Ciudadanos de Tuxtla Chico denunciaron que la calle Bravo Oriente fue rehabilitada con recursos del FAISMUN, pero sin rampas de accesibilidad. Además, los sellos en el pavimento llevan el logotipo del Ayuntamiento de Tapachula, lo que evidencia desorden institucional y falta de identidad en la ejecución del proyecto
AquíNoticias Staff
En Tuxtla Chico, una obra pública financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por un monto aproximado de 15 millones de pesos, ha encendido la inconformidad de los habitantes.
La rehabilitación de la calle Bravo Oriente, ejecutada durante la administración del presidente municipal Julio Enrique Gamboa Altuzar, fue entregada sin rampas ni accesos para personas con discapacidad o movilidad limitada, y adultos mayores, pese a tratarse de una obra nueva realizada con dinero público federal destinado a reducir el rezago social.
A ello se suma un detalle que no ha pasado desapercibido entre la población: los sellos marcados en el pavimento llevan el logotipo del Ayuntamiento de Tapachula.
Aunque no se trata de un hecho ilegal, su presencia evidencia desorden administrativo y falta de identidad institucional en una obra que debió reflejar la gestión y transparencia del municipio beneficiado.
Una violación a las leyes de inclusión y accesibilidad
La omisión de rampas accesibles en una obra nueva contraviene diversas normas nacionales e internacionales.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 19 y 20, obliga a todas las autoridades a garantizar entornos físicos accesibles y seguros.
A su vez, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los artículos 41 y 42, establece que toda obra pública debe ejecutarse conforme a normas técnicas de accesibilidad universal.
Los reglamentos municipales de construcción también establecen que toda pavimentación o banqueta nueva debe contar con rampas, señalización podotáctil y medidas de seguridad vial, conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
Posible daño técnico al recurso público
El FAISMUN tiene como objetivo financiar obras con impacto social directo, priorizando a comunidades en situación de vulnerabilidad.
Por ello, la ausencia de elementos de accesibilidad contradice el propósito del fondo, pues una obra que excluye no combate el rezago, lo perpetúa.
La omisión podría traducirse en daño técnico al recurso público, al no cumplir con el fin social para el que fue asignado.
Exhorto a la Auditoría Superior del Estado
Frente a estos hechos, se exhorta a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a revisar la obra ejecutada en la calle Bravo Oriente, verificar el expediente técnico y determinar si el gasto cumplió con los criterios de accesibilidad y atención prioritaria del FAISMUN.
En caso contrario, corresponderá emitir observaciones y sanciones que garanticen que el dinero público no financie obras excluyentes o mal planificadas.
Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) podría intervenir por violación al derecho a la movilidad y a la no discriminación, reconocidos por la Constitución mexicana y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México.
Contexto
El caso de Tuxtla Chico resume una contradicción que se repite en varios municipios: obras nuevas que carecen de accesibilidad y sello propio.
El FAISMUN fue creado para mejorar la vida de quienes viven en rezago social; sin embargo, cuando el dinero público se ejerce sin sensibilidad ni identidad institucional, las calles terminan siendo el reflejo de gobiernos que pavimentan desigualdades en lugar de resolverlas.
