La elección de un perfil profesional 100 por ciento ciudadano abonaría a los esfuerzos por recuperar la confianza ciudadana; no se trata sólo de conocimiento sino de fuertes convicciones democráticas; sin compromisos partidistas
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l 14 de julio próximo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá la convocatoria para el proceso de selección y designación, para cubrir la vacante de consejera/o electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.
Este proceso de designación se iniciaría como consecuencia del fallecimiento del consejero Jesús Pineda de la Cruz —el 10 de junio pasado—, quien era uno de los siete integrantes del Consejo General del IEPC en Chiapas elegidos por el INE, en mayo de 2016, tras la destitución de los consejeros por su implicación en el caso de fraude electoral en torno al diputado migrante.
Ante el deceso, se abre el procedimiento que permitiría a ciudadanos de diversos perfiles «aplicar» para la convocatoria en la que, ha trascendido, algunos actores políticos con determinados intereses también pensarían competir.
No obstante, esta designación representaría también la oportunidad de validar la certeza de la autoridad local en los comicios venideros y con ello, fortalecer la toma de decisiones democráticas.
El proceso
Quienes estén interesados en participar deben estar pendientes de la publicación de la convocatoria en el portal del INE y el IEPC, donde también se colgarán los requisitos y formatos a entregar durante el registro de aspirantes que se llevará a cabo del 17 al 19 de julio, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del INE en el estado de Chiapas.
Respecto a las características a cumplir para postularse, están contenidas en el artículo 100, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). A rasgos generales, los candidatos al registro deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento; estar inscrito en el Registro Federal de Electores (RFE); y contar con credencial para votar vigente.
Asimismo, tener más de 30 años de edad al día de la designación; título profesional de nivel licenciatura (antigüedad mínima de cinco años); gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno; ser chiapaneco o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años, y no tener algún impedimento constitucional o legal para aspirar al cargo.
La Legipe también advierte en los Requisitos de Elegibilidad que quien aspire al cargo necesita no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.
Tampoco haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser gobernador, ni secretario de Gobierno; tampoco presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos. Menos, haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad.
Cualquier ciudadano que cumpla con los requerimientos puede presentar el examen de conocimientos el próximo 12 de agosto, si acredita esos requisitos; después, continúa a la siguiente etapa, la presentación de un ensayo, el 2 de septiembre. «Las personas cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista», informó el mismo INE, pues el 30 de ese mismo mes deberá darse a conocer quién ocupará el cargo vacante.
Aunque no se abunda en la cuestión del perfil profesional de los postulantes —puesto son detalles que se abordarán en la convocatoria—, se esboza una idea si se consulta la Guía para aspirantes del proceso de selección y designación de consejeros (presidentes y electorales) de los organismos públicos locales, elaborada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval y emitida en 2014.
El documento explica que el examen se distribuye en dos áreas, la teórica normativa y la de procedimientos electorales. De esta forma, quien lo presente deberá dominar los conocimientos en:
• Sistema político mexicano
• Sistema jurídico mexicano
• Sistema de Partidos
• Sistema electoral
• Proceso electoral
• Candidaturas independientes
• Consulta popular
• Régimen competencional
• Atribuciones especiales del INE
• Voto de mexicanos residentes en el extranjero
• Sistema jurisdiccional electoral (federal y local)
• Resultados electorales
Su papel en la democracia
Para Animal Político, Francisco Antonio Rojas Choza, coordinador del Observatorio Electoral de Strategia Electoral, escribió en enero pasado que la designación de consejeros electorales en México es un acto de gran relevancia, principalmente por la forma en la que el país ha transitado a la democracia. La actual figura del consejero electoral, ha transitado por un desarrollo que busca autonomía e independencia de quienes ostentan dichos encargos, pero sin dejar de lado el profesionalismo.
La principal virtud del procedimiento de designación actual —tras la reforma político electoral de 2014, aclara el portal— es la conformación de un Comité Técnico de Evaluación integrado por siete personajes de reconocido prestigio:
«Dos de ellos seleccionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos -hoy INAI- y tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara», explicó.
No obstante, el comité sólo garantiza que los aspirantes mejor evaluados accedan a la instancia final que la desarrolla la Cámara de Diputados. «Opera a través del sistema de cuotas, donde las principales fuerzas políticas impulsan a los perfiles designados como consejeros electorales», añadió.
Para César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello, autores de «Los árbitros de las elecciones estatales» —del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México—, los consejeros electorales forman parte de un selecto grupo de funcionarios públicos de primer nivel de las entidades federativas y su relevancia adquirida se devela a partir de las siguientes consideraciones:
1.- Su cargo obedece a una verdadera «función pública» que se desempeña a través de un organismo público.
2.- Integran el órgano de mayor relevancia de una institución a la que se le reconoce el status de órgano constitucional autónomo, a la par del resto de los órganos estatales.
3.- Desempeñan un papel de primer orden dentro de la propia democracia estatal, lo cual los erige en piezas clave de la arquitectura institucional de los estados.
4.- Son servidores públicos que no están sujetos a una relación laboral con su respectiva legislatura, no existiendo así elemento de subordinación; independientes y autónomos en el ejercicio de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
5.- Son funcionarios permanentes del Estado, cuya independencia exige estabilidad para «desarrollar sus funciones de forma profesional y sin encontrarse sujetos a cambios políticos».
En efecto, lo que pintan los investigadores es lo ideal, mas no la regla. En opinión de Bernardo Barranco, columnista de Milenio, tanto actores políticos como instituciones electorales han tenido la culpa del decaimiento de la democracia electoral, o la vía de acceso al poder mediante comicios limpios y transparentes.
«Los árbitros han sido percibidos bajo la lupa de la omisión y la sospecha. Muchos analistas y líderes de opinión coinciden que la calidad de las elecciones ha sido baja. Son consideraciones críticas sostienen que hubo un incremento de ilegalidades toleradas por los institutos electorales que propiciaron inequidad», escribió para ese medio, a propósito de las elecciones del pasado 4 de junio.
Consideró un hecho que los árbitros no facilitaron «suelo no parejo», sino que toleraron acciones ilícitas y se mostraron laxos ante incursiones indebidas e ilegales de los gobiernos federal y estatales (hubo elecciones en seis entidades). Los acusó de disimulo ante el exceso de recursos y sobre todo, de violación sistemática al espíritu de la letra de la ley electoral.
Ante todo ello, le parece complejo el panorama para las elecciones de 2018, sobre todo luego que una encuesta revelara la desconfianza ciudadana a niveles pronunciados hacia la clase política y las autoridades electorales, comentó.
Planteó que el deber de preguntarse si las autoridades electorales son vulnerables ante las exigencias de los comicios venideros, y si México atraviesa un retroceso o «involución» en materia electoral.
«Pese a los tiempos de mercados cambiantes, incertidumbres económicas y tiempos líquidos, el rol central del árbitro electoral es otorgar certeza, independencia y autonomía. En una palabra, el árbitro debe contar con credibilidad y confianza social. Su fortaleza otorga certidumbre a los resultados y legitimidad a las nuevas autoridades, elegidas bajo la voluntad popular», admitió.
