Por las corruptelas que mantienen en focos rojos al sistema de agua potable y saneamiento de la capital, el excandidato a la alcaldía tuxtleca actuó de manera independiente y por la vía penal; de no obtener respuesta, advirtió, el siguiente paso será hacerlo con organismos ambientales internacionales para garantizar el derecho humano al agua de todos los tuxtlecos
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]nte el elevado número de denuncias ciudadanas en materia de fugas de aguas negras y agua, cobros excesivos, obras inconclusas y falta de saneamiento, en la capital chiapaneca, diversos organismos de la sociedad civil se han organizado para vigilar el funcionamiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) y el trabajo de las autoridades capitalinas.
En este sentido, el excandidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, anunció este martes 8 de agosto que de manera independiente interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una demanda por la corrupción en el SMAPA y la contaminación que ha ocasionado.
En conferencia de prensa señaló que son más de 4 millones 800 mil pesos los que mensualmente roba el sistema y detalló que son dos pesos los que cada ciudadano paga por saneamiento y 38 pesos por alcantarillado; sin embargo, ninguno de los servicios funciona óptimamente.
Dijo, que ha optado por la vía penal debido a que las denuncias públicas no han servido de nada y advirtió que de no proceder, optará por la vía internacional y contactará a organismos ambientales para poner fin a las corruptelas que las autoridades a cargo han hecho con el derecho humano al agua del que debería gozar toda la población.
«Somos alrededor de 120 mil usuarios los afectados, el descaro es evidente ni trabajan y roban de manera cínica, el dinero se está desviando para otros fines, por eso insisto en que la voz que debe ser escuchada no es la de los políticos sino la de los ciudadanos».
Aseguró que personalmente se dedicó a comprobar que las plantas tratadoras de agua de la ciudad no están funcionando; respecto a la planta Tuchtlán, que fue inaugurada el 30 de mayo de 2014 y que tuvo una inversión aproximada a los 600 millones de pesos, aseguró que está inconclusa.
«Las corruptelas están contaminando el río Sabinal y el río Grijalva, están terminando con nuestros ríos y afectando el turismo, con todo esto nos queda claro que estamos gobernados por jóvenes con ideas cortas pero con uñas muy largas».
Organismos ambientales estiman que el 80 por ciento de las descargas de aguas residuales se van hacia los ríos y arroyos, arrastrando sustancias tóxicas de los mismos agroquímicos que son entregados por el gobierno a través de programas para el campo y de las actividades extractivas como la minería, de ahí que hagan un llamado para cambiar esquemas y prácticas que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana.
Con el fin de evitar que la corrupción progrese y formar una ciudadanía más participativa, activistas han señalado que en breve se integrará un Tribunal Ciudadano del Agua; sin embargo, Paco Rojas aseguró que no se sumará a estos movimientos ya que su color, podría contaminar iniciativas que son netamente ciudadanas.
No obstante las exhortó a continuar con los movimientos que contribuyan al mejoramiento del servicio y reiteró que se mantendrá vigilando de manera independiente para que la corrupción no continúe afectando los derechos humanos de las y los tuxtlecos.
«Tenemos el gobierno que queremos, la apatía de la ciudadanía por participar y ver por el bienestar del municipio, del estado y del país debe parar, solo exigiendo obtendremos resultados».
Que se informe, responde castellanos
Por su parte, Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez dijo en entrevista que Paco Rojas debería visitar las plantas, informarse y dejar de estar desinformando a la ciudadanía.
Aseguró que las plantas de tratamiento de aguas residuales sí están trabajando y dio a conocer que recientemente el ayuntamiento logró rescindir el contrato de operación y tratamiento de las plantas.
«Esto va a generar un ahorro de más de 7 millones, con mucho orgullo anuncio que con la revocación del contrato el ayuntamiento solo pagará 3 millones aproximadamente».
Dijo que las plantas están operando de manera normal y no como Toledo Rojas asegura, «debe ir a visitarlas, no debe dar información falsa o sin sustento».
Toledo Rojas, en respuesta, señaló que no espera más de Castellanos Cal y Mayor, pues fue es un alcalde impuesto por el gobierno de Manuel Velasco.
«Si tuviéramos un gobernante que el pueblo puso en el puesto entonces tendríamos un gobernante comprometido con su pueblo pero es evidente que el actual tiene compromisos políticos con el mandatario estatal», finalizó.
