En años recientes, Perú se ha convertido en un caso atípico de la política en América Latina, al verse envuelta en sucesivos escándalos de mandatarios y actores políticos de todo el arco ideológico. Crisis, gobernabilidad, inestabilidad, han sumido a la nación andina en la permanente convulsión.
En los últimos cinco años y medio ha tenido cinco presidentes; seis de los nueve mandatarios que gobernaron las últimas 3 décadas, han sido acusados de corrupción y más recientemente, el actual presidente Pedro Castillo, ha nombrado cuatro gabinetes en seis meses desde que asumió el cargo. Como lo reseñé en estas páginas (25/10/19), en el país sudamericano, la inestabilidad institucional es una prenda de la política.
Este lunes inició el juicio contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por presunto financiamiento de tres millones de dólares (mdd) para su campaña electoral por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Al igual que Humala, los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski son investigados por recibir sobornos de la constructora brasileña, el primero habría recibido 30 mdd por la licitación de una carretera y el segundo haber incurrido en tráfico de influencias; la fiscalía también indagaba al exmandatario Alan García que al momento de ser detenido en su domicilio en Lima se disparó en la cabeza.
Odebrecht reconoció sobornos de 29 millones de dólares a altos funcionarios para adjudicarse grandes obras públicas y financiar ilegalmente numerosas campañas, entre ellas la de Keiko Fujimori quien estuvo presa un año acusada de lavado de dinero.
Este juicio viene precedido por la confesión de Marcelo Odebrecht de que su empresa entregó casi 800 millones de dólares en sobornos, para obtener licitaciones de obras públicas a exfuncionarios de 12 gobiernos de América Latina, entre ellos México.
Hoy en día la corrupción presenta diversas facetas: tráfico de influencias, cohecho, extorsión, fraude, evasión fiscal y prevaricación, trascendiendo las fronteras y la efectividad de sanción de los gobiernos por su capacidad de evadir los controles, las regulaciones y las jurisdicciones de los Estados. Por esa misma razón su combate demanda un esfuerzo transnacional y la voluntad política de gobiernos, organismos multilaterales y sociedad para encarar sus nuevas dimensiones.
El FMI y Transparencia Internacional cifran la corrupción entre 4 y 5% del PIB en AL lo que da una dimensión del problema. La diseminación de formas y métodos de corrupción más sofisticados ocurre por la debilidad del Estado de Derecho; llama la atención que los sobornos se hayan entregado sólo a gobiernos de Latinoamérica y África, que presentan instituciones y marcos jurídicos débiles para erradicar estas prácticas.
El juicio en Perú apenas comienza; aún en circunstancias políticas complejas, ese país consiguió integrar una robusta demanda contra exmandatarios y altos funcionarios, que es un ejemplo real de combate a la corrupción para AL por jueces independientes del poder político. El caso puede convertirse en un referente al resto del mundo; son decenas los implicados pero los castigos ejemplares siempre serán una buena señal.
