Presuntamente a raíz del cambio gubernamental federal, el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor en Tapachula volvió a cerrar sus puertas, generando incertidumbre. Apenas en febrero había sido reabierto al público
Aquínoticias Staff
El reciente cierre del módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tapachula ha causado una ola de preocupación entre los habitantes de esta ciudad y la región Soconusco, quienes dependen de este servicio para denunciar prácticas abusivas de comercios locales. La clausura de las oficinas, que habían operado desde febrero de 2024, fue parte de un cambio de administración que dejó desprotegida a una de las zonas comerciales más activas de Chiapas.
Jesús Rodríguez, un ciudadano que intentó interponer una queja en el módulo cerrado, expresó su frustración: “Es lamentable que solo unos meses haya durado el gusto de tener un módulo de la Profeco, y ahora estamos desprotegidos nuevamente”. Para muchos, la falta de un aviso o número alternativo para continuar sus gestiones deja a los consumidores sin un recurso accesible para hacer valer sus derechos.
El cierre de la Profeco en Tapachula no es un caso aislado. Según cifras de la propia Profeco, en 2023 la entidad registró un incremento del 17% en denuncias de abuso en la región Soconusco, reflejando la necesidad de una presencia sólida en áreas alejadas de las grandes ciudades. “La región sur, especialmente Tapachula, necesita un organismo regulador que esté a la altura de la demanda ciudadana en una zona económicamente activa”, asegura el analista económico Jorge Montiel.
Desde que la Cuarta Transformación asumió el poder, la Profeco ha enfrentado varios recortes y cierres de oficinas en zonas de alta vulnerabilidad, incluyendo Chiapas. Montiel argumenta que, sin estos módulos, la carga de resolver disputas comerciales se vuelve más onerosa para los consumidores. “Cerrar estas oficinas es una carga económica y emocional para los ciudadanos que, en muchos casos, deben viajar hasta 400 kilómetros a Tuxtla Gutiérrez para ser atendidos”, añadió.
El impacto de esta decisión también se refleja en la opinión pública de Tapachula, donde muchos ciudadanos sienten que su región no recibe la atención debida del gobierno federal. Para la socióloga Laura Pérez, especialista en políticas públicas, la retirada de Profeco es “un reflejo de una política centralizada que no considera las necesidades de las regiones fronterizas, a pesar de ser zonas productivas y comercialmente activas”.
A medida que se aproximan tiempos electorales, el abandono de servicios básicos en áreas rurales y periféricas se vuelve un tema políticamente sensible. La región de la frontera sur, con su mezcla de población local y migrante, representa un espacio de alta movilidad económica, por lo que la falta de servicios de protección al consumidor se traduce en una vulnerabilidad estructural que afecta tanto la economía local como la estabilidad social.
Con información de Diario del Sur
