Uno de los procesos más importantes en la historia de la democracia mexicana fue la negociación que ocurrió entre los partidos políticos y el poder Ejecutivo federal, representado por el secretario de Gobernación, en 1994. Las negociaciones de Barcelona, llamadas así por haberse efectuado en un inmueble ubicado en esa calle de la colonia Juárez, representaron un paso firme para brindar certidumbre a las elecciones. Era un año convulso.
Lo que se consiguió, producto de la reforma electoral resultado de esas negociaciones, fue la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral. Con un sentido de realidad y de Estado, los participantes en aquellos encuentros –Jorge Carpizo, Carlos Castillo Peraza, Antonio Lozano Gracia, Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate, Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Varelo–, pusieron en marcha la búsqueda de coincidencias para seguir privilegiando la ruta electoral como la única válida para integrar los poderes públicos y la opción institucional para dirimir diferencias.
En este atribulado siglo XXI, como en otrora, el gobierno de la República y el partido mayoritario han anunciado en varias ocasiones que impulsarán modificaciones a las reglas electorales. Aún no se ha dado a conocer la iniciativa o algún borrador –aunque se haya filtrado algún documento al respecto–, pero lo cierto es que su diseño final debe integrar las opiniones de todas las expresiones políticas representadas en el Congreso y no debe ser impuesta sólo por un partido aduciendo el número de votos obtenidos en elecciones pretéritas. Esta reforma debe ser muy bien diseñada y tener un apoyo amplio de oficialistas y opositores, como de sectores socialmente representativos, porque es evidente la confrontación entre la autoridad electoral y el Presidente, y no puede permitirse que la modificación a las reglas del juego vaya en detrimento de la calidad de las instituciones y, menos, de las elecciones. Esta reforma impactará directamente en la gobernabilidad del país de cara a las elecciones de 2024.
El IFE, hoy INE, fue producto de la exigencia de amplias capas de la sociedad por quitarle al gobierno la organización de los procesos electorales y hacerlos confiables. Sacar a la secretaría de Gobernación del proceso electoral era un objetivo de la lucha democrática.
Por eso, hay que destacar la voluntad de encontrarse del poder Ejecutivo que, como en 1994, ha designado al titular de la secretaría de Gobernación, para escuchar, al menos por ahora, a uno de los partidos de oposición: Acción Nacional, en un año en donde, entre otras cosas, se discutirá la modificación del código de elecciones.
Los actores políticos deben ser optimistas porque se ha abierto un conducto formal y directo de comunicación, pero tampoco deben ser ingenuos; seguramente, no lo son. Quienes concurran a ese espacio deben aceptar que nadie va a ganar todo, porque si así fuera qué sentido tiene que se escuchen.
