienen datos escandalosos de desaparición de mujeres y niñas. De acuerdo con la información que recabaron, entidades como Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, rebasan al doble el promedio nacional de mujeres y niñas desaparecidas.
Bajo los parámetros internacionales la desaparición de mujeres es un delito de lesa humanidad porque ocurre sistemáticamente y las autoridades dejan que suceda; y eso, le guste o no al actual gobierno federal, lo hace responsable de lo que está ocurriendo, como lo señala el Informe del Comité, que, insisto, hay que estudiarlo.
