Las devoluciones en cadena son una gravísima violación a los derechos de las personas migrantes porque limitan su acceso a un procedimiento de asilo, al territorio, a la no devolución y al debido proceso, y van en contra de instrumentos internacionales
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Ante las deportaciones masivas de migrantes, entre ellas embarazadas y menores de edad, más de diez organizaciones de Derechos Humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estas acciones son una violación grave a los Derechos Humanos y demandaron que solicite a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala, información al respecto.
Detallaron en un comunicado que desde la llegada de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos convocó al «Título 42» (una ley de salud pública para prohibir el ingreso del país de personas sin documentación migratoria adecuada y permitir la expulsión inmediata a quien entró de manera irregular al país) para expulsar a personas migrantes sin respetar sus Derechos Humanos, lo que puso en mayor riesgo su vida y los dejó en un situación de vulnerabilidad.
Explicaron que desde entonces se han registrado vuelos provenientes de Estados Unidos al sur de México con personas migrantes que necesitan protección, las cuales son trasladadas por agentes migratorios mexicanos en camiones hasta Tapachula, Chiapas, Villahermosa, Tabasco y obligadas a cruzar a pie a Guatemala sin notificar a su respectivos consulados.
En Guatemala, señalaron, las personas son abandonadas en condiciones precarias y sin ningún tipo de asistencia humanitaria, por lo que enfrentan grandes peligros hacia su integridad. «Esta práctica, denunciada por organizaciones de sociedad civil y por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), carece de cualquier apariencia de legalidad y se fundamenta abiertamente en una cruel política de disuasión a personas migrantes», dijeron.
Resaltaron que las devoluciones en cadena son una gravísima violación a los derechos de las personas migrantes porque limitan su acceso a un procedimiento de asilo, al territorio, a la no devolución y al debido proceso, y van en contra de instrumentos internacionales, por ello el 16 de septiembre, un juez del Distrito de Columbia suspendió temporalmente la expulsión de familias migrantes con niños y niñas bajo el «Título 42», sin embargo, la administración de Joe Biden se puso en contra, apeló la decisión y detuvo que ésta entrara en vigor.
Ante ello, demandaron que la CIDH solicite a los gobiernos estadounidense, mexicano y guatemalteco, información sobre estas devoluciones en cadena; qué protocolos están implementado para garantizar los derechos de las personas migrantes que son expulsadas bajo esta práctica; y estadísticas desagregadas acerca de las personas expulsadas (edad, género, condición de vulnerabilidad, nacionalidad, fecha de expulsión y puntos aéreos).
Algunas de las organizaciones firmantes son: la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica RJM CANA; el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi); la Fundación Cristosal, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Piscosocial ECAP, entre otras.
Por su parte, la organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch declaró que agentes migratorios mexicanos y elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados en el sur de México para dispersar de manera violenta a las familias migrantes. Estas acciones, dijo, han sido documentadas por personas defensoras y periodistas que acompañan a estas caravanas.
Recalcó que las y los periodistas aseguraron que las autoridades mexicanas han separado a familias, pateado y golpeado a personas migrantes, irrumpido por la fuerza en viviendas particulares para perseguir a las y los migrantes. Esto es resultado de que el gobierno de Estados Unidos ha presionado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que ponga en marcha una «política de contención» centrada en mantener a los migrantes alejados de territorio estadounidense.
«Los recientes hechos de violencia son una consecuencia extrema de la nefasta estrategia migratoria que México está implementando a instancia de Estados Unidos. En el largo plazo, ambos países necesitarán un nuevo enfoque en materia migratoria basado en el respeto de los Derechos Humanos. En el corto plazo, López Obrador debe cerciorarse de que los agentes que cometieron estos abusos respondan por sus acciones», finalizó Human Rights Watch
