Se registraron 398 casos de candidatas y candidatos víctimas de violencia, de los cuales 226 fueron de hombres y 172 mujeres
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- La Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que monitoreó las elecciones del 6 de junio, manifestó su preocupación por la extrema violencia que afecta a la política mexicana, incluyendo la violencia sexista contra las mujeres y los ataques a la prensa.
En el informe preliminar de la Misión, encabezada por Santiago A. Cantón, se destaca que la principal amenaza de este proceso electoral fue la violencia, que se reflejó en el asesinato de candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos, funcionarios públicos, integrantes de los equipos de las campañas, así como de familiares de estas personas.
Sin embargo, destacó, este proceso electoral también evidenció avances significativos en materia de inclusión, con acciones afirmativas y medidas tendientes a garantizar la plena y libre participación política de mujeres, pueblos indígenas y la adopción de medidas de acción afirmativa para personas afromexicanas, con discapacidad, de diversidad sexual y migrantes.
Violencia, una amanera durante el proceso electoral
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre el 4 de marzo y el 21 de mayo se registraron 398 casos de candidatas y candidatos víctimas de violencia, de los cuales 226 fueron de hombres y 172 mujeres. Esta cifra incluye 13 homicidios (aunque esta información no está desagregada por sexo), 101 víctimas de agresiones y 187 víctimas de amenazas.
Además de estos datos, la Misión tuvo conocimiento de información recopilada por consultoras privadas que contabilizaron que, entre septiembre de 2020 y fines de mayo de 2021, ocurrieron al menos 35 asesinatos de aspirantes a las elecciones. Estos asesinatos fueron de 22 personas precandidatas y 13 personas inscritas formalmente como candidatas, de acuerdo con la consultora Etellekt.
También se reportaron homicidios de 14 familiares de candidatas y candidatos, así como de entre 51 y 59 políticos, incluyendo funcionarios y ex funcionarios públicos, dirigentes de partido e integrantes de las campañas.
La Misión consideró que las manifestaciones de violencia no se limitaron a ataques físicos. El equipo de expertos reconoció que las organizaciones feministas integradas en la Observatoria Ciudadana Todas Mx documentaron que durante la etapa preelectoral se registraron más de 85 reportes de comunicación sexista, violenta y excluyente, amenazas y violencia política de género a mujeres en diversas entidades, realizada por medios de comunicación, candidatos, partidos y legisladores.
Los 36 observadores extranjeros de 16 países también recibieron información sobre agresiones contra periodistas, incluyendo asesinato, agresión física, amenazas, estigmatización y desacreditación de periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con el monitoreo de la Red Rompe el Miedo, al 5 de junio se registraron 32 casos de agresiones contra periodistas durante el período electoral.
Por otro lado, aunque el informe no lo menciona, el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 29 agresiones contra mujeres periodistas que cubrieron esta fuente de información, de las cuales 9 ocurrieron el día de los comicios. Los casos se dieron del 8 de enero al 6 de junio de 2021, en 14 estados del país.
Los expertos de la OEA reconocieron la adopción de legislación para combatir la violencia política en razón de género, vigente desde abril de 2020. La aprobación de la reforma legal, señalaron, es un avance clave para sancionar y erradicar esta violencia y es una conquista de los movimientos de mujeres.
También reiteraron que la violencia no cabe en la democracia. Sin embargo, expusieron que a pesar de contar con una legislación sobre violencia política contra las mujeres, han recibido información de que en las instituciones de cada estado se aplican criterios distintos para determinar si existe o no violencia política de género, de forma que actos violentos similares pueden recibir distintas sanciones.
Ante esto recomendaron armonizar las legislaciones estatales y avanzar en la definición de estándares para la identificación, prevención, atención, sanción y reparación en materia de violencia política de género, así como fortalecer las capacidades institucionales de los organismos públicos locales electorales, para lo cual, expusieron, el Estado mexicano puede solicitar el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres.
Paridad, norma de avanzada
La Misión aseguró que México cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados del mundo en materia de derechos políticos de las mujeres e igualdad de género. En 2014 se incorporó a la Constitución Política federal la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales. El nuevo marco jurídico generó un cambio estructural que resultó en un aumento histórico de la representación política de las mujeres en las elecciones de 2018.
Además, este año, por primera vez en la historia del país, la paridad aplicó también a las candidaturas a las gubernaturas de las 15 entidades federativas. Esto se dio después de la reforma a la Constitución Política, vigente desde junio de 2019, conocida como «Paridad en Todo» que, por primera vez en la historia de la región, estableció la paridad en todos los órganos autónomos y poderes del Estado.
El efecto de este marco normativo fue que en el proceso electoral de 2021 se registraron en total 138 mil 830 candidaturas, de las cuales más de 71 mil fueron ocupadas por mujeres.
En este contexto, la Misión reconoció a las legisladoras y funcionarias que desde las instituciones electorales a nivel federal y local, desde los organismos encargados de las políticas de género o desde las redes de mujeres y organizaciones feministas de la sociedad civil lograron un impulso decisivo a la agenda de la paridad y de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.
Entre las agrupaciones civiles que la Misión mencionó estuvo la Observatoria Ciudadana Todas Mx, Auna y la Red de Candidatas Electorales, que han acompañado y asesorado a las candidatas en situación de violencia política. La Misión destacó que tuvo interlocución con algunas de estas agrupaciones, quienes les informaron que las mujeres políticas enfrentan obstáculos para lograr acceso efectivo a la justicia. El equipo de especialistas recomendó implementar programas de formación, asesoría y consultoría jurídica en esta materia.
Por otro lado, las y los observadores llamaron a identificar mecanismos que permitan una aplicación efectiva de la «Declaración 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres», para evitar que personas que violenten mujeres y derechos familiares accedan a las candidaturas y a los cargos de elección. Esta declaración se implementó por primera vez en esta elección y fue impulsada por las mujeres del movimiento feminista.
Además, como señalaron los expertos de la OEA en el proceso electoral de 2018, en estos comicios de nuevo observó que los partidos políticos mexicanos continúan enfrentando importantes retos para democratizar su funcionamiento interno, por ello la Misión recomendó fortalecer los mecanismos de democracia al interior de estas agrupaciones para favorecer la participación de las mujeres, y que, pasada la elección, se evalúe y establezca un marco normativo claro de sanciones.
