Toda su familia permanece desplazada forzadamente en otro país y hay un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en el estado de Chihuahua
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- Este día se cumplen 11 años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010 en el estado de Chihuahua. Desde entonces no hay justicia para ella, toda su familia permanece desplazada forzadamente en otro país y hay un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en el estado.
Como cada año, defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la placa colocada en honor a Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, por exigir justicia por el feminicidio de su hija Ruby Marisol Frayre Escobedo, desaparecida y asesinada en 2008.
Días antes del crimen, Marisela sentenció lo que sería su muerte: «si me va a venir este hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente (del Palacio de Gobierno) para vergüenza del gobierno».
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehum), que acompañó la lucha de justicia de Marisela, emitió un comunicado donde afirmó que han pasado pasados once años de impunidad, con toda su familia desplazada forzadamente en otro país y con un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en Chihuahua. «Esta sigue siendo la vergüenza del gobierno, en todos sus niveles», expusieron.
Como Marisela Escobedo, la mayoría de las madres de las víctimas de feminicidio y de las de personas desaparecidas son quienes arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación. Es por esto que las organizaciones recordaron la obligación de los gobiernos, en el ámbito de sus competencias, de garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, lo que implica necesariamente destinar los recursos económicos suficientes para su atención.
En el aniversario luctuoso por este feminicidio, las defensoras demandaron al gobierno realizar una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el crimen de Marisela Escobedo que permanece impune, y exigieron que se haga una investigación eficaz sobre las acciones u omisiones que llevaron a la familia de Marisela Escobedo a solicitar asilo político en otro país.
Demandaron también la adopción de todas la medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en México, tal como lo establecen los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, principalmente el tema de la asignación presupuestal suficiente.
Otra de las exigencias fue que se cumpla de manera puntual la Alerta de Violencia Género, decretada en agosto pasado, y que se incluya la participación de la sociedad civil. También pidieron que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales de protección de Derechos Humanos que presentan una ruta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en Chihuahua y en México.
Exigencia de justicia para su hija Rubí
Marisela tenía 52 años cuando fue asesinada. Hasta sus 48 años, se había dedicado a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su vida los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en nuestro país.
Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, ocurrida en agosto de 2008. Ella se dedicó a recabar evidencias, trabajo por el cual se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien huyó de Chihuahua; Marisela logró ubicarlo y gracias a esto fue detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, ella explicó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua pero el Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.
En segunda instancia se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio Rafael ya no estaba detenido, entonces Marisela comenzó una tenaz lucha para exigir la reaprehensión del asesino de su hija.
Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención, confrontó al gobernador, denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.
El crimen de Marisela y Rubí ocurrió en Chihuahua, la entidad donde en la década de los años 90 se dieron a conocer las primeras desapariciones y asesinatos de mujeres. Juárez fue el municipio donde se contabilizaron más casos, eso provocó que en 1988 la familia de tres víctimas de feminicidio acudieran a pedir justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en 2001, condenó al Estado mexicano por no investigar estos delitos. Este caso, conocido como «Campo Algodonero», sentó las bases para reconocer el feminicidio en México y la región.
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
