Desde hace más de 30 años, tres comunidades tienen presencia en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, en la selva Lacandona: Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio, por lo que apelaron a su derecho a la tierra, pues detrás de la disposición del Poder Ejecutivo parece hallarse un mecanismo de confiscación
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap] unos días de la inesperada visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la selva Lacandona del estado, misma que recientemente fue decretada como «zona de salvaguarda» y en donde se crearán cuatro nuevas áreas naturales protegidas, indígenas apelaron a su derecho a la tierra pues detrás de esta disposición del Poder Ejecutivo se halla un mecanismo de despojo.
Según la propia Presidencia de la República, el 5 de diciembre pasado, en el marco de esa visita, el primer mandatario giró instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para evitar la regularización de asentamientos irregulares, a efecto de garantizar que se mantenga como zona natural protegida.
No obstante, desde hace más de 30 años, tres comunidades tienen presencia en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, en la selva Lacandona: Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio.
De acuerdo con un reportaje del proyecto Pie de Página —de la Red de Periodistas de a Pie—, los habitantes de la selva Lacandona son de las etnias tseltal, tsotsil, chol y lacandón, por tanto, herederos de la cultura maya. Los de las tres comunidades antes mencionadas, llevan cuatro generaciones viviendo en la zona (desde mediados del siglo pasado), mucho antes que fuera declarada reserva.
«Entre 1822 y 1920, empresas internacionales talaron millones de árboles de cedro y caoba. El propio gobierno federal creó su propia empresa maderera en la zona en 1972», lo que acabó con extensiones de árboles maderables y afectó la biodiversidad. «Hoy, los indígenas siguen en lucha, mientras el gobierno los culpa de que la riqueza biológica de la región se está perdiendo por su presencia en la selva Lacandona», se lee en el trabajo periodístico de Ángeles Mariscal.
Cuatro días después del arribo de Peña Nieto, se efectuó el «Primer foro regional sobre la defensa de la tierra, vida y territorio y contra la Gendarmería Ambiental» en el ejido Amador Hernández, al que asistieron pobladores de Galilea, Benito Juárez, Pichucalco, Chapultepec, Candelaria, San Gregorio, Betania, Santa Lucía, Nueva Ibarra, San Jacinto, San Francisco, San Salvador, Israel y Barrio Guadalupe.
Además de manifestarse contra la imposición en la zona de elementos de la Gendarmería Ambiental, el líder comunitario e indígena tseltal, Abelardo Cruz Jiménez, hizo otros pronunciamientos: «El motivo de esta reunión es porque están reunidos los grandes ricos en Cancún (COP 13)… Lo que le decimos a los empresarios y al gobierno es que nosotros los indígenas somos los que cuidamos nuestro territorio, aquí han muerto nuestros ancestros y está nuestra herencia maya. Nosotros aquí nacimos y aquí vamos a morir».
La preocupación de los indígenas responde a las estrategias de despojo sistematizado de las que han sido víctimas a través de la historia. No obstante, el destierro es sólo una de las formas de violencia que pesa sobre sus derechos humanos desde hace más de 20 años, a pesar de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que suponían respeto y mejora en sus condiciones de vida, lo que sería garantizado por el Estado mexicano en coincidencia con tratados internacionales.
Acuerdos de San Andrés, letra muerta
El titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, en su artículo «Los acuerdos de San Andrés: 20 años de indiferencia», considera que se trató del proceso de construcción de acuerdos más amplio y horizontal que se ha producido en México en las últimas décadas pues expresaban no sólo el sentir del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país.
También opinó que la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001, durante la administración panista de Vicente Fox Quesada, excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos que habían sido acordados en San Andrés; este incumplimiento «ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos».
En perspectiva, de 1994 a la fecha, han sido muy lentos y pocos los avances en materia indígena. Sólo de dos años para la actualidad, hubo un incremento de medio millón en la cifra de indígenas pobres (se pasó de 72.3 a 73.2 por ciento de personas en esta situación); y de 300 mil, en la de aquellos en pobreza extrema (el porcentaje de este rubro pasó de 30.6 a 31.8 por ciento), según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aunque se redujeron el rezago educativo, la inaccesibilidad a los servicios de salud y seguridad social, así como incrementaron la calidad y los espacios en la vivienda, otras carencias sociales aumentaron como los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Esto último con la mayor variación al pasar de 34.4 por ciento a 38.8 por ciento, es decir, 600 mil personas más que en 2012.
Fracasan políticas subsistencialistas
El experto Martínez Veloz explica que a pesar de las reformas jurídicas aplicadas y los cada vez mayores recursos destinados para los pueblos indígenas, el avance es muy lento en materia económica y social porque se trata de un fallo estructural. «La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales ha fracasado. Los datos del Coneval no mienten», describe en su artículo.
Mientras esta situación no sea modificada, los indígenas continuarán «representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso, menor representación política y los que sufren la mayor discriminación entre los diversos grupos».
«A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, comprometida por el presidente de la República en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU celebrada en septiembre de 2014, junto a las luchas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas, salir del atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten», sugiere.
Por último, advierte que sin estos cambios no se resolverían las tensiones históricas que, de no ser atendidas por la vía institucional, «generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puede generar violencia y vulnerar la gobernabilidad del Estado Nacional».
