México ha avanzado en la aprobación de cambios legales y la adopción de políticas de género para los congresos, es fundamental evaluar su aplicación práctica y no sólo la existencia de dichas políticas en el papel
Anayeli García Martínez
Ciudad de México.- El colectivo Desde Mujeres, el Observatorio Legislativo del ITESO y Transparencia Mexicana, anunciaron que revisarán el impacto de las propuestas legislativas aprobadas en la Cámara de Diputados, el Senado y los 32 congresos locales con el objetivo de evaluar el efecto de las políticas públicas y las leyes en la vida de mujeres y hombres.
Las organizaciones anunciaron que es necesario hacer esta evaluación ya que desde 2018, México cuenta con el primer Congreso de la Unión que se acerca a la paridad de género. Como muestra, en 2018 la Cámara de Diputados estaba compuesta por 241 son mujeres, es decir, 48 por ciento, y el Senado por 63 mujeres, equivalente a 49 por ciento. Además, desde septiembre de 2021 la Cámara baja se integra de forma paritaria con 250 mujeres y 250 hombres.
Significa que desde hace tres años las mujeres han conseguido más presencia en las legislaturas, a nivel federal y local, y aunque el objetivo de este proyecto no es medir el rendimiento de las legisladoras, sino el desempeño de los Congresos en materia de género, las agrupaciones consideraron que es hora de evaluar el impacto de las leyes en la vida de mujeres y hombres.
La coordinadora del colectivo Desde Mujeres, Claudia Ramírez Ramos, expuso en entrevista que revisarán si a la hora de legislar los congresos hacen un análisis para ver las necesidades de las y los mexicanos y responder a la disminución de las brechas de desigualdad. A su vez, la integrante de Transparencia Mexicana, Lucía Petersen, destacó que la paridad de género en los congresos es un avance, pero eso no es suficiente para reducir las brechas y desigualdades entre mujeres y hombres.
En México, a partir de 2006, comenzaron a proliferar las legislaciones enfocadas en garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras, a las que se han sumado diversas reformas legislativas.
Sin embargo, hay otras normas que impactan particularmente en la vida de las mujeres, mencionó Ramírez Ramos. Entre ellas, la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual, aprobada en octubre en el Congreso de la Unión, una reforma que hará que las mujeres gasten menos dinero al comprar algunos de estos productos, por tanto es una reforma de justicia fiscal.
Otra ley que también tiene un efecto para las mexicanas es la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017, ya que las mujeres son las principales buscadoras de sus familiares desaparecidas y son quienes hacen las denuncias, por ello -dijo la experta- las instituciones deben tomar en cuenta estas diferencias.
En algunas ocasiones agrupaciones de la sociedad civil han señalado que México cuenta con una legislación de avanzada en diversos rubros como toma de decisiones o prevención de la violencia y la discriminación, pero también han criticado que la expedición de normas no es la única vía para mejorar la vida de las mujeres. Al respecto, Ramírez Ramos detalló: «el papel no lo dice todo, pero sin papel no puedes hacer nada».
«Si bien es importante ir desarrollando una implementación correcta de las políticas públicas y concientizando al sector y al servicio público (sobre la importancia de la perspectiva de género), sin leyes no puedes avanzar, no puedes desarrollar un inicio que obligue o genere el impacto verdadero en estas políticas públicas», destacó.
En tanto, Lucía Petersen destacó que a las organizaciones les interesa el impacto que tienen las leyes, no sólo las que presentan legisladoras o las que atienden reclamos justos de las mujeres en la vida del 51 por ciento de la población del país.
Como parte de esta evaluación, las tres organizaciones desarrollarán metodologías e instrumentos de evaluación para identificar si los Congresos están avanzando en la adopción y cumplimiento de políticas de género, y evaluarán el impacto jurídico, social y económico de las iniciativas y leyes aprobadas.
Las expertas indicaron que las metodologías y los indicadores se han enfocado en analizar la existencia o inexistencia de políticas y programas, pero muy pocas evaluaciones se refieren a su cumplimiento e impacto. «Es necesario un cambio de paradigma en la evaluación de los congresos y este es un paso en ese sentido», destacaron.
En un comunicado reiteraron que aunque México ha avanzado en la aprobación de cambios legales y la adopción de políticas de género para los congresos, «es fundamental evaluar su aplicación práctica y no sólo la existencia de dichas políticas en el papel».
