Periódicamente se publican informes y reportes sobre el estado y los avances de la corrupción en México. Transparencia Internacional, la OCDE y el World Justice Project son algunos organismos internacionales que dan cuenta de los esfuerzos y los rankings que coinciden que México tiene mucho por avanzar.
Recientemente, el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas presentó el Informe sobre el Combate a la Corrupción que no revisa propiamente la situación que guarda el fenómeno, más bien analiza los instrumentos jurídicos y administrativos diseñados en los últimos años para combatirla desde sus causas.
El estudio, de connotados investigadores es pionero e innovador porque revisa a través de datos, cifras y diversas normas, las condiciones que generan un escenario proclive a la existencia de actos de corrupción. Parte de una hipótesis que a su vez es hilo conductor de la obra: la corrupción es en buena medida consecuencia de la captura de presupuestos, puestos y decisiones públicas por grupos políticos o económicos (o de ambos, coludidos en redes), que desvían al Estado de sus propósitos fundamentales.
Es de coincidir que nuestro país cuenta con un marco legal robusto e integral, sobre todo construido en los últimos años, dirigido a combatir la corrupción, sin embargo, concluyen que su implementación ha fracasado. Una de las razones que se esgrimen es que ese fenómeno puede y debe combatirse desde sus causas y no sólo cuando sus efectos ya se han consumado. La estrategia se constriñe a castigar a individuos corruptos, sin tomar en cuenta las prácticas, los espacios y las oportunidades que tuvieron para incrementar su poder o su riqueza.
El 18 de julio se cumplen seis años de la publicación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (4 nuevas leyes y modificación de 3) para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, lo que significó un salto cualitativo en la génesis de la legislación en la materia.
Organismos como la OCDE estiman que el costo de la corrupción equivale al 9% del PIB en México, una cifra preocupante que llama a la acción conjunta.
Contrarrestar una sociedad desigual e inequitativa demanda gobiernos abiertos, transparentes y un correcto ejercicio de los recursos públicos de las personas servidoras públicas y la participación activa de la población. Nuestros esfuerzos individuales y sociales son importantes; también lo es, como ya he comentado en otras ocasiones, acabar con la impunidad que es el perfecto caldo de cultivo para la corrupción.
