Al cumplirse un año del ordenamiento federal sobre la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas, el gobierno estatal no ha asumido con eficiencia ni compromiso las acciones que garanticen una vida y espacios libres de violencia
Portavoz Staff
[dropcap]A[/dropcap] pesar de haberse creado hace 10 años la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de declararse la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), los feminicidios no cesan. En lo que va del año, la entidad registra un total de 62 mujeres asesinadas.
De dicha cantidad, reconocida por la Fiscalía General del Estado, se especifica que, de enero a octubre, se reportaron 27 feminicidios y 35 muertes dolosas. Esto lo dio a conocer la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, mediante un comunicado de prensa.
Entre sus datos, la campaña destaca que, del 18 de noviembre de 2016 al 13 de noviembre de 2017, las organizaciones civiles han registrado 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados.
Fue el 18 de noviembre del año 2016 cuando el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió la Declaratoria de Violencia de Género para Chiapas.
No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal, el gobierno estatal no ha asumido con eficiencia ni compromiso las acciones que garanticen una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres; y que, además, impulsen la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV.
Dicho estatuto indica: «La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios».
Las denuncias
Ante la irresponsabilidad de las autoridades, la campaña denuncia varios puntos.
En el primero de ellos, exponen el retraso injustificado por parte de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Éstas no han cumplido con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional.
Entre los arreglos se encontraban el procedimiento de investigación; la aplicación de protocolos; medidas de protección; servicios de traducción y la asistencia profesional en la atención al público; canalizar y erradicar vicios frecuentes tales como: el desconocimiento y nula ejecución de normas para la atención de violencia contra las mujeres; corrupción y abuso de los cuerpos policíacos; prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.
Como segunda denuncia, señalaron la ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas, mujeres y el feminicidio reflejan la ola creciente de violencia en Chiapas.
También señalaron la incompetencia del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, al no haber podido convocar ni siquiera a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades indicadas por el organismo federal, para la ejecución de medidas urgentes en la atención de la DAVGM. Asimismo, el desinterés de éstos ante los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.
Como cuarto punto, expusieron que las herramientas y el uso de los recursos destinados a la DAVGM se emplean para promocionar la imagen del gobernador, quien simula prestar atención a las causas de la violencia estructural en el estado, como la pobreza, injusticia y agresiones contra las mujeres; no obstante, aseguran en el comunicado, esto tiene fines electorales.
Aunado a lo anterior, sostienen que los seguidores del partido Verde del gobernador, han expresado que para cumplir con la implementación de dicha declaratoria, se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos.
Otra de las denuncias es en relación a la discriminación a mujeres, racismo y clasismo por parte Velasco; lo que se comprueba a través de mensajes publicitarios machistas y misóginos al expresar «mis mujeres»; esto lo consideran un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios, muchas veces acarreados en nombre de los programas asistenciales y de desarrollo social.
Acusaron también, sobre el desprecio hacia la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y ancianas que las instituciones del gobierno estatal han mostrado; lo cual se hace presente cuando buscan ser atendidas y escuchadas; se vuelven víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.
De igual forma, manifestaron respecto a la constante omisión e invisibilización de la violencia contra mujeres y niñas inmigrantes, refugiadas, con capacidades diferentes, indígenas, así como víctimas del tráfico y trata de personas que en ocurre en Chiapas.
Recordaron uno de los antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, como es el caso del feminicido y genocidio de la Masacre de Acteal.
Además, dicen que aún no hay respuesta ni atención al tema de acceso a la justicia y la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros. No hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género. Esto da como resultado que el estado permanece en el primer lugar de abuso infantil y embarazo en adolescentes.
Por último, la campaña hace un llamado urgente a la sociedad en general para organizarse y que en unión puedan demandar al Estado Mexicano por el incumplimiento, no sólo de la DAVGM, «(…) sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano».
